La Contraloría General del Estado determinó una glosa por 18 millones de dólares por responsabilidades civiles a ex funcionarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) por una póliza no reclamada a Seguros Sucre.

La mañana de hoy, 4 de marzo de 2022, la Contraloría General del Estado anunció que la glosa es por 18 millones de dólares. El nombre de los funcionarios involucrados no se ha hecho público, ni tampoco se sabe cuántos son los involucrados en total. 

Sin embargo, un comunicado de la institución dice que se dispuso la emisión y el comienzo del proceso de recaudación de títulos de crédito, es decir el cobro  a ex gerentes generales, gerentes encargados, gerentes y subgerentes de crédito y de operaciones del Biess, que trabajaron en el banco entre 2016 y 2018. Según el comunicado, estos funcionarios no implementaron controles en ciertos “procesos críticos para la mitigación de riesgos en las operaciones crediticias”. 

Según la Contraloría, la glosa se deriva de un examen especial ​​a la contratación, ejecución y liquidación de pólizas de seguro de vida en grupo, entre 2015 y 2018 en el Biess. El examen especial encontró que no se reclamó una póliza de Seguros Sucre de cobertura para los afiliados que accedieron a préstamos y perdieron sus empleos.

Una glosa —también llamada predeterminación de responsabilidad— es una observación que formula la Contraloría en contra de un servidor público, tercero involucrado o beneficiario cuando se ha detectado un hecho que causa un perjuicio económico al Estado por el incumplimiento de la ley.  Para el establecimiento de una glosa, se debe probar adecuadamente el perjuicio económico. 

Las glosas pueden determinar la existencia de responsabilidad administrativa (es decir, con consecuencias dentro de la función pública), civiles (es decir, que conllevan la obligación de restituir el perjuicio) y con indicios de responsabilidad penal. En este último caso, la Contraloría no puede formular cargos penales —pues tal competencia es exclusiva de la Fiscalía General del Estado—, pero lo que el órgano de control hace es remitir el hallazgo de esos indicios para que un fiscal actúe. 

En este caso, la glosa no incluye indicios de responsabilidad penal, sino solo civiles.

¿Qué encontró el examen especial?

Según el examen especial de la Contraloría, el Biess y Seguros Sucre suscribieron una “póliza de seguro de vida en grupo”. La póliza estuvo vigente un poco más de un año entre agosto de 2015 y octubre de 2016. 

Uno de los beneficios de la póliza abarcaba la cobertura de desempleo de los afiliados que recibieron préstamos hipotecarios, en caso de perder sus trabajos. 

Sin embargo, en algunos casos, los funcionarios del Biess no presentaron los debidos reclamos ante la aseguradora para recuperar estos valores en favor del banco del IESS.

Según el examen especial, el Biess no realizó las acciones necesarias dentro del plazo de dos años que establece la ley para que Seguros Sucre ejecutara la cobertura de la póliza. El examen encontró que el Biess empezó los trámites de reclamo cuando la póliza ya había caducado. Por eso, el Biess perdió dinero y el Estado se vio perjudicado. 

Además, el examen especial dice que los gerentes generales del Biess tampoco enviaron a tiempo los documentos de respaldo que necesitaba la aseguradora como cartas de notificación de los reclamos, copias de cédulas de identidad, actas de finiquito del Ministerio de Relaciones Laborales, entre otras. Por lo que también deberán asumir parte de la glosa. 

La Contraloría dice que la glosa de 18 millones de dólares corresponde a:

• 3.894 préstamos hipotecarios por 7,2 millones de dólares 
• 6.760 operaciones crediticias que ascienden a 10,8 millones de dólares

Si el Biess hubiera hecho los reclamos a tiempo, no habría tenido que asumir estas pérdidas. En este caso, Seguros Sucre no tiene responsabilidad porque era obligación del Biess reclamar que se ejecute la póliza de seguros.