«Hoy siento un poco de alivio, esta lucha es la reafirmación de la vida de mi hija”, dice Ruth Montenegro, madre de la pequeña flautista Valentina Cosíos, asesinada el 23 de junio del 2016 y cuyo cuerpo fue hallado en la escuela Global del Ecuador. Aquellas fueron sus palabras luego de que la jueza ponente Anacélida Burbano Játiva de la Corte Provincial de Pichincha aceptara este miércoles 13 de abril de 2022, el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica legal de la madre y revocara la prescripción del presunto delito de homicidio culposo que, en diciembre de 2021, benefició a cinco de los seis procesados en el caso. Es decir, esas cinco personas no estaban consideradas dentro del proceso pero la decisión de hoy revirtió ese fallo y ahora podrían ir a juicio.
OTRAS NOTICIAS
Ahora, el proceso continuará y los seis acusados —los cinco, más la docente Daiana Muñoz— enfrentarán la audiencia preparatoria de juicio —que aún no tiene fecha— en la que la Fiscalía presentará las pruebas y evidencias recabadas durante la instrucción fiscal.
El día de la diligencia se sabrá si son o no llamados a juicio por homicidio culposo. Lo que se quiere probar es que hubo descuido en las obligaciones que tenían las autoridades y las docentes— de evitar que quienes están a su cargo sufran daño. La Fiscalía asegura que las maestras dejaron la escuela Global del Ecuador sin haber verificado si Valentina iba a ser retirada por su madre Ruth. Tampoco informaron a las autoridades de que la presencia de la niña en la institución, pese a que contaban con los números de contacto y compartían chats de WhatsApp.
Ellos son los acusados:
- Carlos de la Bastida, director de la Unidad Educativa Global del Ecuador, donde Valentina fue hallada muerta, y
- Las docentes Daiana Muñoz [quien fue vinculada antes que sus colegas, en junio de 2021] Katherine Jiménez, Vielka Ponce, Gabriela Cevallos y Lucía Chalá.
¿Por qué se prescribió el homicidio culposo en diciembre?
El 9 de diciembre de 2021, el juez penal Máximo Ortega decidió declarar la prescripción del homicidio culposo —un delito sancionado con una pena de tres a cinco años— de la niña. El delito, presuntamente fue cometido por el director de la escuela Global del Ecuador y cinco profesoras. La defensa de las personas señaladas alegaba que el delito ya había prescrito, es decir que el tiempo que, por ley, está permitido procesarlo judicialmente, ya había pasado.
El artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que en los casos en que se ha iniciado el proceso penal, la acción prescribirá en “el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad”. Ese tiempo se deberá contar desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción.
Para el juez Ortega, el delito había prescrito en junio de 2021, cuando se cumplieron cinco años de la muerte de Valentina. El 10 de junio de ese mismo año, se inició la instrucción fiscal contra la profesora Daiana Muñoz. El resto de acusados fue vinculado en septiembre de ese año. Por ello, Ortega decidió dejar por fuera a los otros cinco procesados. Indignadas, Ruth Montenegro y la fiscal Mayra Soria, quien está a cargo de la investigación del caso, anunciaron que apelarían a aquella decisión.
La abogada Ana Cristina Vera, directora del Centro de Apoyo y Protección de Derechos Surkuna, quien forma parte de la defensa técnica de la familia Montenegro, dijo que la interpretación del juez Ortega era inadecuada. “Existe una acción penal única y el proceso inicia cuando comienza la instrucción fiscal”, dice Vera. Según su argumento, el caso no podría prescribir porque la ley ordena que el plazo se cuente desde que empezó la instrucción fiscal, que en este caso arrancó el 10 de junio de 2021 para la docente Daiana Muñoz.
Hoy, más de cuatros meses después del dictamen de Ortega, la jueza Anacélida Burbano Játiva decidió aceptar el recurso de apelación y hacer una interpretación más amplia de la ley en la que manejó el mismo criterio de la abogada Vera. Es decir, que la prescripción del homicidio culposo no podía darse, porque se interrumpió con la instrucción fiscal iniciada contra Muñoz.
“Sí nos alienta el camino, porque siento que es un pequeño acto de justicia para mi niña, para la vida mía, la de mis guaguas, las de todas nosotras. Porque justicia para mi Valentina es justicia para todas”, dice Ruth.
Para la madre, ha llegado un momento fuerte y duro. “Sé que ellos pelearán con todas las armas legales, incluso deshonestas. Pero la vida de mi Valentina lo vale”, afirma.
Para el abogado Paúl Gallardo, quien también forma parte de la defensa técnica de la familia Montenegro, la sentencia en este caso puede marcar un precedente “para la no repetición, para que esto no vuelva a ocurrir en el sistema educativo del Ecuador”.
Sin embargo, aún hay una deuda: la investigación para encontrar al responsable de la muerte está en pausa. Debido a la falta de celeridad en las investigaciones iniciales, cuestiona Gallardo, no ha sido posible encontrar al autor del asesinato de la pequeña.
El caso de la pequeña Valentina Cosíos, explicado
El 23 de junio de 2016, Valentina Cosíos, una pequeña flautista de 11 años, salió de su casa rumbo a su escuela, la Unidad Educativa Global del Ecuador. Aquel día, después de clases, debía ir al Conservatorio Nacional para recibir clases y encontrarse con su madre, Ruth Montenegro. Pero Valentina nunca llegó al conservatorio.
Un día después, el 24 de junio, su cuerpo sin vida fue hallado a pocos metros de la entrada de su escuela, junto a las barras metálicas del patio del colegio. Las autoridades de la institución educativa dijeron que no sabían nada sobre la muerte de Valentina.
Pero en los últimos años la investigación de la Fiscalía ecuatoriana evidenció que no solo hubo negligencias en el cuidado de Valentina Cosíos sino que la muerte de la pequeña flautista fue violenta. Ruth, su madre, asegura que Valentina fue agredida sexualmente y luego ahorcada. Sin embargo, por fallas en el debido proceso el caso prescribió y no hay culpables sentenciados. Desde el día de la muerte de su hija, Ruth ha exigido que se identifique a los responsables.
La búsqueda de justicia acercó a Ruth a los grupos feministas del país. En 2018 se convirtió en una de las fundadoras de la plataforma Vivas Nos Queremos, que elevó la denuncia de decenas de mujeres que exigían el acceso a la justicia por el femicidio de sus hijas, amigas, hermanas y sobrinas.
Negligencias denunciadas por la familia
Para la abogada Ana Vera, defensora de la familia de Valentina Cosíos, las fallas en las investigaciones comenzaron el día del asesinato. Las principales negligencias denunciadas son:
- Desaparición: Cuando Ruth Montenegro no logró encontrar a su hija Valentina Cosíos en una sala de audiciones del Conservatorio Nacional de Música la buscó por toda la ciudad, incluida en la escuela Global del Ecuador. Luego, volvió a su barrio, en el sur de Quito, para seguir la búsqueda y denunció su desaparición en la Unidad de Policía Comunitaria. Los policías preguntaron: “¿no tuvo un problema en casa?, ¿no se iría con su novio?, ¿No perdería su instrumento y por eso estaba escondida?, no podemos receptar la denuncia. Tienen que pasar 24 horas. Tenemos tantas alertas innecesarias, esperen mejor a que regrese”. Pese a las preguntas, que le parecieron absurdas, insistió en que, por lo menos, asignaran una patrulla. El equipo policial le dijo que “iban a coordinarlo”. Pero los agentes nunca respondieron. Meses después, Montenegro supo que ni siquiera la radiopatrulla de la unidad policial funcionaba.
- Escena del crimen: El cadáver de la pequeña Valentina Cosíos fue hallado a las seis de la mañana del 24 de junio. Ruth Montenegro recibió una llamada por parte de una de las profesoras de la escuela quien no le dijo que estaba muerta. Su madre llegó, y pensaba que su hija estaba viva. Pero la encontró tendida en el suelo, cubierta, bajo unas barras metálicas.
Los agentes de la Policía Judicial cercaron el área de la barra de juegos como escena del crimen, pero no exploraron otras zonas. “Tenían que haber tomado todos los indicios posibles. Tenían que haber sacado a la gente que estuvo ahí y mandado a los niños a sus casas”, cuestiona la abogada Ana Vera.
En su lugar, los agentes creyeron la primera versión de las autoridades y profesores de la escuela Global del Ecuador —que dijeron que habría sido un accidente— y las clases continuaron normalmente pese a que aquella mañana una niña fue encontrada sin vida dentro de la escuela. Luego, se conoció que al menos cuatro profesoras la habían visto después de las tres de la tarde en el centro educativo.
Autopsia: Ruth Montenegro y un representante del Ministerio de Educación fueron a la oficina de una médico perito legal de la Policía Judicial que le informaría sobre los resultados de la autopsia la tarde del 24 de junio de ese año. “No señora, ¿cómo le digo? No fue accidental”, le afirmó la legista. “Ella me dijo: a su niña la agredieron sexualmente y luego la estrangularon. Hemos tomado varias evidencias del cuerpo de la niña para que pueda hacer la denuncia porque a su niña la mataron”, recuerda. Sin embargo, diez minutos después de recibir esa llamada, la doctora se retractó. Dijo que un colega le había avisado que encontraron una bufanda en el cuerpo de la niña y que era un accidente. Ruth Montenegro exigió una nueva autopsia, pero pidió que se realizara en Tungurahua y no en Quito, pues no confiaba en los peritajes realizados por la Policía Judicial en la ciudad. Pero el fiscal Darwin Jaramillo, quien estaba a cargo del caso, no lo permitió. El resultado de esa segunda autopsia fue el mismo: que había sido un accidente.
