En julio de 2012, el cuerpo del subteniente de policía César Coronel Olivo fue hallado en el cuartel policial de la ciudad amazónica de Lago Agrio, capital de la provincia de Sucumbíos. 

Según la versión oficial, se trató de un suicidio. Pero la familia de Coronel asegura que se trató de un asesinato encubierto como un suicidio. 

Un reportaje publicado en GK en 2018 reveló que, en efecto, el caso fue cerrado con demasiada premura, pues existían varias aparente inconsistencias en aseverar que fue un suicidio. 

Algunas inconsistencias

La familia Coronel y sus abogado dicen que el parte que se levantó tras hallar el cadáver de su hijo tiene inconsistencias. Por ejemplo, el informe dice que la postura del cadáver era “decúbito lateral derecho”, pero en las fotos se puede ver que está sobre su izquierda. 

En un parte posterior, del 21 de julio, se habla de una “falla de digitación” y se corrige la postura. 

El informe dice que el disparo salió de una pistola Glock 9 milímetros, pero no se especifica quién era su dueño. Además, si Coronel estaba franco (es decir, gozando de un día libre), como asegura la Policía, debía haber entregado la suya el día anterior, antes de salir.

“Hicieron la reconstrucción con un hombre diestro, mi hijo era zurdo. Con las almohadas encima, el hombre no podía agarrar bien el arma. De lo que yo he investigado, esa pistola Glock para salir un disparo, tiene que estar bien agarrada, si no, se traba”, dijo César Coronel padre para el reportaje publicado en GK en 2018.

También llamó la atención que, dentro del cuartel en el que se hizo el disparo, nadie escuchó nada y que la postura en la que Coronel fue encontrado sin vida, era aquella en la que él solía dormir. 

Según la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando se hizo esa reconstrucción de la muerte de Coronel Olivo, las paredes de la habitación de César Coronel habían sido pintadas: ya no daba resultado la reconstrucción de la escena con luminol, un compuesto químico para detectar sangre y otros fluidos sobre distintas superficies. 

La denuncia dice, además, que el piso de la habitación estaba mojado, como si hubiese estado inundado, un detalle que no consta en el Informe de Inspección ocular hecho por la Policía Judicial, por orden de la Fiscalía y firmado por el perito, el teniente Diego Hernández.

Los Coronel enumeraron ante el órgano regional las inconsistencias del caso de su hijo: no se levantaron rastros dactilares en la pistola —que entró a la cadena de custodia pero no se investigó si fue entregada o no por Coronel antes de, supuestamente, salir franco. Tampoco se habría investigado la trayectoria de la bala, ni la empuñadura del arma, ni la distancia del disparo. 

A eso se suma que el pase a Sucumbíos le fue dado a Coronel de forma irregular. Daniela Salazar, en ese momento abogada de la familia, le dijo a  GK en 2018 que Coronel fue trasladado a la provincia amazónica como una retaliación por haber terminado una relación sentimental con la hija de lo que Salazar llamó “una persona de alto nivel”.

“Siempre hubo mucho hostigamiento hacia él después de haber terminado esta relación y nunca se investigó si es que eso pudo haber generado un acto de violencia contra él”, dijo Salazar. Explicó que, además, Coronel habría sido testigo de delitos cometidos por sus pares, que llevaban con frecuencia prostitutas al cuartel. El Subteniente habría tenido evidencia de presunta trata de mujeres en las que habrían estado inmiscuidas personas de las fuerzas a las que él pertenecía. Salazar vio ahí potenciales motivos.

César Coronel tenía 27 años cuando murió. Su familia aún espera que se investigue el caso. Fotografía de la familia Coronel Olivo.

Además, las versiones entregadas por policías que compartían el cuartel con Coronel fueron contradictorias. A la pistola del supuesto suicidio no le tomaron los rastros dactilares. En ella solo aparecía la huella del pulgar izquierdo, y la mano derecha se encontraba absolutamente imposibilitada de disparar. 

En su denuncia ante la CIDH, los Coronel dicen que “esa situación nos lleva a presumir que el arma fue superpuesta en la mano derecha, con el fin de alterar la realidad de los hechos”.

Habría, además, cuatro rastros (máculas de sangre, huellas, marcas de zapatos) en la superficie de las ventanas corredizas del cuarto de César Coronel que no fueron analizados, según reconoció el informe del Ministerio del Interior. Por último, el informe que se entregó a la familia no incluye en sus 53 páginas el informe completo del perito Roberto Meza, contratado por el gobuerno para hacer un informe sobre el caso. 

A pesar de todas esas poténciales inconsistencias, la Fiscalía archivó el caso definitivamente el 14 de mayo de 2013, diez meses después de la muerte de Coronel, porque consideraba que no había suficientes elementos para considerar un homicidio. Pero la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito tomó el caso, y los Coronel presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH).

La comisión creada por el Ministerio del Interior y el informe del perito Roberto Meza 

La inconformidad con la forma en que se llevaban a cabo las investigaciones hizo que la familia Coronel buscara a varias autoridades de gobierno. Entre ellas, a José Serrano, quien en esa época era ministro del Interior y, por lo tanto, era el jefe político de la Policía Nacional. 

Serrano, dicen, les ofreció crear una comisión técnica para investigar lo que había sucedido. Además, les dijo que un perito extranjero vendría para determinar si había sido un suicidio o un asesinato. 

El perito que llegó era Roberto Meza, posteriormente célebre por el caso del  general Gabela, otra muerte que no ha sido esclarecida.

La comisión se creó en junio de 2013, casi un año después de la muerte de Coronel Olivo.  En 30 días, se suponía, la comisión debía presentar un informe pero no lo hizo. 

La familia tuvo que interponer un recurso constitucional para acceder al resultado de la investigación, pero el Ministerio del Interior interpuso varios recursos legales para evitar entregar los documentos. 

En marzo de 2015, un año y medio después de creada la comisión y dos años ocho meses después de la muerte de César Coronel, la Corte de Pichincha ratificó la sentencia del Juez de Garantías Penales dictada tres meses antes: el Ministerio debía entregar lo solicitado en ocho días. 

Pero el informe fue recién entregado el 28 de julio de 2017, dos años después de creada la comisión. 

¿En qué estado está el caso en la CIDH?

Gabriela Flores, abogada de los Coronel, 

dice que el proceso en el Sistema Interamericano, que incluye a la Comisión y la Corte Interamericana, es un proceso largo, que puede durar hasta 15 años. 

Ahora, el proceso está en la Comisión, ante la cual se da la fase en la que se evalúa si el proceso cumple con los requisitos para pasar a la Corte. En este momento hay tres fases, dice Flores. 

La primera, es la fase de estudio —que suele durar entre 4 y 5 años, dice Flores. En ella, la Comisión analiza los requisitos para admitir el trámite. 

El caso ya superó esa fase y también superó la segunda fase que es la de admisibilidad —en la que se evalúa, por ejemplo, que se hayan agotado los recursos legales internos. 

La Comisión dio un informe favorable en esa etapa. Es decir, aceptó el trámite para la tercera fase, en la que se halla en este momento. 

En esta tercera fase, la defensa de Coronel preparó un documento —remitido en mayo pasado, dice Flores— en el que se explica cómo se habrían  vulnerado los derechos de Coronel y su familia. “Ahora estamos esperando que ese documento sea compartido al Estado ecuatoriano y emita un pronunciamiento”, dice Flores. Explica que después de eso, la defensa de Coronel podrá  responder al Estado. Una vez agotada esa instancia, la Comisión tendrá que pronunciarse sobre si el caso se admite o no a la Corte Interamericana.

¿Qué decía el informe de la investigación interna de la Policía Nacional?

Cuando finalmente la familia Coronel tuvo acceso al informe, se sintió decepcionada. “En el caso estudiado no siendo compatible con un disparo de tipo suicida tampoco permite afirmar con certeza que no lo sea” dice en la página 52 del informe, citando al perito Meza. 

En marzo de 2018, el perito Meza regresó al país por el caso Gabela y dijo que en su informe, se había confirmado que se trataba de un homicidio y que no habían entregaron la pericia a la familia Coronel. 

También dijo que “la presencia de partículas de componentes de pólvora en la mano derecha de la víctima y en la cuantía en la que aparece, no es determinante para concluir que haya disparado con la mano derecha, ya que puede existir la posibilidad de que haya salpicado en su mano por la corta distancia del disparo».