La Fiscalía General del Estado del Ecuador necesita —de forma urgente— la incorporación de 577 agentes fiscales con sus respectivos equipos de asistencia y secretaría. Es uno de los principales datos que resaltan (y preocupan) del informe de rendición de cuentas de la Fiscalía, presentado hoy por su titular, la fiscal general Diana Salazar.

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La falta de agentes es un reclamo constante de decenas de usuarios del sistema judicial.Ha sido denunciado, por ejemplo, por los familiares de personas desaparecidas, quienes exigen que sus casos sean investigados por fiscales especializados. 

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La rendición de cuentas, que se hizo el miércoles 2 de marzo de 2022, es una de las obligaciones de la Fiscalía y de todas las instituciones públicas del Ecuador. En ella, Salazar tenía su gestión anual en tres ejes: transparencia, efectividad e innovación tanto a la ciudadanía, como a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura. Lo hizo a través de una comparecencia telemática. 

Actualmente, en Ecuador hay 845 agentes fiscales. Lo óptimo, es que hubiesen al menos 1422 para cubrir la demanda de noticias de delito (es decir, denuncias o cualquier forma de conocer la existencia de un posible crimen)  —son casi 300 mil al año, según Salazar—que ingresan a las 897 fiscalías que funcionan en todo el país.

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Los estándares internacionales han fijado que, para que las fiscalías sean efectivas, deben tener al menos ocho fiscales por cada cien mil habitantes. En Ecuador, de acuerdo con la propia Fiscalía General del Estado, es de apenas 4,3 por cada cien mil habitantes

Según Salazar, el déficit de fiscales en Ecuador —además de la caducidad del banco de personas elegibles para ser agentes— motivó que pida al pleno del Consejo de la Judicatura, máximo órgano de administración del sistema judicial, que se declare “la necesidad extraordinaria y emergente para nombrar de manera temporal a agentes fiscales en las partidas vacantes a nivel nacional”. 

Aquella medida, según la Fiscalía, sería una solución provisional hasta que se realicen los concursos de mérito y oposición y se conforme, nuevamente, un banco de fiscales elegibles. 

Pero aún no hay solución a la vista y la falta de funcionarios fiscales ralentiza el trabajo de las diferentes fiscalías que funcionan en Ecuador como las de:

  • Patrimonio ciudadano,
  • Personas y garantías,
  • Delincuencia organizada, transnacional e internacional,
  • Administración pública,
  • Violencia de género,
  • Accidentes de tránsito,
  • Fe pública,
  • Soluciones rápidas,
  • Adolescentes infractores,
  • Personas desaparecidas,
  • Actuaciones administrativas.

Aunque casi 300 mil noticias de delito ingresaron al sistema de la institución en 2021, la entidad gestiona más de dos millones de causas desde que el nuevo Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia, en 2014. Sin embargo, más del 90% todavía está en indagación previa, la fase preprocesal de indagación que, según la normativa penal, debería durar máximo dos años. 

Pese al déficit de funcionarios, Salazar rescató la creación de ocho nuevas fiscalías, seis de ellas son especializadas: tres de flagrancia —es decir, para cuando la persona que incurre en un delito ha sido descubierta en el momento de cometerlo o máximo 24 horas después—, una de violencia de género, una de lavado de activos, una de delitos contra el medioambiente, y dos multicompetentes

Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.