Son cuatro las principales exigencias que el Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles le hace al Estado ecuatoriano, en la medida cautelar que presentaron el pasado 3 de noviembre de 2022 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La primera, la garantía de la vida de las personas presas. La segunda, información oportuna e inmediata; de ahí, la adopción de medidas que eviten la violencia, así como la contención emocional para sus familias. 

Esta medida se presenta luego de que el 1 de noviembre se dieran más de mil traslados desde la Penitenciaría del Litoral, la prisión más violenta del país, a otras cárceles de Ecuador.



Última Actualización: 7 noviembre, 2022
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Esta medida se presenta luego de que el 1 de noviembre se dieran más de mil traslados desde la Penitenciaría del Litoral, la prisión más violenta del país, a otras cárceles de Ecuador.

Los traslados realizados en la Penitenciaría, alertados por las familias y presos desde la noche del 31 de octubre, desataron 18 atentados y ataques contra dependencias policiales, agentes, centros de salud y gasolineras en Esmeraldas, Guayaquil y Durán, el mismo 1 de noviembre. Días después, se extendieron a ciudades como Quevedo y Santo Domingo.

En la Penitenciaría del Litoral —donde estalló la novena masacre carcelaria el 5 de octubre de este año— también explotó de nuevo la violencia: dos personas presas fueron asesinadas, ocho fueron heridas entre el 1 y el 3 de noviembre, cuando se dio un operativo militar y policial que intervino en el pabellón 2 de la Penitenciaría.

10 familiares firmaron la solicitud de medida cautelar, un mecanismo de protección de la CIDH en el que —como ha hecho el Comité— se exige a un Estado que garantice la protección de una o más personas que estén en una “situación grave” y urgente de sufrir “un daño irreparable”. Y está suscrita por el Comité, el Comité Permanente para la Defensa de los Derecho Humanos de Guayaquil, la Alianza por los Derechos Humanos y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad.

Por ahora, los traslados continúan. El 7 de noviembre, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que se han hecho cerca de 2.500 reubicaciones desde la Penitenciaría del Litoral y la cárcel regional de Guayas, asentadas en el mismo complejo carcelario.

Las principales exigencias, detalladas

De acuerdo al documento presentado, estas son las exigencias presentadas a la CIDH:

  • Que el Estado garantice espacios de contención emocional y médica a las familias de las personas privadas de la libertad que se encuentren a los alrededores de los centros penitenciarios que exigen información.

  • Que se establezcan mecanismos oficiales, integrales y directos de transferencia inmediata de información sobre la situación de parientes de personas presas, a sus familias.

  • Que se garantice la integridad personal y la vida de las personas privadas de la libertad, así como el restablecimiento del orden y control en los centros penitenciarios por parte del Estado ecuatoriano para evitar un daño grave a la integridad personal y vida de sus familiares.

  • Que el gobierno ecuatoriano informe —dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de ingreso de la solicitud (3 de noviembre)— sobre la adopción de medidas y actualice dicha información en forma periódica.

¿En qué se sustentan las exigencias al Estado ecuatoriano?

En el documento del Comité —enviado a la CIDH— las familias hacen un recuento de los traslados y la violencia en las calles, corroborados por GK.

Aunque los traslados realizados en la Penitenciaría del Litoral se concretaron el 1 de noviembre —también se confirmaron ese día—, las familias fueron alertadas desde las ocho de la noche el 31 de octubre de 2022. GK confirmó que los traslados se harían por una fuente de la Defensoría del Pueblo, una institución que no acompañó los traslados, dijo, por falta de presupuesto y personal.

Desde las ocho y media de la noche del 31 de octubre, las familias se instalaron en vigilia en la Penitenciaría. Exigían respuestas de las autoridades sobre sus familias. Además, pedían que los traslados se hicieran de forma técnica, pues en un contexto de violencia, reclamaban, llevarlos a otra prisión los pondría en riesgo. “A pesar de que de manera insistente las familias exigieron que les brinden información sobre el objetivo de los traslados y las garantías del derecho a la vida del mismo, ningún funcionario público pudo otorgar una respuesta”, dice el Comité.

Durante esa noche, las familias veían ir y venir de la Penitenciaría a decenas de buses. “Rompían llanto y en algunos casos llegaron a desmayarse por lo que se llamó 4 veces al Ecu 911 (línea de emergencia) y en ningún momento acudieron a dar una contingencia médica. Y es así como por más de 10 horas, decenas de familiares se concentraron a las afueras de la Penitenciaría del Litoral exigiendo información sobre lo ocurrido y rechazando que movilicen a sus parientes”, reclaman las familias en el documento.

A las once de la noche, en la cárcel de Esmeraldas, varios presos —que dijeron ser miembros de la banda Los Tiguerones— retuvieron a siete agentes de seguridad penitenciarios como “protesta” contra traslados que se harían, supuestamente, en los pabellones 8 y 9. Dos horas más tarde, los primeros once atentados estallaron en Esmeraldas y Guayaquil.

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Pasadas las siete de la mañana, el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó los primeros 200 traslados. Horas después, dijo que hicieron en dos pabellones: el 5 y el 2. No eran solo 200, sino 1002. En la petición de medida cautelar, el Comité dice: “no se conoce quienes han sido trasladados y a qué lugares, hecho que en sí mismo constituye un riesgo para las personas privadas de la libertad quienes se encuentran incomunicadas”.

Horas más tarde, el mismo 1 de noviembre, el SNAI confirmó que los presos fueron llevados a dos prisiones: El Rodeo, en Manabí, y la cárcel regional, en Guayaquil.

Pero no todos los traslados fueron consensuados. La medida cautelar también cita el testimonio de una familiar recogido por GK: “Vea, lo único que mijo me dijo es que entraron [los policías] a sacarlos. Él no quería ser trasladado, porque teme que lo maten. Ya se ha salvado de dos atentados y se ha despedido de mí todas esas veces. Ese gobierno no sé qué plan tiene, pero en su guerra se van a llevar a todos”, dijo Lucía.

Durante el 2 y 3 de noviembre, los traslados continuaron. Sin embargo, las familias no recibieron —ni aún reciben—, reclaman, información oportuna.

¿Qué es el Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles?

El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles es una organización que reúne a las familias de varias de las víctimas de las masacres carcelarias, sobre todo, de la tercera matanza en la Penitenciaría del Litoral, el 28 de septiembre de 2021. Aún sin conocerse, los familiares decidieron unirse por la memoria de sus hijos, padres y esposos, pero también por las personas presas que aún viven confinadas en las 36 prisiones que existen en Ecuador. Así nació el Comité, el 30 de abril de este año.

Han pasado casi seis meses desde la creación del Comité y la organización se ha consolidado como una vocería potente por la reivindicación de los derechos de las personas presas: su derecho a la vida, a la dignidad, al acceso a la salud, a la educación, a un proceso de rehabilitación eficaz. 

Acompañado de organizaciones como el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad (Rimuf), el Comité llevó a cabo el Tribunal Popular por Justicia en Cárceles, el 9 de septiembre de este año.

Un tribunal popular no tiene una vinculación estatal y se hace fuera de la formalidad penal. Es, más bien, un tribunal de opinión que deviene en sentencias simbólicas de reparación para víctimas de vulneraciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El 9 de septiembre, los jueces populares Ramiro Ávila Santamaría, Gina Benavides y Evelyn Solari responsabilizaron al Estado ecuatoriano por las masacres carcelarias y las muertes documentadas en medio de los enfrentamientos. Durante la audiencia popular, que se instaló en uno de los auditorios de la Corte Provincial del Guayas, las familias subieron al estrado para contar cómo sus familiares se despedían antes de ser asesinados, cómo reconocieron sus cuerpos y la falta de respuestas de las autoridades.

Las familias aún esperan subir al estrado de una audiencia penal y formal dentro del sistema de justicia ecuatoriano, que reconozca a algún responsable por los más de cuatroscientos asesinatos.

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Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.
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