Dos fiscales de la pequeña ciudad agrícola de Naranjal fueron separados de sus cargos de forma definitiva el 5 de enero de 2022.

La decisión fue tomada por el pleno del Consejo de la Judicatura, máximo órgano administrativo y disciplinario de la función judicial ecuatoriana. Los fisclaes Evelyn Véliz y Kenneth Amaya fueron separados de sus cargos porque faltaron a sus deberes en “el expediente fiscal por un presunto delito de maltrato y abuso sexual”, dijo el Consejo al anunciar la medida. 

Los dos agentes estaban suspendidos desde octubre del año pasado, cuando se supo que la Fiscalía de la localidad no sorteó a tiempo la causa y, pese a los informes médicos de los exámenes practicados a los dos niños víctimas, no se detuvo a los sospechosos. 

La Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas —la provincia donde está Naranjal— presentó una denuncia contra los fiscales por manifiesta negligencia en el manejo del caso.

Una sala de lo penal de la Corte Superior del Guayas acogió los argumentos en una declaratoria jurisdiccional previa. Este pronunciamiento judicial determina la existencia de la infracción en casos de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, pero no establece responsabilidades subjetivas —es decir, sobre la participación del funcionario—, ni las sanciones en su contra. 

Fundamentada en esa declaratoria, la presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado, ordenó la suspensión de los dos fiscales. “No toleraremos más violencia por el principio del interés superior del niño que el Estado está obligado a observar”, dijo Maldonado al anunciar su decisión en octubre. 

Tres meses después, el Consejo de la Judicatura del Guayas presentó un informe disciplinario en el que recomendaba la destitución de Véliz y Amaya, una potestad del pleno del Consejo de la Judicatura. 

El 5 de enero de 2022, con el voto de tres de cuatro vocales del Consejo presentes, ambos fueron finalmente separados de sus cargos. 

¿Qué es el caso Naranjal?

Es un caso de violencia atroz contra una niña de 8 años y un niño de 6 años, que sucedió en Naranjal, una pequeña ciudad agrocomercial de la provincia del Guayas.  

El 4 de septiembre de 2021, el niño de 6 años llegó a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital público de Guayaquil. Tenía signos de maltrato físico, quemaduras y violación. Por la gravedad en que llegó, tuvo que ser intervenido siete veces. Su hermana de 8 años habría presentado un cuadro similar.

Días antes, el niño de 6 estuvo en un centro médico público en Naranjal, donde había llegado con convulsiones. Su madrastra adujo que sus hijastros se habían quemado con sopa hirviendo y que los había automedicado. 

Solo en ese momento se dio aviso a la Policía, y uno de los fiscales empezó la investigación del caso. Sin embargo, no le formularon cargos a la madrastra ni al padre de los niños por violación y tortura, sino solo por violencia física, a pesar de que ya existía un informe que determinaba que el niño 6 años tenía claros signos de agresión física y sexual y quemaduras en su cuerpo. Su hermana, decía el informe, presentaba signos de violación. 

Un juez de la misma ciudad acogió ese cargo en contra de los dos adultos, y les dictó medidas alternativas a la prisión preventiva. La fiscal Véliz también participó de la investigación. 

Después de que los niños llegaran al hospital en Guayaquil, la indignación por la forma en que se había manejado el caso empezó a crecer. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) acusó a la Fiscalía local de no sortear el caso a tiempo. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer— Guayaquil (Cepam) denunció las irregularidades en las investigaciones. Hubo cruce de señalamientos entre el MIES, los hospitales que habían tratado a los niños, y la Fiscalía, que era señalada por inacción y por formularle cargos menores a los presuntos agresores. 

Después de las quejas por el  manejo del caso, la Fiscalía abrió una segunda investigación, esta vez por presuntos delitos sexuales. Recién el 2 de diciembre del 2021 le formuló cargos al padre, la madrastra y la abuela de los niños. Los dos primeros tienen una orden de prisión preventiva en su contra y la abuela, por su edad, medidas sustitutivas. 

Los fiscales que manejaron el caso fueron suspendidos en octubre de 2021 y destituidos en enero del año siguiente.

Al menos dos delitos sexuales se cometen cada día en el Ecuador contra niños, niñas y adolescentes.