La denuncia por intento de asesinato a Daniel Noboa, explicada

A las 11 de la mañana del 7 de octubre de 2025,  la caravana del presidente Daniel Noboa avanzaba por la vía a Sigsihuayco, en el sector de El Tambo, provincia andina de Cañar, al sur del Ecuador.  De pronto, un grupo de alrededor de 500 manifestantes, que protestaban contra la eliminación del subsidio a los combustibles, se abalanzó sobre el convoy, de al menos seis vehículos blindados.

“¡Cuidado, cójanse fuerte!”, gritó un hombre desde uno de los autos. “¡Agache la cabeza, agache la cabeza!”, añadió otro con desesperación. Enseguida se escucharon los impactos de piedras y palos contra las ventanas y parabrisas, protegidos con láminas de seguridad. Los vidrios se resquebrajaron, pero no cedieron. 

La caravana logró esquivar los bloques de cemento que obstruían parte de la vía, y continuó su trayecto, dejando atrás a los manifestantes enfurecidos.

El video del ataque fue difundido por la cuenta oficial de la Presidencia de la República.

El presidente Noboa iba a Sigsihuayco para anunciar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, con una inversión de 4,5 millones de dólares, que beneficiaría a 26 mil habitantes de la zona. También tenía previsto entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco, valorado en 8,91 millones de dólares.

El ataque ocurre 16 días después de que empezara el paro liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con el que insisten que el gobierno siga subsidiando el diésel, entre otras exigencias.

Horas más tarde, la ministra de Ambiente y Minas, Inés Manzano, fue a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para presentar una denuncia por intento de asesinato contra el Presidente. Dijo, además, que cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron detenidas y que serán procesadas por terrorismo y tentativa de asesinato. Un día después fueron libertados.

Te explicamos más. 

¿Es terrorismo e intento de asesinato? 

La mañana del ataque, la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC) —una organización comunitaria indígena que se unió al paro— había convocado una marcha para protestar contra la visita del gobierno a la provincia.

Según información policial a la que accedió GK, mientras el presidente Daniel Noboa era trasladado desde el estadio municipal de El Tambo hasta la parroquia de Sigsihuayco, un grupo de manifestantes bloqueó la vía con piedras y bloques de cemento en el sector de Coyoctor.

La Policía usó gas lacrimógeno para despejar el camino, lo que derivó en un enfrentamiento entre uniformados y manifestantes. Durante ese operativo, los policías detuvieron a las cinco personas, quienes enfrentarán una audiencia de flagrancia este 8 de octubre.

“Cinco compañeros del pueblo cañari fueron detenidos injustamente durante la manifestación en Tambo”, dice la página oficial de UPCCC. Yaku Pérez, abogado defensor de los detenidos, señala que los detenidos están “afligidos y golpeados”, y que fueron llevados desde Cañar hasta Cuenca, en la provincia de Azuay, a 63 kilómetros. Ellos son: 

• Franklin Pichizaca Pomavilla – 38 años
•  Jaime Arcibiades Guamán Guaraca
• María Ana Chimbo Quinde – 27 años
• Luis Humberto Yupa Guamán – 26 años
• José Guamán Chuma – 60 años

Según Pérez, “ninguno de ellos estuvo en la protesta. Solamente se les confundió, porque una persona estuvo pasando en su vehículo, otro es un profesional que enseña instrumentos”, aunque no precisó de quiénes se trata.  

La ministra Manzano dijo que los cinco detenidos serían procesados por terrorismo e intento de asesinato al Presidente. 

Dos abogados penalistas, consultados por GK, coinciden en que el delito de terrorismo solo se produce cuando hay un grupo armado que busca causar miedo generalizado y alterar el orden del país. 

El abogado penalista Leonel Córdova explica que si no existen los elementos, los hechos podrían investigarse como tentativa de asesinato, cuya pena es de diez a trece años de prisión. Por terrorismo es de 19 a 22 años de prisión.

Pero Xavier Andrade, también abogado penalista y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, cree que en este caso no se evidencian actos encaminados a causar la muerte ni una intención de infundir terror, por lo que considera que podrían tratarse de delitos como daños a bienes públicos, sancionados con hasta trece años de cárcel, o rebelión, que contempla penas de cinco a siete años.

La Fiscalía General del Estado descartó procesar a los cinco detenidos por delitos como terrorismo o intento de asesinato. La fiscal Martha Villamarín pidió a la jueza Érika Álvarez que se legalice su detención y se formulen cargos por ataque o resistencia y daño a bien ajeno, delitos que, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, contemplan penas de hasta dos y tres años de prisión, respectivamente.

Pero el gobierno mantiene la narrativa. «El nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo», contra Noboa, dijo el 8 de octubre el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en entrevista con la televisora Teleamazonas. 

Por su parte, la Conaie dice que el vehículo del presidente ingresó a una “zona de resistencia”, donde fue apedreado por manifestantes. En un comunicado, la organización afirmó que “este suceso, lejos de ser un accidente, constituye una provocación del gobierno”.

Los cinco detenidos quedaron en libertad

Al mediodía del 8 de octubre de 2025, empezó la audiencia de flagrancia contra los cinco detenidos como sospechosos del ataque en la Unidad Multicompetente de El Tambo. 

La Fiscalía dijo que los detenidos habrían cometido el delito de ataque o resistencia, que ocurre cuando una persona o grupo agrede o se opone con violencia a empleados públicos o agentes de la fuerza pública. No fueron acusados de intento de asesinato ni de terrorismo, como pretendía inicialmente el gobierno.

Durante la primera parte de la audiencia, la jueza Érika Álvarez declaró ilegal la detención, al considerar que se vulneró el debido proceso: los sospechosos permanecieron incomunicados y no se les informó sobre sus derechos al momento de su detención. Ante esa decisión, la Fiscalía no formuló cargos y los cinco detenidos recuperaron la libertad.

La resolución generó una reacción inmediata del ministro del Interior, John Reimberg, quien calificó la decisión judicial como una “traición por parte de la justicia”.

“Lo que está pasando, y que no es nada nuevo, es la traición por parte de la justicia y la irresponsabilidad en la toma de decisiones, que están favoreciendo a la delincuencia. Lo que se cometió fue un acto de violencia, un atentado contra el presidente”, apuntó Reimberg en una entrevista con la radio FM Mundo la noche del miércoles 8, 

Para el ministro, la declaratoria de ilegalidad no afecta la posición del gobierno sobre los hechos ocurridos en la caravana presidencial. Dijo que los videos del ataque “son claros y demuestran la agresión” contra el presidente Noboa.

Por su parte, la Conaie dijo que “su liberación representa un paso importante frente a la criminalización de la protesta social”.

¿El carro del Presidente fue baleado? 

La Conaie cuestionó las medidas de seguridad del presidente en un comunicado, publicado el 7 de octubre, en el que planteó varias interrogantes: “¿Se evaluó el riesgo de ingresar a una zona en movilización? ¿No existe un equipo de avanzada encargado de analizar los riesgos antes de cada desplazamiento presidencial?”. 

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo el 8 de octubre de 2025, en una entrevista con la estación televisiva Ecuavisa, que la Casa Militar —que es la encargada de la seguridad del Presidente— empezó una investigación para saber si hubo irresponsabilidad o negligencia en el traslado del presidente Noboa en Cañar. 

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia dijo que el vehículo en el que se trasladaba Noboa “está bajo análisis de Criminalística”. En una fotografía difundida por la Presidencia se observan impactos de piedras en el auto, y según Manzano, también habría impactos de bala, aunque no presentó pruebas. 

Sin embargo, según diario El Mercurio de Cuenca, basado en un informe policial, no se encontraron rastro de impactos producidos por armas de fuego. El reporte aclara que tampoco se hallaron “indicios químicos” que evidencien el uso de explosivos o sustancias similares. GK consultó con la Policía sobre la veracidad de ese informe, pero no han respondido. 

Además, el Ejército dijo que tres miembros del Servicio de Protección Presidencial (SPP) fueron heridos tras ser atacados con piedras.  Fueron llevados al Hospital Militar de la III División de Ejército “Tarqui”, en Cuenca, donde reciben atención médica especializada. 

Según el parte médico oficial, tres personas resultaron heridas. La primera sufrió un fuerte golpe en la parte derecha de la cabeza y una herida de ocho centímetros, que fue cerrada con ocho puntos de sutura. El segundo paciente recibió un golpe en el lado izquierdo del pecho, lo que le provoca dolor y dificultad para respirar; los médicos sospechan una posible fractura de costilla, por lo que continúa en observación. El tercer paciente tuvo un golpe en la parte posterior e izquierda de la cabeza, además de lesiones en el hombro y en la parte frontal del pecho, y también permanece bajo observación médica.

Gobiernos de la región reaccionaron

El ataque a la caravana presidencial de Daniel Noboa provocó reacciones de distintos gobiernos y organismos internacionales. 

Desde Panamá, la Cancillería fue una de las primeras en pronunciarse. Condenó el ataque y pidió “respeto al orden democrático y constitucional”, además de instar a que las diferencias políticas se resuelvan “de forma pacífica y dialogada”.

En Perú, el gobierno de Dina Boluarte rechazó lo ocurrido y expresó su solidaridad con Ecuador. El primer ministro, Eduardo Arana, dijo que “el fragor de la política no puede llegar a extremos como el que hoy estamos viendo” y advirtió sobre el aumento de la violencia política en la región.

La Embajada de Honduras en Quito habló de una “tentativa de asesinato” contra Daniel Noboa y pidió el “pronto esclarecimiento de los hechos”. También llamó a mantener el respeto a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho. En esa misma línea, la Cancillería de Costa Rica rechazó “cualquier acto de violencia que atente contra la democracia y la paz en la región”.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió cautela antes de calificar el incidente como atentado. Explicó que, según los primeros reportes, se trató de pedradas contra el vehículo presidencial y no de un ataque armado, aunque insistió en que cualquier manifestación debe ser pacífica.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, condenó “enérgicamente” el ataque y lo consideró una amenaza a la estabilidad democrática. En la misma línea, Brasil expresó su preocupación por los episodios de violencia por el paro nacional y reiteró su respaldo al gobierno en la búsqueda de soluciones pacíficas.

Estados Unidos también reaccionó al ataque. A través del Bureau of Western Hemisphere Affairs —la oficina del Departamento de Estado para América Latina— el gobierno estadounidense condenó el ataque contra la caravana del presidente Daniel Noboa y expresó su respaldo a Ecuador mientras avanzan las investigaciones. 

En un mensaje publicado en X, dijo: “Nos solidarizamos con Ecuador mientras las autoridades investigan y garantizan la rendición de cuentas, y nos oponemos a toda forma de violencia política”.

Fuera de la región, las embajadas del Reino Unido y Canadá rechazaron la violencia política y pidieron desescalar el conflicto mediante el diálogo. Desde China, su embajada calificó lo ocurrido como “inaceptable” y expresó su deseo de que Ecuador recupere pronto la paz y la estabilidad.