Sacerdote de Olón es investigado por presunto abuso sexual

Diego Sosa, un sacerdote de Olón, parroquia rural en la provincia costera de Santa Elena, es investigado por la Fiscalía por presunto abuso sexual a adolescentes. La Fiscalía abrió la investigación después de que se difundiera un video en redes sociales el 15 de agosto de 2025. En el video se ve a al menos cuatro personas afuera de la casa del sacerdote quien está de pie en el marco de la puerta. A su lado está un adolecente y detrás de él, otro joven. 

“¿Qué dice que no es verdad?”, dice una mujer. “¿Qué lo vas a negar también?”, dice un hombre. “¿Me cerró la puerta o no me cerró?, ¿me encerró o no me encerró hasta que no borré la foto?”, cuestiona otra mujer. Se oye a una cuarta voz insultando al sacerdote. 

Desde el umbral de la puerta, vestido con una camiseta blanca, shorts negros con estampado y medias negras, Diego Sosa responde “¿Quieren seguir lanzando la piedra? Lancen la piedra. Yo no tengo ningún problema”. Luego se vuelve a escuchar una voz de mujer que pregunta: “Qué hacen en bóxer en su cuarto”.

El sacerdote dice que en su conciencia él no ha hecho nada y que  los adolescentes van a su casa “son amigos, son acólitos, vienen paz, aquí todos son libres. Yo no les tengo aquí retenidos a nadie”, les explica, según se ve en el video. Sosa no responde la pregunta de por qué hay un menor de edad, según la gente, en ropa interior. 

El video con este intercambio de acusaciones y justificaciones dura 1 minuto y 12 segundos.

El 17 de agosto, dos días después de que se difundiera el video, la Fiscalía dijo que abrió una investigación de oficio y que solicitará a la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) que presente un informe preliminar y el levantamiento de información relacionada a lo que pasó.

El 18 de agosto el sacerdote guayaquileño César Piechestein, conocido por sus posturas conservadoras y su presencia activa en redes sociales, publicó un comunicado de la Diócesis de Santa Elena. El documento dice que la iglesia del Ecuador “ratifica su posición de cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral que pueda producirse”.

El texto dice que el obispo de Santa Elena separó al sacerdote de Olón de su oficio pastoral “mientras duren las investigaciones civiles y canónicas activando todos los protocolos que la Iglesia ha establecido para garantizar el cuidado y protección de las posibles víctimas”.

Esto es lo que sabemos del caso.

El inicio de la investigación

En una rueda de prensa transmitida el 17 de agosto por el medio Actualidad Informativa y republicada por otros medios, Diego Sosa aparece sentado frente al altar de la Iglesia Católica Parroquia Jesús de la Divina Misericordia de Olón junto a dos mujeres. En la rueda de prensa, Sosa dijo que la Policía llegó a su casa tras una llamada al 911 y que no encontraron nada. “Hizo una interrogatoria a los menores, llamó a los padres de familia, me interrogó a mí y la Policía levantó un parte, pero no hay ninguna acusación seria para la Fiscalía”, dijo Sosa. 

Iglesia Católica Parroquia Jesús de la Divina Misericordia – Olón donde el sacerdote celebraba las misas. Fotografía de la cuenta de Facebook de la Iglesia.

Luego, el sacerdote dijo estar abierto a cualquier acción que tome la justicia y la Iglesia y que lo que hacen es un ataque plenamente contra la Iglesia y que en el momento que le atacaban a él “hubo una camioneta que profanó la iglesia rompiendo las puerta y entrando a la iglesia”.

Sobre los menores que estaban con él dijo que dos son hermanos y otro joven “que comúnmente” lo solían acompañar. “Todo es falso”, dijo y agregó que una señora de la comunidad entró a su casa y que luego de llamar a la puerta, lo empujó y les gritó a los menores y fue al baño donde encontró al chico en ropa interior.

El 17 de agosto, dos días después de que circulara el video de los adolescentes en la casa del sacerdote, hubo plantones afuera de la casa parroquial donde decenas de vecinos se juntaron para exigir explicaciones, según una nota del diario El Universo. Llevaron carteles y pidieron a las autoridades eclesiásticas y judiciales que se aclare la denuncia.

La comunidad dividida por las acusaciones contra Sosa

GK habló sobre las acusaciones contra el sacerdote con dos vecinos de Olón que prefirieron mantener su anonimato. Una de ellas dijo que una de las madres de los menores de edad que estaban en la casa de Sosa, había dicho que el sacerdote le había dado “apoyo y guianza” a uno de los chicos porque el adolescente estaba “en malos pasos”. Dijo que el sacerdote “lo rescató”.

Por ese motivo, explica, algunos padres de familia de la parroquia tienen una relación de cercanía y gratitud con Sosa.

La fuente de GK dijo que Sosa lleva algunos años en Olón, no especificó cuántos. Pero recordó que antes vivía en Manglaralto, otra parroquia rural de la provincia de Santa Elena, y que algunos habitantes de ahí le contaron que los vecinos también se habían fijado que Sosa “había tenido estas conductas parecidas antes”, en referencia a la cercanía con los jóvenes.

Los dirigentes de la comuna de Olón le dijeron a la fuente de GK que ellos no sabían de la relación de los adolescentes con el cura, que no sabían que frecuentaban la casa del sacerdote, pero que algunas madres sí estaban al tanto de esto. 

La otra persona con la que habló GK dijo que veía al sacerdote con los jóvenes “todo el tiempo e incluso se los llevaba de viaje a otros lugares con consentimiento de los padres”. 

También dijo que no era la primera vez que Sosa hacía algo similar, que en otras comunidades “ya no lo quisieron aceptar” por esos comportamientos. 

“Le gustaba ir a bailes cuando le invitaban”. Dice que “se amanecía bailando, pasaba en su carro escuchando reggaeton a todo volumen”. También cuenta que personas del pueblo dicen que “cuando llevaba a comer a los chicos, les hacía que se sentarán en sus piernas, les besaba en la cara”, pero como era sacerdote, nunca imaginaron que tendría otro tipo de intenciones. 

Ahora solo esperan que todo se aclare.

Tras la difusión del video el 15 de agosto, los habitantes de Olón parecerían estar divididos. Una de las personas con la que habló GK dijo que la gran mayoría de los vecinos, que son más cercanos a la iglesia, cuestionan los señalamientos contra Sosa. Dicen que conocen el trato de él con los chicos y defienden su trabajo.

El 18 de agosto hubo un plantón de al menos 10 personas frente a la iglesia, a favor de Sosa. Los asistentes llevaron banderas y dijeron que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. La persona que habló con GK explica que es un tema complejo ya que los “chicos, personas del catecismo, padres y demás no tienen señalamientos contra el sacerdote”.

También dice que sabe que los padres de familia han hablado con sus hijos y “no han encontrado nada que les haga cuestionar el comportamiento del sacerdote”.

La tarde del 17 de agosto, en la cuenta de Facebook de la iglesia Parroquia Jesús de la Divina Misericordia de Olón, de la que Diego Sosa era párroco, se publicaron dos videos. Uno de las madres de familia y otro de los niños —que también son monaguillos— hablando en defensa del sacerdote.

En el primer video, Catherine de González, madre de tres monaguillos de la iglesia, dice que no está ahí obligada por nadie y que está “muy dolida porque no solamente han hecho daño a un ser humano, sino más bien a toda la comunidad cristiana”.

También dijo que desde que el sacerdote llegó a sus vidas, él los ha aconsejado.

Otra madre que sale en el video, Blanca Pesantes, dijo que su hija fue monaguillo del sacerdote y que está agradecida con Sosa por el “apoyo incondicional” que le dio. Otra, Juana Karina González, dijo que “el padre Diego para nosotros ha sido un gran apoyo emocional, psicológico. Un amigo que encuentras espontáneo, siempre alegre, siempre dispuesto a ayudar a colaborar en todo lo que él pueda” y que están ahí para darle apoyo emocional.

Los niños y niñas de la parroquia, en otro video que dura poco más de 17 minutos, dijeron que el sacerdote ha sido “amable, gentil, cariñoso y sobre todo respetuoso”. Que nunca les ha faltado el respeto y que los ha ayudado mucho con sus consejos y enseñanzas. Incluso dicen que los ha apoyado para salir “del mal camino”, aunque no dan detalles.

“Ha sido un guía para nosotros, para el bien”, dice otro menor de edad. Los 16 monaguillos hablaron sobre lo agradecidos que están con Sosa por la ayuda y apoyo que les ha dado y afirmaron que “él es un hombre respetuoso, él nunca nos ha hecho daño ni nada. Él siempre ha estado ahí como un amigo”.

Pero no todos lo apoyan.

La noche del 17 de agosto hubo una manifestación de al menos 200 personas afuera de la iglesia en la que exigían justicia, verdad y la “protección de los niños”. Gritaban “fuera”  ya que, según medios locales, el sacerdote seguía en la iglesia.

Algunos de los carteles que llevaban las personas decían “el abuso tiene muchas caras, abrazamos los ojos” o “estamos por los niños”. Las personas exigieron que la Fiscalía investigue a fondo lo que pasó porque “no es algo normal” que pasadas las 10 de la noche adolescentes se encontraban en la casa de Sosa.

Una de las mujeres que estuvo en la manifestación dijo que esperan que “salga a la luz lo que está pasando aquí”. También dijo que si el sacerdote está haciendo lo que están denunciando “que lo saquen del medio y que no lo sigan pasando de una iglesia a otra iglesia a donde pueda seguir haciendo daño a los niños”.

Policías también estuvieron en la manifestación tratando de controlar a la gente, ya que otras personas fuera de la parroquia defendían a Sosa.

Una de las personas con las que habló GK dice que “un cura encontrado un viernes cerca de las 10:30 de la noche con tres menores de edad en sus aposentos privados, aunque tengan el permiso de sus padres, no es ni normal ni apropiado” . Dice que, si a esto se suman los testimonios de la gente de Olón que dicen que también han visto comportamientos inadecuados del sacerdote, “las alarmas ya debían estar prendidas”.

Una de las fuentes de GK explica que las autoridades deben investigar a fondo lo que está pasando y definir si es culpable o inocente, pero que en cualquier caso “el episodio es completamente inadmisible para un sacerdote encargado del cuidado espiritual”. También dice que el caso está afectando al buen nombre de la comunidad —dedicada al turismo— al sentido de vida y su espiritualidad.

La otra fuente de GK explica que desde la difusión del video, hay muchos rumores, pero “como no hay pruebas no se puede ni decir ni hacer nada al respecto”.

La respuesta del gobierno

La Gobernación de Santa Elena dijo que solicitaron a “las instituciones competentes que indaguen el caso a fin de que se aplique la ley”.

En un comunicado del 16 de agosto, Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional dijo que lo que pasó la noche del 15 de agosto “no puede pasar desapercibido ni quedar impune”. 

También escribió que “la Fe no puede ser excusa ni escudo para el abuso” y exigió a la Fiscalía actuar de inmediato.

Ese día, la Comisión incluyó el caso del sacerdote de Olón en el proceso de fiscalización que los asambleístas iniciaron en julio de 2025 sobre los casos de violencia sexual institucional y clerical en el Ecuador. Datos que según los asambleístas han solicitado a la Iglesia y otras instituciones, pero que no les han enviado aún.

Para el 20 de agosto de 2025, la Comisión de la Niñez y Adolescencia, presidida por Veloz, convocó a Wilson Toainga, fiscal general del Estado; Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social; César Cordova, defensor del Pueblo del Ecuador; Sara Oviedo, de la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe dentro de la investigación de violencia sexual en la Iglesia Católica a menores de edad. Hablaron sobre el caso de Olón.

Ese día, Wilson Toainga no compareció y envió a Jorge Baños para representar a la Fiscalía. Baños dijo que el sacerdote Diego Sosa fue notificado como sospechoso y que dictaron medidas de protección, como la valoración psicológica para las víctimas y otras pericias.

Mientras que Burbano no compareció.

César Córdova se excusó y envió a Rodrigo Varela y a Lorena Chávez en su reemplazo. 

Varela dijo que dispusieron a la delegación provincial de Santa Elena que haga la vigilancia al debido proceso y que solicitaron a las autoridades de la diócesis de Manglaralto, donde Sosa fue sacerdote, acceder a su expediente.

Chávez dijo que otra de las acciones implementadas fue la creación de mesas específicas con la Conferencia Episcopal y la revisión de los protocolos de trabajo con niñas, niños y adolescentes.

En medio de la sesión, Viviana Veloz recibió un video. En ese video, según explicó la asambleísta, se ve a uno de los adolescentes que habría estado en la casa del sacerdote hablando en defensa de Sosa. 

Sara Oviedo, de la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe, dijo ante los legisladores que Sosa también fue sacerdote en la parroquia de San Miguel del Común de Oyacoto, en el norte de Quito, y que “lo sacaron de ahí porque lo iban a linchar”. No sabe por qué, ni especificó cuándo estuvo en ese lugar.

Pero luego fue transferido a Manglaralto donde también lo sacaron.Oviedo dijo que es un “modus operandi” de la Iglesia de transferirlos de parroquia a parroquia.

También dijo que a pesar de que el obispo de Santa Elena lo separó del oficio pastoral, Diego Sosa sigue en Olón pidiendo “a la gente que lo apoye”. Y que “están amenazando a las personas que lo denunciaron”.

El 4 de septiembre hubo otra sesión de la Comisión de la Niñez de la Asamblea, esta vez presidida por Raúl Chávez, presidente del movimiento RETO que en las elecciones de 2025 se alió con la Revolución Ciudadana.

A la sesión estaban convocados Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en Ecuador; Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil; Alfredo Espinoza, arzobispo de Quito; Eduardo Castillo, arzobispo de Portoviejo; Iván Minda, obispo de Santa Elena, y Christian Paula, de Justicia Transicional.

Pero ninguno de ellos asistió.

Las personas que sí comparecieron fueron Virginia Gómez, de la Fundación Desafío — trabaja en defensa de los derechos de mujeres— que habló sobre la necesidad de “fortalecer la educación sexual en escuelas y colegios públicos”.

Lisette Pardo, abogada especializada en temas de abuso y acoso sexual, también asistió y habló brevemente sobre casos de violencia a menores en entornos religiosos, familiares y educativos. También recalcó la necesidad de un “manual con perspectiva de infancia”, porque la falta de este manual “agrava la situación”. Las “niñas, niños y adolescentes quedan en total desprotección”, dijo.

Luego de las intervenciones de Gómez y Pardo, la comisión recibiría al Padre Rodrigo Fausto Crespo, Gabriel Pereira, Mariuxi Yupangui y Valeria Urgilés, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del Municipio de Quito. Sin embargo, esas comparecencias fueron declaradas reservadas.