Los dos procesados en el caso Naranjal fueron detenidos. La fiscalía anunció que detuvo a Maicon V. M. por las presuntas agresiones, violación y tortura cometidos contra sus hijos. También detuvieron a Mariana Q.H., madrastra de los dos niños, por los mismos delitos. El caso Naranjal es un caso de violencia atroz contra dos hermanos, una niña de 8 años y un niño de 6 años, que ocurrió en Naranjal, una pequeña ciudad de la provincia del Guayas.

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La Fiscalía no ha dado más detalles sobre cómo fue la captura de los dos procesados. Solo anunció en su cuenta de Twitter que el padre fue detenido el pasado 26 de enero de 2022, y Mariana Q.H. fue encontrada en un operativo la madrugada del 29 de enero. 

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Las autoridades los estaban buscando desde el 1 de enero de 2021. En esa fecha un Juez de la Unidad Judicial Penal Multicompetente de Naranjal les dictó prisión preventiva a los dos por el presunto delito de tortura. El Código Orgánico Integral Penal dice que este delito se sanciona con entre 7 y 10 años de cárcel. A la abuela de los niños también le formularon cargos por ese delito, pero le dictaron medidas sustitutivas por su edad. 

El caso Naranjal, explicado

El 4 de septiembre de 2021, un niño de 6 años llegó a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital público de Guayaquil. Tenía signos de maltrato físico, quemaduras y violación. Por la gravedad, tuvo que ser intervenido siete veces. Según las autoridades, su hermana de 8 años habría presentado un cuadro similar.

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Días antes, el niño ingresó en un centro médico público en Naranjal con convulsiones. Su madrastra adujo que sus hijastros se habían quemado con sopa hirviendo y que los había automedicado. El cuadro del niño se agravó y fue llevado a Guayaquil. 

El personal alertó a la Policía y un fiscal comenzó la investigación del caso. Sin embargo, solo le formularon cargos a la madrastra y al padre de los niños por violencia física. No lo hicieron por violación ni tortura, pese a que ya había un informe que determinaba que el niño 6 años tenía claros signos de agresión física y sexual y quemaduras en su cuerpo. Su hermana, según el informe, presentaba signos de violación.

Un juez de la Naranjal acogió ese cargo en contra de los dos adultos, y les dictó medidas alternativas a la prisión preventiva.

Después de que el niño llegó al hospital de Guayaquil, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) acusó a la Fiscalía local de no sortear la causa a tiempo, de inacción y de formularle cargos menores a los presuntos agresores. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer— Guayaquil (Cepam) también denunció las irregularidades en las investigaciones y criticó los cargos que fueron formulados. 

Después de las quejas, la Fiscalía abrió una segunda investigación, esta vez por presuntos delitos sexuales. El 1 de diciembre formuló cargos contra Mariana Q.H. por el delito de violación. Ese mismo día, se refomularon los cargos del delito de violencia física a tortura.

En ese mismo proceso, Maicon V. M., el padre de los niños fue vinculado como coautor. Y Paula V., abuela de los niños, como cómplice. 

En un comunicado de la Fiscalía de ese día dice que en esa misma audiencia de formulación de cargos se ratificaron las medidas de protección a favor de los niños y le dieron medidas de protección a la madre biológica. Según la Fiscalía, otros 5 niños, que son hijos de los presuntos agresores, están en casas de acogida estatales. 

Fiscales destituidos por el caso

El 5 de enero de 2022, dos fiscales de Naranjal fueron separados de sus cargos de forma definitiva. El pleno del Consejo de la Judicatura, máximo órgano administrativo y disciplinario de la función judicial ecuatoriana, decidió que los fiscales Evelyn Véliz y Kenneth Amaya faltaron a sus deberes en “el expediente fiscal por un presunto delito de maltrato y abuso sexual”. 

Véliz y Amaya estaban suspendidos desde octubre de 2021 cuando se supo que la Fiscalía de Naranjal no sorteó a tiempo la causa y que, pese a los informes médicos de los exámenes practicados a los dos niños víctimas, no se detuvo a los sospechosos.

La Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas presentó una denuncia contra los fiscales por manifiesta negligencia en el manejo del caso. Por eso María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, ordenó la suspensión de los dos fiscales en octubre del año pasado. 

Tres meses después, el Consejo de la Judicatura del Guayas presentó un informe disciplinario en el que recomendaba la destitución de Véliz y Amaya, una potestad del pleno del Consejo de la Judicatura. El 5 de enero de 2022, con el voto de tres de cuatro vocales del Consejo presentes, los dos fiscales fueron finalmente separados de sus cargos.

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.