La propuesta de castración química, explicada

La sola mención de la castración química sacude emociones profundas. 

Para algunos, representa una salida frente a crímenes aberrantes; para otros, un retroceso a épocas de justicia vengativa. 

El 11 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa planteó incluirla en el Ecuador como pena adicional para violadores de menores.

El debate de esta propuesta exige más que indignación: requiere precisión técnica, legal y ética.

¿Qué es la castración química y cómo funciona?

Aunque el término “castración” evoca mutilación genital, la versión química no implica cortes ni extirpaciones. 

Es un tratamiento médico que, mediante medicamentos hormonales como Leuprorelina, Triptorelina o Medroxiprogesterona, reduce drásticamente la testosterona y con ello el deseo sexual masculino.

Puede aplicarse vía inyecciones, medicamentos orales o implantes subdérmicos.

La castración química se usa desde hace años para tratar el cáncer de próstata, ya que la testosterona estimula el crecimiento de estos tumores. 

También ha sido aplicada a agresores sexuales reincidentes o personas con parafilias, condiciones en las que el deseo sexual se manifiesta de formas atípicas, causando malestar o afectando la vida de quien la experimenta o de otras personas. Por ejemplo, la pedofilia.

En Estados Unidos, estados como California y Alabama la imponen como condición para la libertad condicional, especialmente en casos de abuso infantil. 

Polonia, Rusia, Corea del Sur e Indonesia la adoptaron de forma obligatoria  para personas sentenciadas por delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra menores de edad. 

En Europa, países como Alemania, Suecia, Estonia y República Checa la ofrecen como parte de tratamientos voluntarios, aunque República Checa fue criticado por su uso coercitivo.

A diferencia de la castración quirúrgica, la versión química es reversible. 

Si se suspende el tratamiento, los niveles hormonales y el deseo sexual se recuperan. Su efectividad depende de su aplicación continua.

Entre prevención y castigo, ¿puede la castración química ser una pena?

En el marco penal, el castigo tiene como fines la retribución, la prevención y la reinserción social. 

La propuesta del presidente Daniel Noboa, anunciada el 11 de julio de 2025, plantea incluir la castración química como una pena adicional para violadores de menores, mediante una reforma parcial a la Constitución.

Pero aquí surge una primera interrogante: ¿puede la castración química considerarse una pena?

El abogado Felipe Rodríguez, especialista en derecho penal, sostiene que no. 

Explica que, en ningún país donde se aplica este tratamiento, se lo considera una pena per se. 

Más bien, se trata de una condición para obtener beneficios penitenciarios, como la reducción del tiempo de condena o la salida anticipada. 

Por ejemplo, un violador condenado a 26 años puede salir en libertad a los 15, si acepta someterse al tratamiento de forma continua.

Esto tiene sentido desde una perspectiva técnica. La pena implica un castigo con efectos definidos en el tiempo y con fundamentos jurídicos claros. 

Pero la castración química es un procedimiento médico que debe realizarse bajo consentimiento y con vigilancia profesional. 

Si se impone como obligatoria, podría entrar en conflicto con principios como la integridad personal, la autonomía del paciente y el consentimiento informado.

Desde esta perspectiva, la propuesta del gobierno ecuatoriano es un error técnico penal pues pretende transformar un procedimiento médico en una sanción penal, sin tomar en cuenta sus características, su carácter reversible y su condición de aplicación voluntaria en otros países.

Costos, efectos secundarios y viabilidad: ¿puede el Estado sostener esta medida?

La propuesta del Ejecutivo también plantea dudas en términos económicos y logísticos. 

La castración química requiere una aplicación mensual, trimestral o semestral, según el tipo de fármaco. Y estos medicamentos no son baratos.

En Ecuador, el costo promedio de una inyección mensual de Leuprorelina está alrededor de 700 dólares. 

Si un solo violador es condenado a 26 años de cárcel, y recibe este tratamiento durante toda su condena, el costo por persona ascendería a más de 218 mil dólares.

A eso hay que sumarle el costo del sistema penitenciario. 

El Estado ecuatoriano gasta, aproximadamente, entre 400 y 500 dólares mensuales por recluso. 

Si se calcula ese monto durante 26 años, el gasto total se eleva a casi 290 mil dólares por condenado.

Y según datos oficiales, actualmente existen más de 3.500 personas condenadas por delitos sexuales en el sistema penitenciario local. 

Aunque por principio de irretroactividad de la ley no se podría aplicar esta medida a ellos, la proyección futura de condenados plantea una presión financiera considerable para un Estado que ya enfrenta crisis presupuestarias.

Una alternativa que se ha mencionado es que la castración química no sea obligatoria ni financiada por el Estado, sino que sea una condición para la reducción de la pena, y costeada por el propio sentenciado. 

Pero eso abriría otro dilema: ¿no se generaría desigualdad entre quienes pueden pagar por salir antes y quienes no? 

¿Está preparado el sistema penitenciario para gestionar estos tratamientos, sus efectos, y el seguimiento médico especializado que requieren?

La experiencia internacional indica que estos procedimientos sólo son sostenibles si se aplican dentro de programas integrales y su efecto funciona si el tratamiento no se interrumpe. 

¿Solución o populismo punitivo?: el verdadero debate detrás de la propuesta

Ecuador registra más de 71 mil procesos por delitos sexuales en la última década. Siete de  cada diez víctimas son niñas, niños o adolescentes.

Pero que algo nos indigne, no significa que cualquier medida que se proponga en nombre del castigo sea adecuada. 

Ahí entra el concepto de populismo punitivo, o derecho penal simbólico.

Son propuestas que buscan simpatía popular apelando al enojo colectivo, pero sin un sustento técnico o estructural.

Hay otra cuestión importante: la motivación de los violadores. 

Las estadísticas internacionales indican que sólo entre el 20% y el 30% de los delitos sexuales se cometen por impulso sexual. 

En la mayoría de los casos, el motivo es el poder, la humillación o el control.

 Es decir, violadores que no buscan placer, sino dominación.

En esos casos, la castración química no impedirá una futura agresión. Porque para violar no se necesita un pene erecto. 

Se puede violentar con objetos, con los dedos, con amenazas. Es un acto de poder, no sólo de sexo.

Por eso, Paola Andrade, cofundadora y directora de la organización Ecuador Dice No Más, dedicada a combatir el abuso sexual en el país, considera que la propuesta es un paliativo que no resuelve el fondo del problema. 

Para ella, se requiere una reforma integral: educación sexual, protocolos de prevención, atención a víctimas, y un sistema judicial que no revictimice ni archive casos.

Andrade califica a la propuesta como una medida populista y basada en el desconocimiento de la raíz del problema. 

Según su criterio, los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes —particularmente la pedofilia y la pederastia— no están ligados exclusivamente al deseo sexual o la líbido, sino que responden a patrones de conducta profundos, definidos como parafilias, que no pueden ser corregidos con una intervención hormonal. 

Andrade enfatiza que este tipo de iniciativas surgen como respuestas reactivas ante casos mediáticos, en lugar de enfocarse en políticas públicas de prevención sostenidas.

En Ecuador, muchos delitos sexuales ni siquiera llegan a juicio. Las víctimas se cansan de la exposición, de las entrevistas repetidas, del maltrato institucional. Y el agresor queda libre. En ese contexto, una propuesta que se enfoca sólo en el castigo posterior suena a parche, no a solución.

Finalmente, hay un riesgo real: que la medida se aplique a inocentes. 

El sistema judicial ecuatoriano muestra fallas graves. 

Personas sin una defensa adecuada, con pruebas dudosas o sin pericias, pueden terminar condenadas.

 Y si una reforma como esta se aprueba sin garantías, podría causar ser aplicada a inocentes. 

Cuando la política se convierte en espectáculo

La propuesta de implementar la castración química no solo abre un debate jurídico y ético, sino que también evidencia cómo ciertas decisiones políticas pueden responder más a una lógica de teatralización del poder que a una gestión efectiva del problema estructural de la violencia sexual. 

La teatralización de la política es una estrategia en la que los líderes convierten el ejercicio del poder en una puesta en escena, utilizando gestos simbólicos y discursos de alto impacto emocional como sustitutos de políticas públicas estructuradas y sostenidas. 

Esta escenificación suele ocurrir en contextos donde la confianza en las instituciones es baja, y donde la población, golpeada por la inseguridad, la pobreza o la impunidad, busca respuestas inmediatas, aunque sean sólo aparentes. 

La castración química, por ejemplo, no se plantea en muchos casos como una medida efectiva ni científicamente validada, sino como una especie de acto dramático que busca enviar un mensaje de fuerza y castigo. 

Como explicó el politólogo Murray Edelman, los gobiernos no siempre actúan para resolver problemas, sino para simbolizar su control y así reducir la ansiedad colectiva: el símbolo importa más que el resultado.

La teatralización, en este sentido, no solo apela al miedo o al enojo, sino que los alimenta y los recicla, produciendo ciclos de indignación-acción, simbólica-aplauso que dificultan la construcción de soluciones estructurales y sostenibles.

Uno de los principales riesgos de este estilo de gobierno es la banalización de problemas complejos. 

Al convertir temas profundamente sensibles —como los delitos sexuales contra menores— en escenarios para el lucimiento político o la confrontación mediática, se oscurecen los debates de fondo: las fallas en los sistemas de prevención, la ausencia de programas de rehabilitación, la revictimización institucional, la falta de inversión en salud mental, entre otros. 

Según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, este tipo de capital simbólico busca construir autoridad más desde el gesto que desde la competencia técnica, y puede derivar en decisiones que refuercen el punitivismo sin reducir la violencia.

Finalmente, el peligro más profundo de la teatralización de la política es su capacidad de erosionar la democracia. 

Al desplazar el debate racional por la emoción instantánea, se desvaloriza el conocimiento experto, se marginan las voces críticas y se debilita la deliberación pública. 

Los pasos que debe seguir la propuesta de Daniel Noboa

La propuesta del presidente Daniel Noboa para introducir la castración química como sanción penal en casos de violación inició un complejo proceso jurídico-político que requiere, en primer lugar, el pronunciamiento de la Corte Constitucional. 

La Corte debe determinar si la iniciativa cumple con los requisitos formales para ser tramitada como una reforma parcial a la Constitución. 

De ser admitida, la propuesta pasará a la Asamblea Nacional, donde deberá ser debatida y aprobada en dos ocasiones antes de volver a la Corte para la validación de su contenido y la formulación de la pregunta que se plantearía en un eventual referéndum. 

El proceso, por tanto, no sólo pone a prueba la solidez técnica de la propuesta, sino también su viabilidad política en un contexto social marcado por el repudio a los delitos sexuales.

No obstante, existe una vía alterna que podría acelerar su implementación. 

Si la Corte concluye que la Constitución no prohíbe este tipo de sanciones, el Ejecutivo podría optar por modificar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sin recurrir a un referéndum.