Es urgente redefinir la gobernabilidad democrática en Ecuador. Hacerlo implica construir acuerdos entre el gobierno y la sociedad civil que incluyan al 51% de la población, es decir a las mujeres.
Implica incorporar sus demandas prioritarias en la Agenda Nacional de Desarrollo —la que contiene las políticas que determina hacia dónde va el país. Y por supuesto, implica superar la política clientelar que reduce la gobernabilidad a un simple reparto de cargos entre los partidos políticos y deja intocado un tema esencial: la transformación de la cultura que perpetúa las discriminaciones y violencias contra las mujeres y las niñas. Es decir, priorizar que se construyan espacios laborales, públicos, económicos y políticos seguros y libres de violencias.
En Ecuador cada 26 horas una mujer es asesinada. En Ecuador la carga global de trabajo de las mujeres es de hasta 17:42 horas más cada semana. En Ecuador sólo el 19% de las alcaldías están ocupadas por mujeres.
Hoy, con el gobierno de Daniel Noboa que está por posesionarse, el país tiene la oportunidad de elegir a una Ministra de la Mujer que entienda por qué esta transformación cultural es tan urgente.
La transformación implica un cambio en las reglas de juego.
Se debería empezar por incorporar a las diferentes organizaciones de mujeres en el diálogo político. Abrir un espacio para trabajar en políticas públicas de largo plazo que garanticen el cierre de las brechas de desigualdad. Es decir que estén orientadas a prevenir la violencia sexual, el embarazo en niñas y adolescentes, y a revertir la baja participación femenina en ramas como la construcción, la minería, el transporte, la ciencia y la tecnología.
Es clave facilitar que las mujeres se incorporen en igualdad de condiciones en la economía y la política. Así se podrían revertir las condiciones discriminatorias en el empleo, por ejemplo, equiparando los salarios de las mujeres, que ganan en promedio 406 dólares al mes, con el de los hombres, que ganan 503 dólares.
También es clave lograr que las organizaciones políticas y las autoridades electorales asuman acciones permanentes para reducir la violencia contra las mujeres en la política. En 2023, de las 186 candidaturas para las prefecturas de 23 provincias sólo hubo 46 mujeres, es decir el 24,7%. De las 1.539 candidaturas a las alcaldías de 221 cantones, sólo 470 fueron mujeres, frente a 1.079 hombres.
Incorporar a las mujeres y abrir un espacio para trabajar políticas específicas permitirá poner en marcha un nuevo pacto social entre el Estado y la sociedad, y entre el Estado, el mercado y la familia.
La propuesta del gobierno del presidente Daniel Noboa prioriza la seguridad, empleo, salud, educación y protección social para las mujeres. Todos conllevan dos elementos programáticos centrales: construir el sistema nacional descentralizado de cuidados, e implementar la política nacional descentralizada de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas.
Una madre abraza a su hija durante la marcha en contra del femicidio de María Belén Bernal, el pasado 21 de septiembre de 2022. Fotografía de Vanessa Terán para GK.
El sistema nacional de cuidados significa fortalecer los servicios de desarrollo infantil, como los centros de cuidado diario, wawa centros, programas itinerantes como creciendo con nuestros hijos. Implica que se fortalezcan también los servicios de cuidado para adultos mayores como centros gerontológicos residenciales y de atención diurna, espacios de socialización y de encuentro, atención domiciliaria.
Así como también mejorar las condiciones en los centros diurnos de atención integral a personas con discapacidad, o los centros de referencia y acogida inclusivos, así como programas de atención en el hogar y comunidad. Todos estos están a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
El sistema de cuidados también debería fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el trabajo doméstico y el cuidado humano no remunerado (de niños, personas con discapacidad o ancianos) . En Ecuador, las mujeres, en promedio, dedican 31 horas a la semana al trabajo de cuidados no remunerado en comparación con las 9 horas que les dedican los hombres.
Otra acción concreta sería implementar la escuela de familias para prevenir la violencia en todos los programas de protección social que maneja el MIES. Estos son espacios educativos y de crecimiento personal en el que participan todos los miembros de la familia, y ayudan a prevenir la violencia antes de que ocurra, para hacer de los hogares espacios de crecimiento digno y saludable.
La corresponsabilidad del trabajo del cuidado tanto de los miembros de la familia como de los gobiernos locales es una condición esencial para que las mujeres puedan acceder a estudiar y trabajar. No son ideas nuevas ni imposibles de alcanzar. Un ejemplo de cómo funciona este sistema son las Manzanas del Cuidado implementadas por la alcaldía de Bogotá, en Colombia.
En Ecuador, desde 2021, existe el Plan Nacional de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ponerlo en práctica implica que se fortalezca el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos a nivel nacional y su estructura territorial descentralizada, al menos en los 45 distritos donde existen los Servicios de Protección Integral. Estos espacios brindan atención legal y psicológica, y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de violencia.
Pero más allá de atender a las víctimas, el Estado debe trabajar más en evitar que esa lista crezca. Prevenir la violencia contra las mujeres y niñas es la mejor decisión en todos los aspectos. Cada año, abordar los distintos tipos de violencia (entre atención y sanción), le cuesta al Estado 4608 millones de dólares.
En ese contexto, es clave recordar que el Ministerio de la Mujer fue creado en noviembre de 2022 para garantizar los derechos y promover la igualdad, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres.
En un momento tan complejo para el país, por la especialidad de las políticas de igualdad y de prevención de la violencia, el Ministerio de la Mujer exige un perfil técnico con experiencia e idoneidad en políticas públicas nacionales y locales.
Una especialista que sepa de planificación, protección social, descentralización, además de que pueda generar un diálogo político que permita convocar y movilizar a los otros ministerios, a la Asamblea Nacional, a los gobiernos locales, a la cooperación internacional y las organizaciones de mujeres de la sociedad civil.
La nueva Ministra no debería ser una cuota para cumplir con algún partido político.
Este perfil será el encargado de liderar equipos técnicos que hagan posible una acción coordinada urgente para hacer efectivas las políticas intersectoriales tales como el sistema de alerta temprana del femicidio, el registro único de víctimas de violencia, el programa nacional de prevención embarazo infantil y adolescente, entre otros. Todos orientados, siempre, a solventar las brechas de desigualdad y violencia que viven las mujeres y las niñas en el país.
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