Fernando Balda, un político que tomó relevancia tras enemistarse con el ex presidente Rafael Correa y llevar a la justicia el intento de secuestro que vivió en Colombia, en 2012, hizo una convocatoria que es, en realidad, una cacería de brujas.

Propone, con un desconocimiento profundo de la legalidad y los derechos humanos, “depurar” de funcionarios “correístas” al gobierno. Dice, con desparpajo, que su llamado es para “ayudar” al presidente Guillermo Lasso y ofrece un formulario para que cualquier persona denuncie a quienes califica de “infiltrados, desestabilizadores, ladrones, terroristas y corruptos”. Dice que deben ser identificados, “caso contrario el gobierno seguirá fortaleciendo a su propio enemigo, a los enemigos de la democracia y las instituciones”. 

Tanto la convocatoria como el formulario son la representación de lo peor de la política ecuatoriana: el prejuicio, el odio, la persecución, el estigma, la falta de argumentos y la venganza personal. Parece, además, que el señor Balda no sabe que no se puede discriminar a un funcionario público —ni a ninguna persona— por su afiliación política. 

Tampoco Balda puede atribuirse funciones que están por fuera del marco de la ley, como juzgar y sentenciar de acuerdo a sus criterios y prejuicios personales, el accionar de los funcionarios públicos. Y, además, decir que lo hace para “ayudar” a un presidente democrático que, en ningún caso, debería comulgar con semejante disparate insano y peligroso. A ratos parece que desconocemos que uno de los primeros requisitos en cualquier dictadura —o país que camine hacia ella— es estigmatizar, para luego eliminar, a los adversarios  o simplemente a aquellos que se identifican con ideologías, religiones u organizaciones políticas distintas a las del régimen de turno.

El gobierno de Guillermo Lasso tuvo que salir a desmentir la ocurrencia absurda y nefasta de Balda. Sin nombrarlo, la Secretaría de Comunicación, dice en un comunicado que el gobierno «no respalda, lidera ni auspicia iniciativas de actores que pretendan atentar contra la diversidad política». Dice, además, que el presidente Lasso reitera la garantía de una “gestión en la que jamás impere la persecución política y las represalias”.

Resulta angustiante que el gobierno deba aclarar que actuará democráticamente; sin embargo la aclaración es necesaria. Aún más cuando, en la osadía de Balda, asegura que la información ingresada en el formulario será remitida al presidente Guillermo Lasso, como si eso le diese legitimidad a un acto profundamente cuestionable. 

Más grave es que Balda diga que remitirá a la Fiscalía los nombres que recabe. A la Fiscalía se denuncian posibles delitos, y pensar distinto, simpatizar políticamente con una u otra tendencia —qué pena que haya que recordarlo—, no es un crimen. Solo lo es en los regímenes totalitarios —Cuba, Bielorrusia, Venezuela, por citar un par— y en novelas distópicas, pero muy cercanas a la realidad, como 1984, la célebre novela de George Orwell. 

¿Qué pretende Balda con una convocatoria de ese tipo? Sembrar enemistades, odios, persecución. Él, que se ha autonombró como un perseguido por el gobierno de Rafael Correa, pretende ahora ejecutar una venganza personal usando como piezas descartables a personas en cargos públicos. O sea, el perseguido que no aprendió nada y quiere ser él mismo un perseguidor. 

Balda se autodefine como el representante de esa cacería de brujas que, además, pretende recabar datos, imágenes e información personal de los funcionarios públicos. El formulario pide que se indique nombres completos del “infiltrado y/o corrupto”; que se indique la institución en la que trabaja, el cargo que tiene, los cargos que ha tenido, las fechas y la “relación política o de otra índole con la organización criminal de los prófugos y sentenciados u otros?”. Balda se convierte con estos pedidos en una versión andina contemporánea de Joseph MacCarthy, aquel oscuro senador estadounidense que armó una infame lista para proscribir artistas y políticos en la década de 1950.

Ni Balda ni nadie por fuera del marco de la ley puede señalar a un conciudadano como “infiltrado” o “corrupto”. ¿Qué clase de concepto es, además, el de “infiltrado”? Tras ese señalamiento está la torpe creencia de que todo funcionario público debe ser partidario del gobierno en el que trabaja. 

La vergonzosa, indignante, peligrosa y, posiblemente, ilegal convocatoria de Balda no puede ser ignorada. Si queremos vivir en una democracia que garantice los derechos de sus ciudadanos, estas manifestaciones tienen que ser duramente condenadas.

La historia ya ha demostrado que el mejor germen para el odio, las guerras y las matanzas es el señalar al otro como el enemigo a combatir. El otro es quien piensa distinto, quien milita en un partido distinto, que cree en una religión distinta, que osa cuestionar un orden establecido. Y no podemos olvidarnos de aquellos personajes que intentan sembrar el odio como motor de la vida pública. Ni antes fue aceptable, ni ahora lo es.