El estado de excepción de septiembre de 2025, explicado

El 16 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. La razón, según el decreto 134, es una “grave conmoción interna” provocada por las paralizaciones de transporte y los cierres viales tras la eliminación del subsidio al diésel.

Cuatro días antes, el 12 de septiembre, tras semanas de tensiones con gremios, agricultores, productores y otros sectores sociales, el gobierno dispuso la eliminación del subsidio a este combustible, principalmente usado por el transporte pesado, camiones y camionetas de trabajo. 

Hasta entonces, el galón de diésel costaba 1,79 dólares. Con la medida pasó a 2,80 dólares.

La reacción fue rechazada de inmediato. Los gremios de transportistas convocaron a una paralización del servicio en el país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que históricamente se ha opuesto a la eliminación de subsidios en Ecuador, publicó un comunicado el 12 de septiembre que decía que activará “todos sus mecanismos organizativos legítimos para enfrentar este nuevo paquetazo de Daniel Noboa”. 

Sin embargo, el 14 de septiembre los transportistas resolvieron suspender la paralización de manera “temporal”. “Vamos a crear mesas de trabajo que van a demostrar el impacto”, explicó Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte de Quito.

Pese al anuncio de suspensión de las protestas, el 15 de septiembre hubo cierres viales en varias zonas del país. Ciudadanos y transportistas colocaron piedras y llantas en vías como la Panamericana Norte, que conecta a Quito con las provincias andinas del norte del país.

El decreto dice que esas paralizaciones han “alterado el orden público” y han provocado “situaciones de violencia que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.

Para el gobierno, estos hechos requieren una “intervención excepcional de las instituciones del Estado”, es decir, de las Fuerzas Armadas y la Policía con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana, garantizar derechos y restablecer el orden público y la paz social.

Entre las medidas adoptadas por Noboa está la “suspensión del derecho a la libertad de reunión” en las siete provincias. Esto implica que, durante las 24 horas del día, estarán prohibidas las aglomeraciones en espacios públicos cuyo objetivo sea paralizar los servicios públicos.

En esos casos, militares y policías podrán impedir y desarticular reuniones que, de acuerdo con el decreto, representen una amenaza a la seguridad ciudadana.

Te explicamos más sobre este nuevo estado de excepción y las disposiciones: 

• Suspensión del derecho a la libertad de reunión
• La declaratoria estará vigente durante 60 días. 
• Militares y policías se podrán movilizar para impedir paralizaciones. 
• Se aplicará en siete provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.

¿Por qué dice que hay una grave conmoción interna?

El nuevo decreto de Noboa durará 60 días. Es decir, hasta el 14 de noviembre,  salvo que la Corte Constitucional determine que el decreto no cumple con los estándares constitucionales y lo suspenda. 

La justificación de este decreto está en las reacciones ciudadanas —sobre todo de transportistas— frente a las reformas al Reglamento de Regulación de Precios de los Derivados de Hidrocarburos, que elimina el subsidio al diésel. Para justificar que hay una grave conmoción interna en el país, el decreto adjunta información de plataformas de contenido sobre los cierres de vías en las siete provincias. 

Por ejemplo, el 14 de septiembre de 2025, en la provincia de Imbabura, la vía Panamericana E35 fue cerrada por la quema de llantas y paralización, reportó Primera Zona. 

El 15 de septiembre de 2025, en cambio, 20 choferes de camiones —transportistas independientes— bloquearon la vía Alóag en la provincia de Santo Domingo, reportó Tiempo Real.  

Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dijo que las avenidas Panamericana Norte y Simón Bolívar, en el norte de Quito, estaban cerradas totalmente por “manifestación social”.

En la provincia fronteriza de Carchi, transportistas cerraron cuatro vías por manifestaciones, reportó La Posta. En la  parroquia Julio Andrade, en Tulcán, la capital de Carchi, la plataforma digital Inmediato reportó enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares. 

También —como justificación— el gobierno adjuntó un informe enviado por el  Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y otro por la Policía Nacional. Estos detallan las manifestaciones y cierres viales a nivel nacional por la eliminación del subsidio al diésel.

Por estas noticias e informes, el decreto de Noboa dice que en las siete provincias “hubo mayor concentración de obstaculización de vías principales”. Lo que se busca, según el decreto, es “detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias”. 

Este es el tercer estado de excepción de 2025. 

El primero, Noboa lo decretó en enero por el mismo motivo “grave conmoción interna”. Ese decreto fue extendido por treinta días el 3 de marzo. El segundo estado de excepción de 2025 fue extendido por treinta días el 10 de junio. Es decir, duró hasta el 10 de julio. 

La Corte Constitucional dio de baja otros estados de excepción dictados por Noboa entre 2024 y 2025, total y parcialmente, aunque también ha admitido otros. 

“Hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional ya advirtió al presidente de la República sobre el uso abusivo y discrecional de los estados de excepción”, dijo Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sobre el pronunciamiento de la Corte al estado de excepción de Noboa del 2 de julio de 2024.

Movilización de militares y policías 

El gobierno de Noboa dispuso que militares, policías e instituciones del Ejecutivo trabajen juntos para “prevenir acontecimientos de violencia”, así como proteger la vida e integridad física de la ciudadanía. 

El decreto también dice que las Fuerzas Armadas y su participación para reestablecer el orden público será complementaria a las acciones de la Policía que será la encargada de “reforzar el control interno”. 

Pero estas atribuciones, según el decreto, no implica la restricción de manifestarse “siempre que sea pacíficamente y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”. 

La Fuerzas Armadas y Policía pueden impedir o desarticular esas reuniones si generan riesgos. Pero deben actuar con proporcionalidad, necesidad y respeto a los demás derechos, señala el decreto. 

Sin embargo, un día antes de la publicación del decreto, la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, dijo en una rueda de prensa desde Latacunga, donde está la sede temporal de la Presidencia, que “no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el gobierno tendría que terminar cediendo, la decisión está tomada”. 

Jaramillo también defendió que la eliminación del subsidio al diésel “no es un paquetazo”, como lo calificó la Conaie y dijo que no hay intenciones de dialogar con esta organización. “No se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país y con esto generar pérdidas a quienes más necesitan trabajar”, dijo Jaramillo. 

¿Se suspende la marcha por el agua? 

El nuevo decreto de Noboa fue cuestionado por organizaciones y defensores de derechos humanos, quienes criticaron que la medida coincidiera con la fecha prevista para la “Marcha por el Agua”, prevista para el 16 de septiembre de 2025 en Cuenca.

La movilización fue convocada el 24 de agosto por el Cabildo por el Agua para rechazar el proyecto minero Loma Larga, en la provincia andina de Azuay —a la que ahora aplica el estado de excepción. 

Loma Larga es una mina subterránea a gran escala, con una inversión estimada de 419 millones de dólares y a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals. Sus concesiones rodean el Área Nacional de Recreación Quimsacocha. La compañía proyecta una vida útil de 12 años, con reservas estimadas en 926.000 onzas de oro, además de plata y cobre.

El proyecto ha generado rechazo. La empresa Agua Potable de Cuenca advirtió en un informe que la explotación “no es viable” ya que los ríos Irquis, Portete, Tarqui y Yanuncay, que nacen en los páramos de Quimsacocha, abastecen de agua potable y de riego a la ciudad. 

Pese a que Loma Larga ya contaba con licencias estatales, el Ministerio de Energía y Minas suspendió el proyecto el 6 de agosto, hasta que se difunda el plan ambiental.

El 12 de septiembre, Noboa anunció su intención de frenar el proyecto, pero señaló que la responsabilidad por eventuales demandas o arbitrajes recaerá en los gobiernos locales: el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay. 

 “Yo no voy a seguir con este proyecto, es más, por eso está el comunicado oficial. Municipio y Prefectura, háganse cargo. Pero si el día de mañana tienen que ir a la corte de Londres, a pelearse con Dundee, tienen que ir y sustentar sus informes”, dijo en una entrevista radial en La Suprema Estación de Cuenca.

La Presidencia publicó un comunicado solicitando a las autoridades locales emitir informes sobre los posibles riesgos del proyecto.

El abogado constitucionalista Damián Armijos pidió a la Corte Constitucional que analice el decreto y dicte una medida cautelar para suspender el artículo del decreto que restringe el derecho a la libertad de reunión, en defensa del páramo de Quimsacocha.

Para Fernando Bastias, defensor de derechos humanos, el decreto es una “respuesta del Ejecutivo que expone el cierre al diálogo con los manifestantes”.