El caso El Universo ha terminado diez años después con una sentencia en contra del Estado ecuatoriano. “Esta es una sentencia que marca un antes y un después en la defensa del derecho a la libertad de expresión”, dijo Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, en una rueda de prensa del 23 de diciembre, donde anunció que había oficiado al Ejecutivo para que proceda con el pago de los 400 mil dólares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fijó como indemnización en el caso El Universo. 

Salvador habló esta mañana sobre el fallo, que establece la responsabilidad estatal en la violación de una serie de derechos constitucionales de los hermanos César, Nicolás y Carlos Pérez, propietarios de El Universo, y de Emilio Palacio, quien fue su director editorial hasta que renunció para intentar detener una cuestionada querella que en contra de ellos y de diario El Universo interpuso el entonces presidente Rafael Correa.

El caso fue cuestionado por la celeridad inusitada con que se llevó —en un año tenía ya una sentencia en firme de la Corte Nacional de Justicia—, sino también porque un juez temporal resolvió el caso en primera instancia con un fallo que parecía le había sido entregado ya preparado.

El fallo judicial condenaba a los tres hermanos Pérez y a Palacio a tres años de cárcel y a pagarle a Correa la desproporcionada suma de 30 millones de dólares por la afectación a su honra. La Compañía Anónima El Universo fue sentenciada a pagar 10 millones de dólares, completando la inverosímil cifra de 40 millones de dólares en total. Correa apeló la sentencia de Paredes y pidió que se condene a los querellados a pagar 80 millones de dólares.

 “A la Procuraduría General del Estado le corresponde el orgullo de haber defendido al Estado ecuatoriano en este caso, logrando conciliar esas dos partes de la sentencia, que es reducir el daño al Estado pero al mismo tiempo lograr que se garanticen los derechos humanos y concretamente el derecho a la libertad de expresión”, dijo Salvador esta mañana.

El ex presidente de la República, Rafael Correa, quien hoy vive fuera del país, adujo ayer que la Procuraduría no defendió al Estado y acusó a Salvador de dejar en “indefensión” al Ecuador para “dañar a Correa” y “darle $$$ a esta gente”. Pero el procurador Salvador aseguró que en el país se viven “otros tiempos”. Dijo que el Estado tiene como fin la garantía y respeto de los derechos humanos. Según Salvador, se logró una reducción del 97% de la pretensión inicial: de 12 millones a 400 mil dólares. 

Además, no es la única vez que el Estado reconoce parcialmente su responsabilidad. Entre 1998 y 2021, el Estado lo hizo en 12 ocasiones. 7 fueron hechas durante el gobierno de Rafael Correa, cuatro en el gobierno de Lenín Moreno y una vez en el gobierno de Fabián Alarcón.

En su rueda de prensa, Salvador aseguró que la sentencia de la Corte IDH dice que la reparación la debe hacer el Estado, que podría repetir —es decir, exigirles repongan los valores— contra los jueces que sentenciaron a los hermanos Pérez y a Palacios.