Luis Córdova: “Que no haya ganado la extradición no quiere decir que la guerra contra las drogas se acabó en Ecuador”

No es un secreto: la extradición de nacionales ha sido, históricamente, una herramienta alineada a la estrategia de la guerra contra las drogas, impulsada en Ecuador, con el apoyo de Estados Unidos. Pero, luego de la pérdida de la pregunta estrella en la consulta popular por tres puntos porcentuales —el No ganó con el 51,54%—, surgen al menos dos cuestionamientos: ¿cómo perdió una pregunta a la que se le auguró la victoria? Y, ¿en qué posición queda Ecuador frente a su estrategia de seguridad y Estados Unidos? 

Y las dudas crecen aún más luego de la sorpresiva detención del ecuatoriano Wilder Emilio Farfán, alias El Gato, nexo de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, capturado en Pasto, Colombia, luego de 18 meses de investigación de la Policía ecuatoriana. 

Para el investigador Luis Córdova, docente de la Universidad Central del Ecuador y director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, hay mucho que analizar: desde la detención de El Gato, que pudo haber sido el primer trofeo de extradición, pasando por la inestabilidad política del gobierno actual y hasta la narcopolítica que, en Ecuador, tiene sus primeros indicios hasta casi cuatro décadas atrás, cuando un funcionario del gobierno de León Febres Cordero fue señalado por presuntos vínculos con el cártel de Medellín. 

La pérdida de la extradición de nacionales en la consulta popular fue la gran pérdida del gobierno, pero también una sorpresa para varios sectores.

No es un secreto que la extradición forma parte de la estrategia de la “guerra contra las drogas” a la que se ha alineado el gobierno. Después de los resultados, ¿en qué contexto queda el Ecuador?, ¿cómo comprender la derrota del referéndum? 

Yo empezaría explicando cuál es la lógica política de la extradición en el marco de la estrategia de la guerra contra las drogas. Tanto en México, Colombia y Centroamérica, Estados Unidos ha impulsado una estrategia que comprende tres elementos. 

Por un lado está la creación o fortalecimiento de unidades élite antinarcóticos en el interior de los cuerpos policiales. En Ecuador, esto ha avanzado muchísimo en los últimos 30 años. 

El segundo componente es una reforma institucional que, entre otras medidas, implica blindar a las fuerzas de seguridad para poder hacer investigación sin una autorización judicial. Aquello existe en Colombia y México, pero es también lo que se pretende impulsar en Ecuador con la Ley Orgánica de Seguridad Integral, aprobada a principios de 2023. 

El tercer elemento es, evidentemente, un componente que apunta a la ley penal: precisamente incorporar el concepto de la extradición. 

¿Por qué tiene una lógica política la extradición?

Porque en los distintos espacios donde se ha aplicado este mecanismo ha servido, fundamentalmente, como un instrumento de legitimación de la política de seguridad de los gobiernos.

Y hay un ejemplo reciente: lo hemos visto con la detención de alias Otoniel, el famoso capo del Cártel del Golfo, en Colombia. Ocurrió cuando el ex presidente Iván Duque estaba en el peor momento de aceptación electoral, a punto de terminar su mandato y a sabiendas de que el escenario político era muy adverso a las fuerzas del uribismo, de donde proviene Duque.

Casualmente, Otoniel, de quien se conoce que había tenido, al menos, siete anillos de seguridad, justo el día en el que lo detuvieron no estuvo rodeado de uno solo. Logran retenerlo y, lo que era un fracaso rotundo de la política de Iván Duque, se convirtió en el éxito mejor publicitado dentro y fuera de Colombia. Con ello, sellaron con “broche de oro” la exitosa estrategia de la guerra contra las drogas que seguía en Colombia. 

Ese mismo discurso, esa misma instrumentación política de la extradición a los grandes capos de los cárteles y las organizaciones delincuenciales se esperaba ejecutar en Ecuador. 

Y lo vimos también con la detención de El Gato Farfán, el 9 de febrero pasado, pocos días después de la votación de la consulta popular. Fue, precisamente, el timing político ideal para la instrumentación de esa extradición. 

Lo que se esperaba era que la pregunta en torno a la extradición triunfara para que se llevara a cabo la reforma que contemplaba. El Gato Farfán iba a ser el primer trofeo de la extradición en Ecuador. Y hubiese tenido un doble efecto de posicionamiento exitoso para el gobierno de Guillermo Lasso. 

Era una pregunta polémica. Pero incluso los analistas pensaron que la extradición ganaría, siendo la pregunta estrella del referéndum, ¿qué pudo haber fallado? 

Creo que el análisis es amplio, Para hacerlo corto, creo que, a nivel de gobierno, fracasa esta pregunta porque confiaron que era suficiente el trabajo mediático en la campaña en torno a la consulta popular. Pero, en su estrategia para supuestamente ganar y vencer, descuidaron el trabajo en territorio. 

Me parece que hubo un enorme vacío que no supieron llenar. Mientras, los otros partidos políticos, especialmente el correísta, el Movimiento Revolución Ciudadana, que tenía que disputar líderes locales en territorios, hizo lo suyo: convertir al referéndum en un termómetro de la adhesión o no con el gobierno. 

Y, claro, la pregunta no perdió tampoco en gran porcentaje, sino con tres puntos. La detención de El Gato Farfán fue parecida a la de Otoniel: llegó en un timing político clave.

El Gato siempre fue catalogado como un narco “invisible” y también estratégico, ¿cómo es que un capo como él es detenido en una vía abierta en Pasto y sin seguridad? ¿Cómo interpretarlo?

Debe interpretarse como un juego de espejos que construye esta guerra contra las drogas en los países en los que opera. Y ese juego se evidencia muy bien en el libro El Traidor, de la periodista mexicana Anabel Hernández, donde se cuenta el testimonio del hijo de El Mayo Zambada, el famoso líder del cártel de Sinaloa. 

¿Qué demostró? La investigación da cuenta, con lujo de detalles, que a principios de los años 2000, la DEA —Administración de Control de Drogas de Estados Unidos​— llegó a un acuerdo con el cártel de Sinaloa para que, a cambio de tener información de las operaciones de las organizaciones rivales del narcotráfico, le permitan al cártel de Sinaloa expandir su influencia a nivel regional y mundial. 

Es esa la explicación: tanto así que durante estos días se llevó a cabo, en Estados Unidos, el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México. Se han filtrado nuevas versiones de testimonios que muestran la enorme implicación del gobierno de Felipe Calderón con los grupos del crimen organizado. 

Entonces, lo que yo diría es que la detención de capos o estos líderes de estructuras criminales tiene mucho que ver con la forma en que se obtiene información con la inteligencia antinarcóticos. En la gran mayoría de casos, la información proviene de fuentes humanas de grupos rivales que brindan información suficiente para que las agencias policiales puedan ejecutar sus operaciones exitosamente. 

Eso no quiere decir que esté implicado al 100% el rol de las agencias policiales, pero sí quiero decir —y esto es fundamental— que hay que entender una lógica política detrás de esto. 

El momento en el que nos venden la idea de que deteniendo al capo y extraditándolo hemos dado un golpe significativo al crimen organizado es ocultar lo que está debajo de la superficie: cómo se mueve una estructura criminal manejando fundamentalmente dinero sucio. 

Lo que usted dice me recuerda a la rueda de prensa en la que se ofrecieron detalles en torno a la detención de El Gato Farfán, que tomó 18 meses de investigación, según la Policía ecuatoriana.

El ministro Juan Zapata repitió, al menos cinco veces, que El Gato era el máximo narcotraficante en Ecuador y pedía que la “prensa entienda que es el blanco de más alto valor para el Estado ecuatoriano”. Allí también hay una construcción de discurso, ¿no? 

Por supuesto. 

Y mira tú cómo ha venido siendo la lógica de creación del relato en torno al narcotráfico en Ecuador. La primera puerta que se abría—una vez que se hubiese aprobado la pregunta de la extradición— era la entrada a que comencemos a hablar de cárteles de droga en el Ecuador. 

Hasta este momento, el relato ha sido que los cárteles mexicanos han logrado crear nexos y tienen presencia en Ecuador. Pero el momento en el que tú tienes la capacidad de extraditar, tendrías también la opción de comenzar a identificar estructuras de cártel, de acuerdo con la narrativa de la DEA para identificar a los cabecillas. 

Y con eso, lo que haces es mostrar una escalada de la influencia y penetración del narcotráfico para también incrementar, justamente, la influencia y penetración de Estados Unidos: su asesoría y fortalecimiento de las agencias de seguridad del Ecuador. Me parece que ese es el elemento clave que se debe comprender. 

El otro que está también de por medio es cómo estamos procesando esta enorme violencia criminal derivada de la guerra contra las drogas. Porque, el momento en el que nos ofertaron en el referéndum la idea de que con la extradición se abría un instrumento potente para luchar contra el crimen organizado nos obligaron, como sociedad, a dejar de ver cómo funciona el lavado de activos que proviene del dinero sucio en el sistema empresarial y financiero. 

Pero, entonces, ¿qué se estaba buscando realmente con la extradición? Y lo consulto porque, para muchas personas, periodistas e incluso investigadores, la extradición, como figura, tampoco “le hacía mal” al país, habiendo ya países como Estados Unidos interesados a extraditar, más allá de que no lograra su promesa. 

Lo que me parece es que hay que entender que para países como Estados Unidos y las agencias federales que, además, tienen distintos intereses, y para la propia administración de justicia de Estados Unidos, hay fundamentalmente prioridades respecto a la política exterior. Es decir, no ejecutan ese tipo de detenciones de pedidos de extradición sin haber calibrado adecuadamente su política exterior. 

¿Cómo se evidencia? El ejemplo más claro, quizá, es la presencia del ex contralor Carlos Pólit en Miami. Pólit estuvo allí durante varios años antes de ser detenido en territorio estadounidense. Y fue capturado, precisamente, en un momento político coyuntural: cuando el gobierno de Guillermo Lasso se encontraba también contra las cuerdas luego de las masacres carcelarias más letales que hubo en Ecuador. Y, por lo tanto, la noticia de su captura levantó la atención de lo que significaba una posible delación de sus vínculos con el gobierno del ex presidente Rafael Correa. 

Recordemos, además, que en ese entonces varios políticos e incluso periodistas, decían: “ahora sí, Correa va a caer porque detuvieron al principal articulador de esta estructura criminal: el contralor de su gobierno”. Pero el resultado fue diferente: hasta hoy no ha habido delación alguna. No hay secreto conocido al punto que ni siquiera han podido mostrar cómo él realmente estaba vinculado.

Al contrario, él se declaró inocente, sometido a un enjuiciamiento y negociando para poder hacer exitosa su defensa. 

En Miami también estaba el ex ministro del Interior del correísmo, José Serrano, a quienes muchos le atribuyen ser el articulador de toda una estrategia mafiosa en el Ecuador. Sin embargo, él está libre y campante allí.

¿No se supone, entonces, que Estados Unidos está luchando para desarticular toda la estructura? 

¿Resultaría paradójico? 

Ese tipo de contrasentidos y de acciones paradójicas en el comportamiento de Estados Unidos solo se puede comprender cuando uno lee las acciones de lucha contra la corrupción que promueve su gobierno, vinculado a su política exterior. Lo que quiero decir es que dan estos golpes en la medida en que contribuyen a fortalecer su influencia en los países donde se asienta.

Otro ejemplo: si recordamos al protagonista de la investigación de El Traidor, de la periodista Hernández, el hijo de El Mayo Zambada, fue detenido y extraditado a Estados Unidos. Su proceso terminó en una libertad condicional a través de un acuerdo, dándole una identidad nueva a él y a su familia. 

¿Por qué se hizo? Porque, caso contrario, el Tribunal de Justicia que lo condenó hubiese tenido que escuchar con lujo de detalles cómo se armaron acuerdos y pactos entre el cártel de Sinaloa y la DEA.

Entonces, claro, si nosotros no seguimos los procesos y solo vemos la noticia de que lo han capturado al hijo de El Mayo, la imagen que se queda en nuestra retina es la del supuesto éxito en la política de seguridad. 

Pero quienes les hemos dado seguimiento, vamos notando que no es sino parte de una gran estrategia que, en algunos casos, resulta exitosa porque termina desarticulando estructuras criminales, pero también culmina siendo un círculo vicioso porque lo que hace es alimentar la necesidad de contar con esta guerra contra las drogas. 

Hablar de la guerra contra las drogas es también hablar inevitablemente de Estados Unidos. Hemos visto los efectos de su influencia en países como Colombia y México, pero, ¿cómo se traduce al contexto ecuatoriano?  

Creo que debemos pensar en dos cosas en las relaciones internacionales. Los Estados que no tienen un discurso propio terminan asimilando discursos ajenos. Y siempre ha ocurrido: cuando un Estado no desarrolla una política propia termina absorbido por los países que tienen mayor capacidad centrípeta como Estados Unidos en la región. 

Por eso es tan importante la cooperación regional entre Ecuador, Colombia y el resto de países de América del Sur y América Latina que sienten fuertemente los efectos del crimen organizado transnacional, para que desarrollen una estrategia propia. De esa forma, pueden calibrar sus relaciones con Estados Unidos. Y lo digo porque es evidente que no pueden aislarse de un relacionamiento con ese país. 

Creo que un buen ejemplo de eso es la estrategia propia de discurso que ha desarrollado el gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, que cambió la gramática del juego con Estados Unidos. Lo vimos cuando él dijo, durante su discurso en la ONU: “Nosotros ya no queremos hablar con Estados Unidos en el marco del discurso de la guerra contra las drogas, sino del cambio climático y queremos saber cómo Estados Unidos va a contribuir a la lucha contra el cambio climático para poder avanzar en un proyecto de cooperación bilateral”. 

Ese es un desafío enorme de los países en América del Sur, aunque aún parece muy difícil. 

Y Estados Unidos tiene también otros intereses. 

Es ese el segundo elemento: entender que la presencia de Estados Unidos en la región está dada por una serie de intereses muy complejos. Por ejemplo, pensemos en la minería ilegal del oro. 

La preocupación de Estados Unidos por promover una estrategia hemisférica para luchar contra la minería ilegal del oro tiene motivaciones razonables porque, en efecto, la minería ilegal está contaminando el ambiente, dañando los ecosistemas y alimenta el crimen organizado. Eso es indudable. 

Sin embargo, ese mismo país, en noviembre de 2022, a través del senador Robert Menéndez, el mismo proponente de la Ley de Asociación Estratégica entre Ecuador y Estados Unidos, presentó un proyecto de ley para una estrategia de lucha contra la minería ilegal de oro en América, en el hemisferio occidental.

En aquella estrategia se habla claramente de la necesidad de que todos los países se alineen a la política de Estados Unidos de lucha contra la minería ilegal para poder afinar una confrontación contra este crimen organizado transnacional. 

Si lo leemos aisladamente, parecería benigno y absolutamente digno de aplauso. Pero, lo que ocurre es que hace poco salía a la luz un informe del Centro de Estudios Estratégicos del Perú, escrito por un investigador de Defensa de los Estados Unidos, en el que demuestra con claridad cuál sería la implicación estratégica de América Latina ante un posible escenario de conflicto, frente a actividades militares chinas, enmarcadas en una posible lucha de China por Taiwán con Estados Unidos. En el informe, se insta a analistas latinoamericanos a anticipar cómo la región podría convertirse en un objetivo de lucha —privilegiado con sectores estratégicos— como resultado indirecto de la agresión de China contra Taiwán. 

Ahí uno observa que uno de los recursos clave de importancia en América Latina son, precisamente, las reservas de oro, tierra y nueva tecnología. 

Fíjate cómo, a medida que Estados Unidos oferta a países luchar contra la minería ilegal y el crimen organizado que está detrás; al mismo tiempo está interesado en concesiones importantes de minería de oro o litio, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, construye una estrategia tenaza: por un lado, oferta la zanahoria, y, por otro lado, garantiza el garrote (como promovía el expresidente Theodore Roosevelt con su política de El Gran Garrote)  y así logra promover sus intereses de manera cada vez más firme en la región. 

Y en países como el nuestro, los tomadores de decisiones no saben conectar estos dos elementos. Miran solamente el primero pensando que es un país, en teoría, benigno, que solo viene a darnos apoyo porque está muy preocupado por nosotros sin pensar que del otro lado, hay intereses claramente definidos. Creemos ingenuamente en su juego. 

Se ha hablado mucho de una supuesta presión del gobierno de Estados Unidos para concretar la extradición de nacionales en Ecuador.

La vocería del gobierno nos lo negó categóricamente, pero, siendo parte de la estrategia impulsada por Estados Unidos, ¿puede tener algún efecto en cuanto a la relación entre ambos países?

El gobierno de Ecuador tiene su propio margen de autonomía y obviamente sus canales de comunicación con la Embajada estadounidense para concretar acciones. 

La extradición es una pieza en la guerra contra las drogas aplicada a escala regional. Pero, ¿qué podemos esperar de lo que ocurra de aquí en adelante? 

Hay tres elementos clave para tomar en cuenta. El primer efecto fue el cambio de algunas fichas en el gabinete del gobierno. Si lo analizamos, se ha consolidado la presencia corporativa en el Estado. Es decir, ya el sistema de partidos está cada vez más socavado porque hay una enorme crisis de representatividad política. 

Es por eso, en parte, que el voto nulo fue mayoritario en estas elecciones. Por eso sigue habiendo descontento con los actores políticos. Y a esa crisis de representatividad se suma la crisis de legitimidad del Estado que, paradójicamente, contribuye a la idea de que se tiene que llevar fuera a un narcotraficante para que sea juzgado, porque si le juzgan en los tribunales ecuatorianos, sale libre al día siguiente. 

Es una línea argumental que contribuye a deslegitimar al Estado. Y es contraproducente porque lo que hacen es renunciar a la administración de justicia sobre una persona que delinque. Por lo tanto, no solo estamos diciendo que no podemos proveer de seguridad al Estado, sino que tampoco podemos proveer justicia. 

Y a eso se suma la inestabilidad política que cada vez se hace mayor. 

Entonces, es importante pensar, ¿qué ha pasado en los procesos de inestabilidad política en América Latina?, ¿cómo han logrado resolverla?

¿Cuáles serían las opciones para retomar la estabilidad política en Ecuador? 

Existen dos: un pacto político o un pacto redistributivo. 

El pacto político implica un acuerdo con los actores y las élites económicas para tener mayor presencia en los gobiernos. El pacto redistributivo, en cambio, es un acuerdo con la base social para entregar riqueza. Solo así, de alguna forma, se puede lograr mayor respaldo social y ciudadano. 

Bueno, viendo lo que hizo el gobierno con los cambios en su gabinete, se nota que optó por lo primero: un pacto político. Ya los interlocutores no son partidos y movimientos, sino que son directamente los grupos económicos y financieros. Por eso la presencia no solo ahora, sino desde hace tiempo atrás de, por ejemplo, Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior, ex presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, o Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, que fue presidente de la Federación de Cámaras Empresariales. 

Y ahora se ha sumado el expresidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, Francesco Tabacchi, que es el nuevo gobernador del Guayas. De hecho, fue esa misma Asociación quien hizo que el presidente Lasso se comprometa a autorizar el libre porte de armas para los ganaderos cuando él era candidato. Fíjate cómo van ganando presencia directa. 

También hay otro cambio significativo: el ingreso de Sebastián Correal, ex gerente de Teleamazonas, que ahora pasa a ser el secretario de Administración Pública. Me parece que aquellos cambios lo que buscan es reforzar vínculos con las élites, recomponer la correlación de fuerzas que le permitan tener mayor estabilidad, aunque la base social —es decir, la gente, la organización social— siga totalmente al margen de esta situación. 

Y podría funcionar, pero si es que la conflictividad social no crece y no estalla con protestas en las calles. Sin embargo, cuando solo se apuesta por un pacto político sin atender a lo social, es una medida de muy corto plazo. 

Las organizaciones sociales no lo han confirmado aún, pero la posibilidad de posibles protestas en las calles están sobre la mesa, ¿podría el gobierno sobrevivir o qué podría pasar con Ecuador? 

De haber un nuevo paro nacional o movilizaciones masivas en Ecuador, pienso que podríamos tener un escenario similar a lo que ha vivido Perú. Tanto la Policía como las Fuerzas Armadas ya tienen trazadas las líneas de un plan de sostenimiento al gobierno. A eso se suma el respaldo de las élites económicas. 

Yo creo que un escenario así sería enormemente peligroso, porque no vamos a ver el derrocamiento de un gobierno, sino probablemente, el conflicto y la violencia política que vemos en el Perú y que suma más de un centenar de muertos. 

Y quisiera hacer notar algo que pienso que tampoco se ha leído adecuadamente. Mucho se ha dicho sobre el sostenimiento del gobierno de Correa y su estabilidad política. Pero hay que comprender cómo se sostuvo.

¿Cómo entender la estabilidad en ese gobierno?, ¿optó por otro tipo de pactos? 

Ese gobierno logró balancear los pactos. Por un lado, hubo un pacto redistributivo para la base social, obviamente, entregando recursos. Luego, otro con los sectores medios de ascenso social, legitimando justamente eso: su posibilidad de ascenso. Y, por otro lado, un pacto político con las élites económicas, porque sí, lo tuvo. 

Lo que ha ocurrido con gobiernos como el de Moreno y Lasso es que no aprendieron de esa convergencia del  gobierno anterior y apostaron por una política económica fundamentalista que administra el Fondo Monetario Internacional. No da cabida para una redistribución a sabiendas del enorme golpe social que significó frente a los efectos de la pandemia y, claro, del paro nacional. 

Y no perdamos de vista el rol que ahora jugará el correísmo: con este barniz de legitimidad, buscará ser la organización política de la estabilidad para venderse como la mejor opción del gobierno. 

Quizá por eso, la prefecta reelecta, Paola Pabón, ha dicho, por ejemplo, que la ciudadanía ya no quiere paralizaciones, sobre los rumores de un posible nuevo paro nacional. 

Exactamente. Por eso creo que no hay que dejar de decirlo, porque incluso en la victoria de Aquiles Álvarez en Guayaquil se evidencia cómo se están abisagrando las élites económicas en el Movimiento de la Revolución Ciudadana. 

Pero hago este recuento y la explicación de la crisis en el gobierno  para llegar a este punto: en el contexto geopolítico de Estados Unidos con Rusia en el seno de la OTAN y el conflicto que tiene con China, lo que menos desea Estados Unidos son problemas de inestabilidad política en América Latina. 

Por eso, Estados Unidos tolera al régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua. Por eso, Estados Unidos tolera nuevamente a Nicolás Maduro —y desconoce a Juan Guaidó— para importar petróleo. Tampoco tiene ningún problema con el gobierno de Bolivia, pese a que está en una enorme conflictividad con varios sectores, porque ya ha entregado litio. 

Lo mismo ocurre con el gobierno peruano de Dina Boluarte: le sigue dando legitimidad, pese a la violencia y las muertes. 

Es decir, lo que priorizará Estados Unidos en el mediano y largo plazo es la estabilidad política a toda costa. Y si es que aquí en el Ecuador es suficiente una vía coercitiva para garantizar esa estabilidad, van a apoyarlo. 

¿Quiere decir, entonces, que detrás de gobiernos como el de Lasso hay estrategias aún más pensadas para que sigan sosteniéndose?

Me parece bastante ingenuo creer —aunque está debilitado y políticamente deslegitimado— que el gobierno de Guillermo Lasso será fácilmente derrocable porque hay un bloque hegemónico de las élites que lo respaldan, que están con el gobierno y que, además, están pendientes de disputarse los negocios más rentables del país. 

Y no solo hablamos de la minería —porque está pendiente volver a abrir el catastro minero—, y no solo el petróleo y el gas. Sino que, en mayo, por ejemplo, se tienen que renegociar los contratos de la telefonía celular que, probablemente, es el negocio más rentable que existe en el Ecuador. Nosotros somos, además, el país con más cantidad de celulares per cápita en América Latina. 

Actualmente, el gobierno de Lasso resulta ser uno perfectamente alineado a los intereses de Estados Unidos. Por ello su cobertura, por eso su asesoría. No es una coincidencia que en diciembre de 2022, el Embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, haya hecho alusión a los “narco jueces”. Lo mismo hizo dos años atrás con los “narco generales”, sin presentar evidencia alguna. 

Esa fue una estrategia mediática bien implantada. Por eso, luego de la pérdida de la consulta, el gobierno también salió de forma patética a anunciar su gran anuncio de denuncia contra jueces.

¿Te imaginas el impacto mediático que hubiese tenido? Pero les salió mal. Pensaron que iban a ganar. 

Y el conflicto es que, más allá de la pérdida del gobierno en la consulta, aún no hay una salida a la crisis política que vive el país y mucho menos estrategia de seguridad sólida, ¿qué le espera a Ecuador? 

La tendencia de incremento de las muertes violentas va a continuar. Eso no va a cambiar porque, mientras crezca la espiral de violencia, hay suficiente justificación para el pertrechamiento de las agencias de seguridad del Estado ecuatoriano. Aquello va a permitirles ganar tiempo hasta que logren concretar la llegada del armamento, tecnología y asesoría israelí. 

Me parece enormemente probable que, entre esa tecnología, llegue el programa Pegasus. Con ello, los israelíes estarían proveyendo a la seguridad ecuatoriana y, con el acuerdo que han logrado posicionar para crear una nueva escuela de inteligencia israelí  en Ecuador. De esa manera, se reconstituiría el sistema de inteligencia. 

Y, ¿cuál sería la implicación directa de una posible aplicación del programa Pegasus en Ecuador?

Lo que tendríamos es una enorme posibilidad por parte del gobierno de neutralizar a sus oponentes y ya no en las calles con represión, sino infiltrando sus telecomunicaciones para deslegitimados. Y con eso, claro, restar la posibilidad de un estallido social que amenace la estabilidad del régimen.  

De haber ganado el sí, seguramente el gobierno ya hubiese enviado su veto a la Ley de Seguridad Integral y, a partir de esa ley, se podía legitimar la figura del agente encubierto informático. Es decir, realmente en Ecuador podría tener cabida el programa Pegasus. 

Luego está, tal como lo anticiparon ustedes como medios, la militarización de 11 concesiones mineras para evitar que los comuneros bloqueen la explotación. Ya no necesitan hacerlo, porque esta nueva ley acaba de crear la posibilidad de que se creen cláusulas de seguridad en todos los contratos de concesiones. Aquello permite que haya una garantía de inversión extranjera para que cualquiera quiera invertir aquí, pues el Estado les garantiza que va a poner militares y policías las veces que sean necesarias para garantizar su inversión. 

Y en el tejido de esos intereses, hay aún un eje puntual del que se habla a vox pópuli, pero a la vez se omite en acciones concretas: la narcopolítica, que ahora es más visible, ¿Ecuador podrá combatirla? 

Recuperemos la memoria, porque nos permite entender que estas lógicas son de largo plazo y que tienen que ver con la forma en la que se tejieron relaciones bilaterales con Estados Unidos. 

Miremos la edición del 8 de abril de 1988 —página 11— de Revista Vistazo. En ella, se denunció lo que se publicó en un diario estadounidense: que Joffre Torbay Dassum, ex secretario general de la administración de León Febres Cordero, tendría vínculos con el cártel de Medellín como agente financiero para lavar narcodólares. En Ecuador, no se le dio seguimiento al caso. Pero si eso fue así, sería un indicio claro de que la narcopolítica empezó ya en el gobierno de Febres Cordero. 

Pero no solo es el único dato enormemente preocupante, sino que en esa misma revista, en septiembre de 1989, se publica un reportaje que se titula La Conexión Israelí. Allí se menciona el vínculo que habría tenido Ran Gazit, el famoso asesor israelí, miembro de las Fuerzas Especiales Israelíes, contratado por el gobierno de Febres Cordero para desarrollar su lucha contrasubversiva contra los Alfaro Vive Carajo. En ese texto, se menciona que Yair Klein, el exmercenario israelí, fue el mismo que entrenó a los sicarios del cártel de Medellín durante el mismo período en el que Ran Gazit fue asesor de seguridad de Febres Cordero.

Mientras el Gobierno en aquel entonces de Febres Cordero había construido el relato de la guerra contra “los terroristas” o “los delincuentes”, los “subversivos”,  desde el propio gobierno es muy probable que ya estaban vinculados a redes de narcotraficantes haciendo lavado de dólares. Pero, mira, como esto pasó desapercibido, nadie le puso atención porque la prioridad era la lucha contra los Alfaro Vive. 

De haber ganado el sí, estaríamos ahora preocupados por quién sería el primer extraditado. Luego el segundo. Y los medios se llenarían de perfiles de esos cabecillas.  Quizá no lo saben, pero así nos despistan del fondo, porque se invisibilizan las nuevas redes de crimen organizado que deben estar tejiendo. Que no haya ganado la extradición no quiere decir que la estrategia de la guerra contra las drogas se acabó. Tienen aún mucho oxígeno por delante.