Al pie de la reja metálica lateral de la cárcel de Cotopaxi, en Latacunga, Elena*, de más de 50 años, se desmayó de tanto gritar.

Eran las dos de la tarde de un martes frío, y Elena, vestida con una chompa morada y su cabello ligeramente recogido con una liga, golpeaba una barrera alambrada que la separaba de aquella prisión. Un día antes, el 3 de octubre de 2022, 16 personas habían sido asesinadas y otras 43 resultaron heridas allí, donde su hijo Javier cumple una sentencia. Con el ruido de la reja de dos metros de alto, Elena esperaba decirle a su hijo que ahí estaba. 

Elena no estaba sola. Más de 200 madres, esposas, hijas —entre adolescentes y menores de edad—, padres, primos y amigos se aferraron a la misma reja. No sabían si su familiar estaba vivo o muerto. Nadie respondía: por eso exigían respuestas, una evidencia de vida. Pero ningún funcionario salió durante las primeras 24 horas.

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Del otro lado de aquella reja, algunas mujeres presas, desde el techo de los pabellones, gritaban: ¡estamos bien! Pero a esa distancia era difícil saber quiénes eran. 

Hombro a hombro, los familiares elevaban el mismo reclamo —“¿Dónde están nuestros hijos?, ¿están vivos?, ¿están bien?”— con la esperanza de que los escucharan los presos, confinados por rejas celestes de más de siete metros con alambrado electrocutante. 

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Elena llevaba dos días sin saber nada de Javier. Supo por las redes sociales que la masacre había comenzado a las dos de la tarde del lunes. Supo que los cuerpos, algunos descuartizados, fueron quemados frente a más de cinco policías que caminaban hacia otro pabellón en lugar de conservar los restos, como lo confirman imágenes que me llegaron al celular, y han circulado en grupos de Whatsapp. Supo que los enfrentamientos habían llegado a los pabellones de mínima y mediana seguridad, donde Javier había sido trasladado hace pocos meses. Supo, entonces, que su hijo podría haber sido uno de los asesinados.

Mientras Elena gritaba, ya habían pasado más de 24 horas desde que las personas presas alertaron sobre el comienzo de la masacre. Pero para ese día y hora, martes 4 de octubre a las 3 de la tarde, la lista de fallecidos no era pública —como no la ha sido en ninguna de las otras siete masacres carcelarias entre 2021 y 2022.

Lo poco que sabían era que una de las víctimas era Leandro Norero, un ecuatoriano de 36 años que nació en un suburbio empobrecido de Guayaquil y se convirtió en un narcotraficante clave en operaciones criminales entre empresarios y políticos.

El discurso del gobierno —de nuevo— se repite: el comienzo de la octava masacre, al igual que las siete anteriores, responde, según las autoridades, a la reestructuración de las bandas narcodelictivas dentro y fuera de las cárceles. Los nombres, las bandas y los ‘alias’ se juntan, se quiebran. Y la fórmula para justificar la violencia sigue siendo la misma: «las disputas», «los ajustes». No la corrupción. No su falta de respuesta. No su abandono. Pero a las familias esa explicación no les alcanza. 

“¿Qué va a decir? Váyanse a la mierda con sus bandas. Vengo de la comunidad a que se burlen en mi cara”, increpó una madre indígena, que había llegado desde una comunidad rural, a un policía que estaba del otro lado de la reja. 

Ella llevaba solo una chalina morada estaba acompañada de su hija de 18 años. Dijo que esperaba noticias de su hermano que cumple su condena de 24 meses en el pabellón de mínima seguridad. Ambas —tomadas de las manos— caminaron y se unieron al cordón de familiares de los presos que ocupaba más de veinte vallas que cercaban el ingreso a la cárcel —que abrió en 2014 y alberga a 4.982 personas presas. 

Al costado de la reja que Elena y otros cientos de familiares no abandonaban, más veinte policías —con sus uniformes verdes y agentes del Grupo de Operaciones Motorizados— y militares custodiaban el ingreso a la cárcel. Entre las doce y dos y media de la tarde, al menos dos tanques ingresaron con más de 300 militares. 

Entre gritos y reclamos de las familias, hubo un estruendo. Segundos después, hubo silencio. Y luego comenzaron a verse y escucharse bombas lacrimógenas que confirmaban que, contrario a lo que el gobierno había anunciado en televisión nacional apenas dos horas antes, no tenía el control de la cárcel. En medio del caos, internos que habían sido aislados luego de la matanza intentaron entrar a la zona de visitas mientras que empleados de la cocina y administrativos salieron en estampida de la prisión. 

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Elena no sabía que una reja le permitiría ver durante algunos segundos a su hijo Javier. Nadie lo sabía hasta que —por una fuente carcelaria— supieron que habría traslados de presos: 135 internos serían llevados a distintos centros carcelarios en el país, entre ellos la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta de Ecuador, donde, hoy, de nuevo, hubo una balacera. 

Hasta las dos de la tarde esa era la única certeza que tenían los familiares que seguían agarrados de la reja. Ansiosas por el anuncio, de un brinco y, desesperadas, se levantaron para correr hacia la malla lateral derecha de la prisión: querían intentar ver algo más. En la desesperación, intentaban esquivar los huecos de los pastizales; algunas madres se caían, otras las tomaban de los brazos para levantarlas. 

Cuando llegaron, allí estaban los más de 150 presos de pie, dentro de la prisión, por donde ingresan los camiones que abastecen al economato —una tienda que vende snacks, frutas, pasta de dientes, cepillos, shampoo. 

Los familiares, que habían estado horas agarrados de una reja, se aferraron a otra que los separaba —además de un césped seco— de los internos.

—¡Rómulo!, decía una madre mientras contenía el llanto. 

—Javi, mijo, ¿eres tú?, repetía Elena. 

—¡Mauro, deja verte!, gritaba una joven con un hijo en brazos. 

—Arturo, mi amor, ¡Arturo!, decía una joven de cabello rojo. 

—¡Jairo!, replicaba una señora de más de setenta años.

—Ismael, ¿eres tú?, preguntaba una mujer, entrecerrando sus ojos para intentar reconocerlo.

Los presos —algunos con su camiseta naranja, el uniforme que usan desde 2014, y otros con retazos de tela— saltaban, quizás de emoción, quizás de desesperación. Ellos también se aferraban a la reja, otra distinta a la que cogían sus familias, para sacudirla. 

Un joven de cabello ondulado limpiaba sus lágrimas con su mano derecha. Su compañero, más alto, saludaba esperando una respuesta. Desde el otro lado de la reja, gritaban al mismo tiempo:

—Mamita, ¿eres tú? 

—Tranquilos, ¡estamos bien!

—Les queremos, familia

—¡Ya pasó, ya pasó! 

Un padre reconoció a su hijo Andy a través de la reja. En silencio, se soltó de la malla de aluminio, dobló sus piernas y se abrazó a ellas. Andy le dijo a su padre, y todos escuchamos: “no llore papi, no llore”. Él respondió, bromeando: “tu mami está llorando, no yo. Cuídate, mijo”.

Elena todavía no lograba encontrar a Javier. Mientras lo buscaba, cinco policías llegaron en sus motocicletas para exigir que las familias dejaran el lugar. “La información se les está entregando en el ingreso a la cárcel”, dijeron como respondiendo a los pedidos: de saber si sus familiares estaban vivos, de saber si iban a ser trasladados, de saber algo sobre ellos. 

“Solo queremos saber si nuestros hijos están bien”, le contestó una madre. 

Mientras algunos presos intentaban hablar con sus familias al otro lado de la reja, uno de los agentes dio la orden de activar las alarmas de sus motocicletas. 

—-¡Piiiiiiii!, ¡piiiiiiiiii!, ¡piiiiiiiiiiiiii!, sonaba aquel sonido agudo ensordecedor. 

Elena, devastada por la incertidumbre, se acercó a los policías y les pidió que la dejaran estar allí hasta que pudiese ver a Javier. Los policías no le respondieron, siguieron con sus alarmas e intentaban desalojar a las familias con las motos. 

Elena, agotada, se desmayó. Ningún policía se bajó de sus motos para ayudarla. Mientras seguía sonando la alarma, otra familiar sacó una carpeta amarilla y la ondeaba para darle aire a Elena. Otra mujer, que ocultaba su rostro con una chompa de cuadros amarillos, le sostenía la mano derecha a Elena. Una joven madre también dejó en el piso unas fundas para levantar la espalda de Elena. 

“Los presos están tranquilos. Ustedes son las que les alteran. Váyanse de aquí o seguimos” [con la alarma], increpó el agente. 

Las familias, acorraladas, tuvieron que irse. Elena, insistente, volvió una hora después, casi a las cuatro de la tarde, y vio a Javier a través de la reja que se prometió no soltar. Desde allí, donde los policías le habían prohibido estar, se volteó para avisarnos a quienes la veíamos desde lejos que, finalmente, Javier la había visto también. 

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Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.
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