Alrededor de las tres de la tarde de hoy, 16 de noviembre, en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral se volvieron a ver militares y policías que rodeaban la cárcel más sangrienta del país y quizá de la región. La mayor parte de ellos entraron al centro de detención con un solo objetivo: liberar a tres presos que habían sido secuestrados por otras personas privadas de la libertad durante la última masacre carcelaria en la que murieron 64 personas.

Los secuestrados estuvieron en manos de sus captores por tres días en el área donde fueron asesinadas las personas privadas de la libertad, en el pabellón dos del Centro de Privación de Libertad Guayas N° 1. Fausto Cobo, encargado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) dijo que aún están trabajando por tener el control total de esta cárcel.

Según un comunicado de la Secretaría General de la Presidencia, en estos momentos las personas que estaban retenidas contra su voluntad ya fueron “halladas y recuperadas» y se encuentran en buen estado de salud.

Este anuncio se hizo después de que el lunes 15 de noviembre el presidente Guillermo Lasso finalmente anunció las nuevas medidas para intentar controlar la crisis carcelaria que vive el país.

Esto dijo Lasso

Lasso dijo que él mismo asumirá la coordinación nacional de las fuerzas del orden y aseguró que “la seguridad ciudadana pasa a ser la prioridad número uno del despacho presidencial”. Dijo que ayer hubo mil miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en la Penitenciaría del Litoral, quienes permanecerán de forma permanente en esa cárcel. 

También anunció que volverá a decretar estado de emergencia en las cárceles “cuantas veces sean necesarias”.  Según la Constitución, el presidente puede decretar un estado de excepción por máximo 60 días. Si las causas persisten, se puede renovar por 30 días. Sin embargo, la Corte Constitucional debe declarar la constitucionalidad de esa medida. Si el tribunal considera que no lo es, el estado de excepción no puede aplicarse. 

Lasso también dijo que los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Colombia, Reino Unido, España, ofrecieron su apoyo para “la lucha contra esta amenaza”, en referencia a las bandas delictivas que operan en el país. Lo mismo harán las Naciones Unidas y la Unión Europea. 

También dijo que espera la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo regional encargado de velar que se cumpla la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entre sus facultades está hacer visitas a los estados para realizar informes sobre casos de vulneración de derechos.

En una aseveración que preocupa a las organizaciones de defensa de derechos humanos, Lasso dijo que su gobierno propondrá aprobar “las normas para el uso progresivo de la fuerza”, que es el uso de la fuerza policial o militar dependiendo del contexto y el grado de necesidad. Dijo que también tipificarán el delito de “autoría por dominio de organización”. 

Según el presidente, este nuevo delito se utilizará para que los líderes de las bandas delictivas asuman sus responsabilidades. La sobrepoblación carcelaria, producto de la ingente cantidad de delitos tipificados en el país y el abuso de la prisión preventiva.

Daniel Pontón, ​​analista en temas de seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, dice que el espíritu de la propuesta de Lasso es que “no se puede permitir que los líderes carcelarios den órdenes sin ningún tipo de sanción, y ese es el trasfondo del tema”. Sin embargo, Pontón agrega que eso ya está descrito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El experto dice que las personas que están recluidas  en los centros penitenciarios, en especial los de máxima de seguridad, intentan acogerse a una rebaja de pena como pasó con uno de los líderes de los tiguerones, Álex Salazar. Por ello, se busca una sanción más fuerte “porque el trasfondo de todo está la impunidad”, dice Pontón.