El desplome de tres viviendas en Zaruma esta semana reflotó un problema del que todo el mundo sabía y sobre el que nadie hacía nada. 

Desde hace décadas, la minería ilegal ha estado corroyendo literalmente al cantón de la provincia de El Oro. Como tantos otros de los retos que enfrenta Ecuador, los efectos de la minería ilegal parecen abrumar tanto la opinión pública como la reacción gubernamental, que encuentra refugio apuntando el dedo a sus contrarios.

Ocurrió en la noche y, en la mañana, muchos bandos políticos ya apuntaban el dedo al otro lado, a pesar de que el peligroso “queso gruyere” en el que se ha convertido Zaruma no es el producto de un solo gobierno. 

El pueblo mágico del Ecuador ahora padece del descuido, negligencia, apatía e irresponsabilidad propia que desde hace más de sesenta años nadie ha querido ver.

Muchos ecuatorianos tenemos una acción reflejo ante el desastre. 

Antes de correr, pelear o, incluso, de paralizarnos, buscamos algún culpable de un bando político opuesto. Ocurrió en el terremoto de Pedernales de 2016. Ocurrió también durante el peor momento de la crisis por la pandemia de covid-19. 

El socavón de Zaruma no fue una excepción: hubo periodistas que aludieron a “advertencias hechas desde hace 15 años” (cuando Rafael Correa inició su primer mandato), y analistas que aprovecharon para despotricar en contra de la Consulta Popular de 2018.

Es una forma cómoda, perezosa, pero demasiado frecuente, de lidiar con problemas complejos. Los chivos expiatorios son respuestas —respuestas engañosas, pero respuestas al fin. 

En el caso de Zaruma, las respuestas o soluciones están lejos y, en realidad, no inculpan solo a los tres últimos gobiernos (el actual, maticemos, tiene menos de 7 meses en funciones). Según Rebeca Illescas, ex Ministra de Minería en 2018, el pintoresco pueblo de El Oro está condenado desde 1950, después de la salida de la empresa norteamericana SADCO. “Es una zona súper mineralizada”, me explicó. “Y de allá se ha sacado oro durante cientos de años”. Tras la salida de la minera, las perforaciones quedaron a cargo de operaciones locales y, finalmente, quedaron abandonadas. La mina de oro al amparo de nadie.

Illescas tiene el panorama claro. Habla con tono casual y didáctico. En Zaruma, la minería ilegal y no regularizada es el pan de cada día. 

Todo el mundo lo sabe. Me explica que la mayoría de personas en el cantón se dedica a ella (la ilegal y legal). “Todo el mundo es minero, pero minero escondido”, dice. En algunas de las fotografías de los socavones, Illescas me hace notar “los boca minas” —o accesos a las minas— que, explica ella, esconden varias casas del pueblo tras sus refrigeradoras o debajo de los muebles.

Es una forma de vida imposible de controlar, ahora, mediante intervenciones militares. “Si tienes una zona militarizada, ya perdiste”, me dice. La ex ministra hace referencia al estado de excepción que en septiembre de 2017 declaró el entonces presidente Lenín Moreno en el área minera Portovelo-Zaruma con el supuesto fin de “prevenir, eliminar y cesar las actividades mineras que se desarrollan en la zona”, después del colapso de la escuela La Inmaculada en Zaruma. Durante 60 días se suspendieron los derechos al libre tránsito y la inviolabilidad del domicilio en la zona.

La cultura minera está tan arraigada, que Illescas es muy escéptica de soluciones de ese tipo. Me describe el patrón: tras el socavón, las operaciones cesan mientras la atención está en Zaruma, pasa el tiempo, los derrumbes quedan olvidados y la minería ilegal poco a poco vuelve.

Mientras tanto se habla de militarizar la zona sin ofrecer alternativas a largo plazo. O se plantean parches temporales: “Hablaban de cambiar la matriz productiva ofreciendo plantas de cacao que en tres años generaban para quienes hacían la minería menos de lo que conseguían con tres sacos de arena”, me cuenta en referencia a planes de reemplazo de un negocio por otro propuestos hace algunos años. 

Es decir: mientras no existan verdaderas alternativas rentables para los moradores de la zona, el oro y la plata son —y seguirán siendo— la única opción.

Al escuchar a Illescas, a mí también me tienta el llamado de un chivo expiatorio. Alguien tiene que tener la culpa. Alguien tiene que responsabilizarse, pienso. Y aunque no hay duda de que el Estado debe hacerse cargo, el problema requiere de estrategias integrales que superen la demagogia sectarista.

Hacerse cargo, en este caso, implicaría reconocer las dimensiones de esta realidad. “La lógica de la minería es la misma que la del narcotráfico”, dice Illescas. Al igual que la crisis carcelaria, es un problema estructural y multicausal que requerirá también de soluciones estructurales y a largo plazo. Los banderines partidistas podrán generar likes en redes, pero no rellenarán los huecos de la minería ilegal, ni ofrecerán opciones económicas a sus perforadores.