Treinta y tres años han pasado desde que se adoptó el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Desde entonces, esta norma internacional —único tratado legalmente vinculante sobre este tema que, entre otras cosas, garantiza el derecho de estos pueblos a un trabajo decente— ha sido la principal guía de gobiernos, organizaciones de trabajadores, empleadores y pueblos indígenas para avanzar en la construcción de condiciones que garanticen su justicia social. A pesar del progreso logrado —se han creado instituciones especializadas para tratar temas indígenas en diferentes países—, los pueblos y nacionalidades en la región siguen siendo afectados de manera desproporcionada por la desigualdad y la exclusión. 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe viven más de 54 millones de personas indígenas. Esto representa el 8,5 % de la población regional y supera en número a la población total de países tan grandes como Argentina, Perú o Colombia. Sin embargo, los indígenas constituyen casi el 30% de las personas en situación de pobreza extrema.

Aún hoy, en la región, son uno de los grupos con menos oportunidades para acceder a un empleo de calidad y tienen un 31,5 % más de probabilidades de trabajar en la economía informal que los trabajadores no indígenas. En el caso particular de las mujeres indígenas, el 85% de ellas trabaja en la informalidad. Además, el salario de mujeres y hombres indígenas con empleo remunerado es un 31% inferior al de los trabajadores no indígenas. 

Las ocupaciones tradicionales, actividades empresariales y sistemas de producción de los pueblos indígenas no han sido históricamente reconocidos, protegidos ni promovidos. Tampoco se han hecho esfuerzos por incluirlos en el diseño de políticas públicas para promover el empleo y emprendimiento, teniendo en cuenta, por ejemplo, la incorporación de lenguas indígenas. Sumado a esto, está la pérdida de acceso a las tierras y a los recursos naturales, la degradación de sus suelos y las presiones del cambio climático obligan a las poblaciones indígenas —especialmente a las mujeres y los jóvenes— a migrar hacia zonas urbanas, sin herramientas suficientes que les permitan acceder a empleos de calidad. 

La crisis producida por el covid-19 solo ha servido para profundizar más las brechas que aún persisten. A tan sólo ocho años de la fecha para cumplir con la Agenda 2030 —el plan de acción mundial para conseguir un desarrollo sostenible tomando en cuenta 17 puntos clave—, la región no podrá alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se ha comprometido, si no se ponen en marcha medidas urgentes y sostenidas para el impulso al empleo y el emprendimiento de las personas indígenas. De esta manera se podrá garantizar su acceso a un trabajo decente, con protección social accesible y de calidad.

La convicción de no dejar a nadie atrás compromete, además, a todos los países a redoblar sus esfuerzos para promover el acceso a los derechos que el Convenio 169 reconoce, como el derecho a mantener y fortalecer las culturas de los pueblos indígenas y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que los afectan. En línea con lo que plantea este Convenio, los países deben crear nuevos desarrollos legislativos y fortalecer los mecanismos institucionalizados existentes para, entre otras cosas, garantizar los procesos de consulta previa y el derecho que tienen estos pueblos de decidir sus prioridades de desarrollo. 

La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cada 9 de agosto, nos conmina a reconocer a los pueblos indígenas como protagonistas y socios clave para lograr una “recuperación centrada en las personas que sea inclusiva, sostenible y resiliente”, como lo detalla la OIT. El Convenio 169 de la OIT sigue siendo una herramienta eficaz para avanzar en esa dirección, impulsando la justicia social y promoviendo el trabajo decente para los pueblos indígenas.