El reglamento a la Ley de Integridad Pública se publicó el 23 de julio de 2025. Este reglamento explica los procedimientos de cómo se va a aplicar la ley.
La ley, que fue aprobada el 24 de junio de 2025, reformó —entre otras normas— la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).
En el reglamento —que fue emitido por decreto del presidente Daniel Noboa— se establecen las reglas que regirán para los servidores públicos: evaluación del desempeño y desvinculación por despidos o por bajo rendimiento.
En Ecuador, este reglamento se aplicará a más de 453 mil servidores públicos, según el Ministerio de Trabajo.
Pero su aplicación del reglamento ha causado preocupación.
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo en una rueda de prensa que esta ley “sirve para fomentar el despido de miles de trabajadores”.
Dijo que el gobierno de Noboa tendría la intención de despedir a 50 mil o más trabajadores. Pero esto no ha sido confirmado por el Ministerio de Trabajo.
Te explicamos cómo serán las evaluaciones a servidores públicos.
Evaluaciones a los servidores públicos
La evaluación de los servidores públicos sirve para saber cómo están trabajando.
Antes de la reforma, la evaluación se hacía según los planes y objetivos de cada institución y el Ministerio del Trabajo.
Con la reforma aprobada por la Asamblea Nacional, las evaluaciones se harán con base en la Losep, el reglamento emitido por Noboa y un manual del Ministerio de Trabajo —que aún no se publica.
Cada servidor público tiene que conocer cuáles son sus metas a cumplir y en qué será evaluado.
Estas evaluaciones se harán semestralmente, es decir, 2 veces al año. Las harán los jefes inmediatos, pero bajo la responsabilidad de las unidades de Talento Humano de cada institución. Antes de la reforma se hacía una sola evaluación durante el año.
El abogado Carlos Dávila, especialista en derecho laboral y servicio público, explica que para hacer estas evaluaciones primero tendrían que realizar capacitaciones a los servidores públicos para que conozcan en que serán evaluados. Pero esto no se contempla en el reglamento.
Dávila dice que “el hecho que se hagan evaluaciones dos veces al año, ya es una afectación”. Además, explica que según la ley se evalúa la eficiencia de los servidores públicos. Sin embargo, para él, la eficiencia es un criterio discrecional.
“Es un margen muy estrecho entre un posible ejercicio de una facultad legal y un abuso”, dice. Es decir, la evaluación podría ser subjetiva.
Según el reglamento, el trabajo de los servidores públicos se evaluará a partir de cinco variables de medición —antes del reglamento solo había cuatro.
- Perspectiva institucional: Qué tan bien cumple con los objetivos y metas de la institución.
- Perspectiva del usuario externo: Lo que perciben los usuarios de la institución que utilizan este servicio o productos.
- Perspectiva de los procesos internos: Los servidores públicos jerárquicos superiores revisan cómo hace su trabajo el servidor público, la calidad, la producción y cómo usa los recursos —si los aprovecha o desperdicia.
- Perspectiva del talento humano: Cómo lidera su trabajo, si aprovecha bien el tiempo y si trabaja en equipo. Con el nuevo reglamento, además, se evaluará la calidad de su trabajo, su comportamiento y respeto a las normas de la institución.
- Perspectiva de la eficiencia en la contratación pública: Esta variable aplica solo para funcionarios que manejen contratación pública. Se evaluará qué tan eficientes son al manejar contrataciones. El Ministerio de Trabajo emitirá las reglas para esta evaluación en coordinación con el Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop).
El reglamento también dice que la Unidad de Administración del Talento Humano (UATH) de cada institución será la responsable de verificar y analizar las evaluaciones de los jefes inmediatos.
Estas unidades tienen que identificar qué le falta a una persona para cumplir con sus metas y objetivos. Los resultados de esas evaluaciones deberán registrarlos en la plataforma oficial que gestiona el Ministerio del Trabajo.
La diferencia con esta nueva ley es que las evaluaciones no serán solamente internas.
Además, según el reglamento a la ley, las unidades de Talento Humano pueden iniciar sumarios administrativos en los casos de deficiencia grave.
Dávila explica que “el sumario administrativo es un proceso contra algún servidor público que ha cometido alguna falta que merezca una sanción previamente establecida en la ley”. Pero señala que antes de iniciar el sumario administrativo es necesario realizar la evaluación y asignar una calificación al servidor público.
La responsabilidad de Talento Humano implica tener una capacitación para evaluar a los servidores públicos y no caer en una calificación subjetiva, advierte Dávila. Para él, “las evaluaciones técnicas tienen el propósito de mejorar el servicio público, no es una herramienta de eliminar personal”, advierte Dávila.
Según una disposición transitoria de la Ley de Integridad Pública, la primera evaluación a los servidores públicos será solo una prueba. La ley dice que esos resultados no tendrán sanciones. Son una línea base para ajustar los estándares para las futuras evaluaciones.
El Ministerio del Trabajo tiene que hacer la primera evaluación en un plazo máximo de 90 días desde que entró en vigencia la ley.
¿Cómo serán las calificaciones?
La escala de evaluación para servidores públicos ya existía. El reglamento solo reemplaza un inciso que indica que estas evaluaciones son responsabilidad de las unidades de Talento Humano.
Van a continuar siendo realizadas por el jefe inmediato, después serán revisadas y aprobadas por el inmediato superior institucional —un funcionario de mayor jerarquía.
La escala de evaluación de los resultados de la gestión y desempeño es:
- Excelente: Supera los objetivos y metas programadas
- Muy Bueno: Cumple los objetivos y metas programadas
- Satisfactorio: Mantiene un nivel mínimo aceptable de productividad
- Regular: Obtiene resultados menores al mínimo aceptable de productividad
- Insuficiente: Su productividad no permite cubrir las necesidades del puesto
No hay un puntaje. Solamente hay criterios de gestión y desempeño. Los resultados deberán ser notificados dentro de los 8 días después de que termine el proceso de evaluación.
Los resultados de la evaluación del servidor público —cómo cumple con sus tareas, objetivos y procesos— se usarán para decidir ascensos, reconocimientos, promociones o, en algunos casos, la salida del cargo.
Estas son las consecuencias según la calificación:
- Excelente: Podrá acceder a comisiones de servicio con y sin remuneración —beneficios adicionales—, políticas de promoción, programas de capacitación, reconocimientos, concursos para ascensos dentro de la carrera del servicio público.
- Muy bueno: Será considerado para la aplicación de políticas de promoción, programas de capacitación, reconocimiento y concursos de ascensos dentro de la carrera del servicio público.
- Hasta dos veces seguidas la calificación de satisfactorio: Podrá acceder a programas de capacitación. En caso de obtener por tercera vez consecutiva la calificación de satisfactorio será destituido con un proceso sumario administrativo —según el literal m del artículo 48 de la Losep.
- Regular: Será evaluado otra vez en el plazo de tres meses. Si vuelve a obtener la misma calificación o menor, será destituido con un sumario administrativo.
- Insuficiente: Será destituido con un proceso sumario administrativo que debe iniciarse máximo en cinco días después de conocer el resultado de la evaluación.
Las políticas de promoción son reglas y criterios para que los servidores públicos puedan mejorar su posición laboral, según la ley.
Los servidores públicos pueden pedir la reconsideración y recalificación de todas las calificaciones —incluido la de insuficiente.
El proceso de recalificación se realiza por un tribunal integrado por tres servidores de jerarquía superior que no hayan intervenido en la calificación inicial y la resolución correspondiente será notificada en un plazo máximo de 8 días.
Dávila explica que “hasta el momento que salga la resolución sigue siendo considerado un servidor público. Entonces, la institución pública tendrá que cancelar las remuneraciones hasta que sea separado de funciones por una resolución del sumario administrativo”.
Después, la unidad de Talento Humano tendrá que realizar en conjunto con la Unidad Financiera la liquidación de la persona a la que le corresponde. Es decir, sí habrá una liquidación, algo que no estaba establecido en la Ley de Integridad Pública.
El experto explica que cuando la unidad técnica no realice las evaluaciones de forma técnica y un servidor público sea destituido, puede demandar al Estado.
Si gana el juicio, el servidor público va a tener que regresar a la institución, que tendría que pagar la remuneración durante todo el tiempo que estuvo afuera.
Nombramientos provisionales, indemnizaciones y teletrabajo
El reglamento a la Ley de Integridad Pública dice que los nombramientos provisionales no generan estabilidad laboral y pueden terminarse por necesidades institucionales —cuando una institución pública necesita menos o más recursos para cumplir con metas.
Los nombramientos provisionales son designaciones temporales a servidores públicos en cargos públicos o funciones específicas.
Por otro lado, según la Losep, los servidores públicos pueden cesar definitivamente sus funciones por remoción, es decir, cuando son despedidos. El reglamento aclara que ser despedidos no implica una sanción disciplinaria.
El reglamento permite cesar funciones a servidores públicos con nombramientos provisionales sin que sean necesarios requisitos como terminar el período de su contrato, que regrese el titular del puesto, terminar el período de prueba o no pasar la evaluación respectiva.
También se detalla el proceso de la supresión de puestos —cuando una institución elimina un cargo porque ya no es necesario. Puede ser por reestructuraciones institucionales, reducción de presupuesto o terminación de proyectos que justificaban esos puestos.
Primero se debe comunicar al servidor público y después realizar el pago de la indemnización y liquidación.
La liquidación es el pago de los valores pendientes que el empleador debe pagar al finalizar su contrato. Por ejemplo, el sueldo pendiente por los días trabajados, décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones no gozadas. Este pago es obligatorio.
La indemnización es una compensación adicional, que se paga sólo en ciertos casos. Generalmente cuando es despedido sin causa justificada. Dávila explica que tiene que ser declarada por un juez.
Cuando se elimina el puesto de un servidor público para recibir la compensación tiene que haber trabajado mínimo 5 años. Por cada año trabajado recibirá 5 salarios básicos unificados. Para este cálculo se utilizará el salario básico que estaba vigente el 1 de enero de 2015, es decir, 354 dólares.
El servidor público puede recibir máximo 150 salarios básicos unificados, es decir, 53 mil dólares. El Estado puede hacer los ajustes en el presupuesto según la disponibilidad de dinero para poder pagar la compensación, y puede pagar con bonos del Estado. Esto ya se aplicaba antes de que se emitiera el reglamento.
En el reglamento también se detalla que los contratos ocasionales “no generan estabilidad laboral alguna”. En ese caso, los servidores públicos no tienen derecho a indemnizaciones por supresión de puestos.
En el reglamento también se habla del teletrabajo.
Hasta antes de la ley de Integridad Pública, los servidores públicos podía pedir teletrabajo a la institución por situaciones de salud o discapacidad, embarazo, lactancia, cuidado de familiares o funciones totalmente digitales.
El reglamento dice que las unidades de Talento Humano deben hacer una normativa interna para regular los casos en que deban volver a trabajar presencial. Por ejemplo, si en la última evaluación tuvieron calificación menor a satisfactorio o si el jefe inmediato considera que debe volver a presencial.
Volver a trabajar presencialmente no será considerado como sanción o vulneración de derechos laborales.
Conflicto de intereses y más
Con la reforma, además, todos los servidores públicos tienen que hacer una declaración de conflictos de interés —según las indicaciones de la entidad en la que trabajen. Antes no era una obligación para todos, solo para ciertos puestos.
La declaración de conflictos de interés es un documento para informar si existen situaciones personales, familiares, financieras o profesionales que puedan influir en sus decisiones dentro de su cargo.
Los extranjeros no residentes por al menos 5 años seguidos no podrán ocupar cargos de carrera. Pero podrán ser contratados en puestos de libre nombramiento o contratos ocasionales en casos de especialidad técnica.
Según el reglamento, además, los servidores públicos que administren o custodien recursos públicos, por ejemplo, de funciones de recepción, inversión, control, administración y custodia de recursos públicos, tienen la obligación de rendir caución.
Rendir caución significa entregar una garantía económica —dinero, póliza, fianza u otro respaldo— para asegurar el cumplimiento de una obligación. Para esto pueden contratar pólizas de fidelidad —seguros que protegen a una institución contra posibles pérdidas económicas causadas por actos deshonestos o fraudulentos— según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Estas pólizas son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.
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