Este reportaje se realizó en alianza con 

En 2018, Humberto Sánchez, su esposa Elsa Rivero, y su pequeño hijo, llegaron a Ecuador desde Venezuela. Se asentaron en Quito, la capital y más próspera ciudad ecuatoriana, pero a Humberto Sánchez, un comerciante de 34 años, le ha costado encontrar empleo. Desde hace un año trabaja en una empresa de limpieza donde es supervisor de un grupo, por lo que gana un salario básico (que en 2022 será de 425 dólares), pero comenzó haciendo la limpieza de casas y oficinas.  Elsa Rivero, que se graduó de técnica superior universitaria en administración de empresas— le faltó un semestre para obtener la licenciatura y una de las razones para que no la terminara fue porque tuvo que migrar— vende collares, aretes y diademas y otras piezas de bisutería en buses urbanos porque no ha logrado encontrar un trabajo que le permita conjugar su vida laboral y ser madre. 

Es una situación muy distinta a la que vivían en su natal Barquisimeto, una ciudad venezolana de clima cálido y atravesada por ríos. Allá tenían dos prósperos minimercados y unos terrenos donde sembraban distintos productos de la zona, en especial pimiento. Ambos negocios les permitían vivir tranquilos y con comodidades: tenían una casa propia. Allá vivían con su pequeño hijo, que en aquel entonces tenía 4 años, sin que se les ocurriera que un día tendrían que irse. Ya habían  visto salir de su país natal a cientos de personas, pero no creyeron que jamás se convertirían en uno de ellos. 

Eso empezó a cambiar a mediados de 2017. “De repente no se podía conseguir nada y todo lo que lograba tener era porque hacía milagros para conseguirlo”, recuerda Humberto Sánchez, un hombre de altura media, musculoso, con el característico tono de piel de las personas que viven cerca del Caribe y se han bañado por años con sol. Un año después, decidió vender sus dos minimercados porque uno de ellos fue asaltado. En 2018 siguió trabajando sus terrenos agrícolas, pero un día la energía eléctrica se fue  en todo Venezuela  por seis días. “Nadie quería la mercadería de la siembra y todo lo tuve que botar”, dice Humberto Sánchez

Pero la mecha que detonó su partida se encendió el día en que unos encapuchados lo amarraron y lo secuestraron por una noche. Humberto Sánchez dice que sus captores extorsionaron a su familia. A cambio de su liberación, su familia tuvo que pagar alrededor de 3 mil dólares. “Me decían que si yo denunciaba me iban a matar. Yo casi no podía salir a la calle y todo el tiempo estaba muy nervioso”, recuerda. “Un día le dije a mi esposa que nos íbamos porque estábamos en peligro y en menos de una semana salimos  de Venezuela”. Así fue cómo Humberto Sánchez y su familia se convirtieron en parte de la tercera ola migratoria venezolana. 

Se fueron en bus —muchos otros lo hicieron a pie. Se fueron con lo que pudieron cargar en sus manos y espaldas y con un poco de dinero que tenían ahorrado. No vendieron ninguna de sus propiedades para comenzar de nuevo en Ecuador. Esa “tercera ola”, explica Cristina Bastidas, experta en migración, es el  último grupo migratorio y  se caracteriza por no tener estudios superiores y, por lo general, solo han terminado el bachillerato y se dedicaban a actividades comerciales. Bastidas también enfatiza que las personas que pertenecen a esta tercera ola migratoria ya no tienen un poder adquisitivo y salen de su país con lo poco que les queda.

Karina Ponce, abogada de Mega Mujer—una organización que trabaja para promover la igualdad de género, reconocimiento y defensa de derechos humanos—, coincide con este criterio y explica que la tercera ola migratoria se refleja en un hecho puntual: “desde 2018 se comenzó a ver la precariedad de la situación de las personas en movilidad humana porque el 86 % de los migrantes entraron por tierra a Ecuador”. Si esta cifra se compara con la de  2014 cuando comenzó la migración venezolana, continúa, el 72% de las personas migrantes llegaban en avión”. La abogada dice que estos datos hablan de la situación económica de esas familias que vinieron a pie a Ecuador para sobrevivir, con una necesidad de encontrar una nueva casa y comenzar su nuevo hogar. Migran, dice Karina Ponce, con el objetivo de encontrar una oportunidad en otro país.

Cuando llegaron a Quito —su destino final— después de haber viajado por una semana en bus, Humberto Sánchez y su familia se dirigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano (conocido también como Cancillería) a pedir refugio y tratar de legalizar su situación migratoria. 

El proceso para que la familia Sánchez recibiera estatus de refugiado permanente aún no ha concluido y ha tomado más tiempo del esperado debido a la pandemia del covid-19. Sin embargo, Sánchez tiene un carné de refugiado temporal que le permite trabajar, pero lo tiene que renovar periódicamente. “El gobierno de aquí está analizando mi caso todavía y sigo esperando una respuesta definitiva”, dice Humberto Sánchez. El día que conversé con él tuvo que ausentarse unas horas de su trabajo porque tenía que ir a la Cancillería para actualizar su información y mantener su estatus de refugiado temporal. 

Uno de los mayores obstáculos para que una persona migrante pueda acceder a un trabajo formal en el Ecuador es que cuando llegan al país intentan sobrevivir y aceptan cualquier trabajo aunque incumplan con las leyes laborales. Karina Ponce, de Mega Mujer, explica que la falta de documentos es la principal barrera para que no logren insertarse en el mercado laboral local. Según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta es una de las razones para que solo el 17% de la población migrante venezolana que vive en Ecuador trabaje en su área de trabajo relacionada a su carrera profesional. Solo el 12% de la población venezolana está afiliada a la seguridad social.

Además, Ponce explica que  la mayoría de personas en situación de movilidad no tiene asesoría legal. Por ello suelen desconocer a qué tipo de visas  podrían aplicar para regularizar su estatus migratorio. Otro de los principales obstáculos que enfrentan las personas migrantes es que no tienen la capacidad económica de pagar entre 300 y 500 dólares para una visa. 

Pero los problemas se dan también entre los empleadores. Karen Córdoba, coordinadora nacional de inclusión económica de HIAS —una organización que ayuda a  proteger a los refugiados y personas en situación de movilidad humana más vulnerables cuyas vidas están en peligro—, explica que una de las principales barreras para que las empresas privadas no contraten a personas en situación de movilidad es el desconocimiento de la documentación que se requiere. 

Dice que, por ejemplo, se cree que las personas con un carné de refugiado no pueden trabajar. Para mejorar esta situación, Córdova explica que en HIAS tienen una una metodología de “ganar ganar”, para capacitar a los encargados de recursos humanos o cualquier persona que esté a cargo de la toma de decisiones en empresas “para mitigar la discriminación y la xenofobia”, afirma. Además, los entrenan en cómo deben contratar a personas migrantes y en caso de que contraten a alguien que HIAS tiene en su base de datos, la organización da un seguimiento para garantizar su adecuada inserción laboral.

Iniciativas como ésta suplen la falta de una política pública que incluya a los migrantes. “Tampoco hay proyectos de parte de las alcaldías”, dice Cristina Bastidas. Ella afirma que tampoco hay un sello que se dé a las empresas por la contratación de personas en movilidad humana (recientemente, se anunció la creación de un sello púrpura que certifica que una empresa es segura para que trabajen mujeres). Sin incentivos y planes estatales, es probable que el porcentaje de personas venezolanas que viven en el Ecuador y que tienen un trabajo formal, permanezca deprimido. 

Humberto Sánchez y su familia siempre supieron que pedirían refugio en Ecuador, pero no que encontrar un empleo sería tan difícil. “Todo venezolano que llega a Ecuador trabaja de comerciante, deambulando en las calles”, dice Sánchez. Afirma que a él nunca le gustó esa vida y en cuanto se le presentó un trabajo en un lugar fijo que le pagaba un jornal diario como albañil en una construcción, lo tomó sin dudar. 

Su buena actitud y las ganas de progresar  le fueron reconocidas por el dueño de la constructora. Cuando terminó ese trabajo, le ofreció otro, como vendedor en una tienda de alfombras, en Cumbayá. “Me gané la confianza del dueño y me quedé casi por un año”, dice Humberto Sánchez. Sin embargo no tenía varios beneficios que por ley le correspondían. 

Elsa Rivero  intentó trabajar como operadora de taxis por un tiempo pero lo dejó porque su hijo siempre le rogaba que no se vaya a trabajar y se quedara. Joseph Miranda, coordinador nacional de género y prevención de violencia basada en género, explica que las mujeres tienen más dificultades para encontrar trabajos porque muchas de ellas vienen solas al país. No tener quién cuide de sus hijos, las hace más propensas a la explotación laboral. Ellas y sus hijos tienden a sufrir más violencia. 

Humberto Sánchez reconoce las palabras de Miranda como verdaderas: por más de una ocasión su esposa ha sufrido agresiones por parte de otros vendedores ambulantes, que le han dicho que se vaya a su país o de hombres que se sienten con el derecho de invitarla a salir. “Ella no les hace caso”, dice Humberto Sánchez. 

Tras trabajar en la tienda de alfombras, Humberto Sánchez logró conseguir su trabajo actual. Le ofrecieron el salario básico —es decir, 400 dólares— y la afiliación a la seguridad social en Ofilimpia, una empresa especializada en limpieza de empresas y casas, que tiene 240 empleados —de los que 20 son extranjeros. Ofilimpia fue reconocida hace tres meses por HIAS por ser una empresa socialmente responsable y tener buenas prácticas para contratar. “Su objetivo es escoger a las personas más capacitadas en el mercado para que realicen las actividades de limpieza y brindarles una opción laboral que les permita tener un proyecto de vida y les garantice tener todos los beneficios de ley”, dice Martín Loor, dueño de la empresa.

Loor afirma que contratar extranjeros en el país no es fácil. Dice que no existe una conciencia de responsabilidad empresarial y que cuando ofrece sus servicios a empresas muchas veces recibe comentarios de que su competencia cobra menos por el mismo servicio. A esas imprecaciones Loor responde que todos sus empleados están afiliados y no son precarizados. “Muchas veces me piden que no vayan a limpiar extranjeros”, admite Loor. También le ha pasado que varias veces le ha dicho que su personal “no va a poder ingresar porque es extranjero”. Martín Loor dice que en los 10 años de existencia de su empresa siempre ha trabajado con personas migrantes: “en un inicio eran colombianos, pero también he trabajado con haitianos” —aunque con ellos la barrera del idioma es fuerte, reconoce.

Pero además de esos impedimentos puntuales, Loor afirma que hay ventajas en la contratación de personas extranjeras. “El mix entre nacionales y extranjeros es un aporte para todos”, dice Loor. “Siempre es una oportunidad de aprendizaje en todas las áreas”, afirma. En su negocio ha tenido temporadas que han trabajado hasta 60 personas extranjeras. “Otros se han quedado y han hecho carrera conmigo”, dice Loor. Con este criterio coincide Gabriel Mosquera—propietario de PCF, un restaurante que vende carnes a la parrilla al norte de Quito— quien ha contratado a madres migrantes venezolanas. Mosquera cree que contratar a personas en situación de movilidad ha sido positivo porque tienen más en cuenta el trato al cliente y cierran más rápido las ventas. “Son personas creativas que cuando hay inconvenientes buscan rápido una solución”, dice Mosquera. Aunque en su negocio Gabriel Mosquera tiene solo cuatro empleados, reconoce que las personas extranjeras están constantemente buscando superarse y eso hace que el resto del equipo intente mejorar.

Humberto Sánchez comenzó como operario y ahora es supervisor en Ofilimpia. Humberto Sánchez dice que Loor le dio la oportunidad de trabajar y estar en un lugar que siente como su segunda casa. Por eso intenta hacer su trabajo de forma minuciosa. “Sé que en el mediano plazo no podré regresar a Venezuela”, dice. Es en Ecuador donde está haciendo su proyecto de vida. El próximo paso de Humberto Sánchez será intentar montar un negocio para que su esposa deje de vender chucherías en las calles.