Esta mañana, un guardia de la Penitenciaría del Litoral (que pidió mantener su nombre en reserva) le dijo a GK que tres personas privadas de la libertad habían muerto en un tiroteo entre dos pabellones del recinto carcelario, la noche de ayer, 1 de noviembre. El Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó los tres fallecimientos a las 12 y 45 de la tarde de hoy.

La de ayer es la cuarta balacera reportada durante el feriado nacional por Día de Difuntos, que culminará el miércoles 3 de noviembre. 

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El primer tiroteo sucedió el 31 de octubre en el pabellón 2 del centro carcelario. Ese día no se reportaron heridos y el SNAI dijo que eran «disparos al aire».  Un excaporal —una persona presa que suele mandar y organizar los pabellones— dijo a GK que los disparos eran un signo de advertencia de que habría más episodios de violencia. 

Las otras tres balaceras ocurrieron ayer, el 1 de noviembre. El primero, un enfrentamiento entre el pabellón 2 y el pabellón 3, dejó a un hombre preso herido. Según el SNAI, fue atendido en un centro médico y ya se encuentra estable. 

El segundo fue a las cinco y media de la tarde. En esa balacera, un agente penitenciario fue impactado con un disparo en la espalda. GK supo por fuentes en la Penitenciaría y por denuncias de SOSCárcelesEC  —una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las personas presas—que los compañeros del guía fueron quienes lo trasladaron a una casa de salud en Guayaquil. El SNAI no dio más detalles sobre el incidente. 

La tercera balacera del día sucedió pasadas las nueve de la noche. Allí, supo GK, hubo un nuevo enfrentamiento que dejó tres personas privadas de la libertad asesinadas, hasta la una de la tarde de hoy. El SNAI tardó más de 15 horas en confirmarla y  dijo que, junto al departamento de criminalística de la Policía Nacional, darán detalles de lo ocurrido en la Penitenciaría. 

Según conoció GK, en el pabellón 3 se encuentran los miembros de Los Águilas, una banda delictiva liderada por Alias ‘Junior’ y Alias ‘Fito’, quienes en su momento fueron los hombres más cercanos al líder de la banda delictiva de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, conocido como “JL” en el mundo carcelario, y alias “Rasquiña” fuera de las rejas.

“JL”tenía casi 40 procesos penales abiertos en su contra. La libertad le duró poco. Fue asesinado a balazos el 28 de diciembre de 2020 en una cafetería en un centro comercial de Manta, una ciudad donde Los Choneros se asentaron y extendieron su alcance hasta Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. 

Su liberación fue bastante polémica: fue sentenciado a una pena privativa de libertad de 20 años por asesinato. «JL» estaba preso desde septiembre del 2011. Pero un juez redujo su condena en febrero de 2019. Un año y cuatro meses después, en junio de 2020, Zambrano González accedió al beneficio de prelibertad en un cuestionado fallo a su favor dictado por una jueza, luego de cumplir el 60% de su pena. Sin embargo, el asesinato es un delito no calificado para ser liberado.

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Desde su muerte, ningún cabecilla ha logrado igualar su liderazgo y, sostienen varias fuentes, ese vacío marcó la disputa violenta entre las bandas organizadas, que continúan operando desde sus celdas. Mientras esa batalla continúa, la población penitenciaria continúa sometida a esas mafias sin que exista una intervención estatal que proteja las vidas de quienes fueron encarcelados por delitos por lo general penalizados con menos de cinco años de prisión, muchos cometidos para sobrevivir en medio de un contexto de empobrecimiento continuo. Las organizaciones delictivas son aún más violentas por la influencia de las prácticas sanguinarias de los cárteles de droga internacionales que también operan en Ecuador.

Las personas presas son, según la Constitución, un grupo de atención prioritaria que tiene derechos. Pero el Estado no los ha garantizado. Desde la masacre del 23 de febrero de 2021, que dejó 81 muertos, las familias reclaman un sistema de rehabilitación digno. Tales exigencias no han sido atendidas —por el contrario, este año se ha convertido en uno de los más sangrientos de la historia de las cárceles del país. 

El SNAI no ha respondido por qué sigue siendo incapaz de detener el ingreso de artículos prohibidos a la cárceles del Ecuador. Un guía penitenciario de la Penitenciaría le dijo a GK que hay un problema que no ha sido reconocido: la complicidad de ciertos funcionarios públicos. De hecho, ha habido una serie de detenciones de personal administrativo y penitenciario que ha intentado ingresar droga y armas a las prisiones. Los directores de las cárceles también han sido procesados por corrupción. Uno de ellos es Héctor Reyna, exdirector de la Penitenciaría, investigado por la cuestionada prelibertad de “JL”.

Algunas personas privadas de libertad que hablaron con GK adujeron que muchas redadas que se han hecho en la Penitenciaría son concertadas entre reclusos y ciertos funcionarios. 

Lo que sí informó el SNAI es que se ejecutó un operativo de requisa en el pabellón 3, en las alas 1, 2,3 y 4, en la Penitenciaría. En ese pabellón sucedió la primera balacera en este feriado nacional, que fue el 31 de octubre, donde fue herida una persona privada de la libertad. Estos son los artículos que incautaron:

  • 13 armas blancas
  • 2 armas de fuego
  • 102 municiones
  • 1 ventilador
  • 1 botella de licor
  • 4 accesorios de celular
  • 251 sobre con “presuntas” sustancias sujetas a fiscalización. Es decir, droga.
  • 4 cilindros de gas.