En medio de una crisis de seguridad, energética y económica, el 18 de junio de 2024, el gobierno de Daniel Noboa publicó un documento que ha pasado desapercibido pero que preocupa a organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una estrategia de integridad que busca imponer nuevas regulaciones a las organizaciones no gubernamentales. El texto está firmado por la Secretaría General de Integridad Pública, un ente adscrito a la Presidencia de la República. Te explicamos qué dice la estrategia de integridad para organizaciones de la sociedad civil y por qué levanta alertas.

En un video que resume la presentación de la estrategia, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, explica que el documento es un referente para la rendición de cuentas de forma clara y honesta. También asegura que esta estrategia da técnicas, normativas y “una guía hacia un mejor gobierno involucrando a los actores políticos, sociales y estatales”. 

En la cuenta  de la Secretaría de X, antes Twitter, comunicaron que la estrategia se construyó de forma colaborativa con el Ministerio de Gobierno y la organización de la sociedad civil Grupo Faro.

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Sin embargo, la directora ejecutiva de la organización, Gabriela Suárez, negó que fuera parte del proceso de creación del documento. Suárez le dijo a GK que fueron invitados a la presentación de la estrategia “por consideración” porque el equipo que elaboró el documento oficial utilizó un estudio publicado por Faro, que recoge un estándar internacional para la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. 

Suárez dijo que pidieron la rectificación del comunicado que indica que Grupo Faro participó en la elaboración del documento, sin embargo, la publicación aún no ha sido eliminada, ni rectificada. 

Para construir el documento, que tiene 17 páginas, ni las organizaciones de la sociedad civil ni organizaciones no gubernamentales fueron contactadas. Esto, explica el director de Fundamedios, César Ricaurte, va contra las buenas prácticas sobre la construcción de normativas

Ricaurte dice que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda que los actos normativos o regulatorios que afecten el ejercicio del derecho humano a asociarse, como lo hacen las ONG, deben hacerse consultando a las organizaciones. 

Además, explica que debe ser una acto legislativo, y no a través de una política pública del Ejecutivo que pretende regular, controlar y someter a la sociedad civil. 

Aunque organizaciones como Fundamedios reconocen la importancia de promover la integridad y la transparencia, ven a la estrategia presentada como una interferencia a la independencia y al trabajo que vienen realizando las organizaciones. 

Los artículos 96, 97, 98 y 99 de la Constitución del Ecuador reconocen el derecho a las diferentes formas de organización social. “Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión”, dice el 96. El 97 reconoce “al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación social”. 

Y, de inmediato se protege la independencia y accionar de las organizaciones, en el artículo 98: los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. 

Esto dice la Estrategia

De entrada, el documento enumera valores y principios institucionales para el servicio y la integridad pública, la honestidad, integridad, justicia y transparencia

Luego, para justificar la estrategia, define un problema. Dice que tanto el gobierno, las empresas y el público en general esperan que las organizaciones de la sociedad civil actúen en alineación con su misión, demuestren integridad, que sean dignas de confianza, y que muestren una conducta ejemplar en toda la organización. 

“Por lo tanto, la integridad pública no solo es una preocupación para los gobiernos y las empresas, sino que también es clave para garantizar la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil”. 

Luego, aduce que las violaciones a la integridad pública “pueden tener repercusiones negativas, ya que ponen en peligro la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil a los ojos del gobierno y del público, y socavan la sostenibilidad de sus actividades y el acceso a la financiación”.  

Para evitar esto, explica el documento, los gobiernos deben garantizar que exista un contexto jurídico claro en el que puedan operar. Indica como ejemplo que puede someterlas a leyes anticorrupción, y exigirles una estructura de gobernanza sólida

Esto incluye rendición de cuentas, medidas de control interno, gestión de riesgos, transparencia en las actividades y en el uso de los fondos. 

La estrategia propone que para mantener vigente la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y ONG deben cumplir con la presentación de un informe de rendición de cuentas una vez al año a través de una plataforma. 

Da a entender que de no cumplir con ello, las organizaciones podrían perder su reconocimiento legal como entidad, lo que significa que ya no podrá operar legalmente bajo ese estatus. 

Para cumplir con la estrategia de integridad y rendición de cuentas, las organizaciones de la sociedad civil y ONG deben cumplir con doce acciones que justificarán en su informe anual de rendición de cuentas. 

Por ejemplo, dispone a las organizaciones promover la justicia e igualdad, fomentar el ejercicio de los derechos de la mujer y la equidad de género, implementar estrategias que contribuyan a la protección del entorno natural, generar un cambio positivo a largo plazo y hacer un uso eficiente, eficaz y ético de los recursos económicos. 

También insta a que las organizaciones trabajen en torno a las personas, algo que usualmente ya lo hacen. Dispone que escuchen y permitan la participación activa de partes interesadas y socios en la toma de decisiones. 

Danilo Manzano, director de la organización Diálogo Diverso que trabaja por los derechos de las personas LGBTIQ+, dice que su organización trabaja partiendo, precisamente, desde el diálogo con diferentes sectores y actores sociales. “Para que ninguna voz se quede fuera”, dice Manzano. Lo hacen para que la lucha por los derechos de la población LGBTIQ+ sea parte de consensos sobre los que trabaja la organización desde 2018.  

Manzano dice que su trabajo se establece desde la relación con los grupos en extrema vulnerabilidad. Por eso, la construcción de iniciativas, planes y proyectos se basan no solo en evidencia, sino en participación activa de la población LGBTIQ+. “Nuestro trabajo está basado al 100% en la identificación previa de necesidades de la población”. 

Diálogo Diverso es parte, desde 2019, de una estrategia de implementación del plan de gobierno abierto en Ecuador. 

Este exhorta a que el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil se sienten junto a otros actores para co crear políticas públicas. Por eso, desde Diálogo Diverso ven con sorpresa estas intenciones de política pública. “Los procesos deben trabajarse desde la participación”, opina Manzano. 

La estrategia dispone, además, fortalecer las alianzas pues la “colaboración y coordinación con otros factores ayuda a las organizaciones de la sociedad civil a adoptar un enfoque más integral”. Insiste en que deben “tratar de mejorar su capacidad para trabajar juntos a fin de abordar temas complejos a largo plazo”. 

Entre las acciones dispone que las organizaciones se comprometan a cuestionar y confrontar las “identidades y valores” que puedan actuar como barreras “para los intentos públicos y políticos” para el cambio de políticas a nivel local, nacional, regional y mundial. 

Con este documento, César Ricaurte cree que el sector público aún no ha comprendido el rol e importancia de las organizaciones para la consolidación de una sociedad democrática. Para él, las 12 disposiciones obligatorias afectan la autonomía e independencia de las organizaciones de la sociedad civil, un valor fundamental en el derecho a la libre asociación. 

Uno de los apartados del documento apunta la “apertura organizacional” como un acción que deben cumplir y rendir cuentas las organizaciones. Enseguida da una explicación que en lugar de detallar los ámbitos de apertura, la justifica como una condición para rendir cuentas. 

Dice que las organizaciones abiertas son transparentes en su trabajo y su identidad. “Comparten información pertinente de manera responsable con personas, aliados y el público en general”.  Reitera que esta transparencia permite que otros participen en un diálogo y en el trabajo de la organización, “para que pueda aprender y mejorar”. 

Sugiere lo que llama un liderazgo responsable, “compartido entre un órgano de gestión y un órgano de gobierno independiente”. 

Por último dispone contar con un sistema de retroalimentación eficaz que ayude a las organizaciones de la sociedad civil a mejorar sus programas y su desempeño

Justifica esta disposición alegando que puede servir para que “las partes interesadas sean cocreadoras del trabajo de la organización y puedan realmente demostrar su capacidad de rendición de cuentas a todas las partes interesadas”. 

Insiste en que las organizaciones deben estar abiertas y dispuestas a “usar la retroalimentación constructiva para reflexionar sobre sus prácticas y responder haciendo cualquier cambio que sea necesario”. 

Seguimiento y rendición de cuentas

El seguimiento para el cumplimiento del reglamento lo hará la Secretaría General de Integridad Pública, el Ministerio de Gobierno y las entidades rectoras que trabajen de cerca con las organizaciones de la sociedad civil. 

Se hará a través de una evaluación con un reporte sobre acciones, indicadores, metas y tiempos. Esto servirá para constatar el cumplimento y “tomar los correctivos necesarios de forma oportuna”, justifica el documento.

Si no se cumplen las acciones establecidas en el reglamento, la Secretaría General de Integridad Pública notificará a la institución mediante un oficio. Esto no excluye la posibilidad de tomar medidas administrativas, civiles o penales según corresponda.

Antecedentes que preocupan a las organizaciones

El 11 de diciembre de 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social con casi 40 años de actividad, fue notificada vía resolución ministerial sobre la terminación del comodato —que mantenían desde 1991— con el que utilizaba una casa de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

El argumento de la resolución decía que existía  “la necesidad imprevista y urgente de contar con inmuebles para que sean destinados al funcionamiento de casa de acogida para jóvenes y adolescentes sin referente familiar que han superado la etapa de crisis por desintoxicación”. 

Para los dirigentes indígenas, la resolución del MIES tenía un trasfondo político: “Esta no es una actitud revolucionaria, yo noto una actitud vengativa también por que hemos denunciado los atropellos del régimen”, dijo en ese momento Franco Viteri, entonces presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae). 

Un año después, el 4 de diciembre de 2013, la Fundación Pachamama, que había trabajado por más de 16 años al servicio de las nacionalidades indígenas, fue disuelta por el mismo gobierno de Rafael Correa

En ese entonces, el Ministerio de Ambiente la disolvió luego de que un informe del Ministerio de Interior concluyera que la organización ejecutaba supuestas acciones que no constaban en sus fines y objetivos estatutarios.

Argumentaban que con ello “cometía acciones de injerencia a políticas públicas” atentando, según lo que determinaba el Reglamento de Organizaciones Sociales, “contra la seguridad interna del Estado y a la paz pública”. 

Esto ocurrió luego de que el Estado determinara que los representantes de la Fundación Pachamama protagonizaron “una violenta protesta, atentando contra el orden público y la integridad física” de los asistentes a la apertura de ofertas para 13 bloques hidrocarburíferos, en la XI Ronda Petrolera del Sur Oriente, realizada el 28 de noviembre de 2013. 

Juan Auz, director de Pachamama cuando ocurrieron los hechos, dijo que lo que le ocurrió a Fundación en 2013 y a otras organizaciones creadas para la defensa de diferentes tipos de derechos “es un pequeño síntoma de una tendencia global para restringir los espacios de la sociedad civil que va de la mano con el aparecimiento de gobiernos populistas”.

Según Auz, estos regímenes, a través del uso sistemático de leyes restrictivas, obstaculizan la creación y el funcionamiento de organizaciones sociales, las cierran y a veces las criminalizan. Todo para impedirles que trabajen.

La fundación Pachamama fue restituida luego de cuatro años, ya durante el gobierno del presidente Lenín Moreno. Moreno, ex aliado de Rafael Correa convertido en su archirrival, también le devolvió la sede a la Conaie. 

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Gabriela Ochoa
Periodista de GK. Graduada en la PUCE. Máster en Mediación y Resolución de Conflictos, y en Dirección Estratégica.
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