Una nueva balacera en uno de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral. Esto sabemos

Las alertas de una balacera en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, llegaron antes de las 10 de la mañana de este 31 de octubre de 2021, pero el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas y Adolescentes Infractores (SNAI) lo confirmó a la 1 de la tarde. Hubo disparos en uno de los pabellones del centro carcelario hoy, donde el 28 de septiembre último se registró la peor masacre carcelaria documentada en Ecuador. 

GK conoció extraoficialmente que la balacera fue en el pabellón 2 de la Penitenciaría. Sin embargo, el SNAI respondió que pronto dará mayores detalles sobre los incidentes. Lo que sí adelantó fue que no se trató de un enfrentamiento entre bandas delictivas. 

El SNAI tampoco ha dicho quiénes fueron las personas privadas de la libertad que dispararon las armas, ni cómo estas continúan ingresando a las prisiones en pleno estado de excepción, decretado por los niveles de violencia tras las rejas y en las calles, sobre todo, en el Guayaquil. La resolución del gobierno ordenó que las Fuerzas Armadas se ubicaran en el filtro 1 para detectar las irregularidades en el ingreso de las cárceles y evitar el ingreso de objetos prohibidos. Sin embargo, la medida, avalada por la Corte Constitucional, parecería no dar resultados. 

El debate de la crisis carcelaria, en pausa

Ayer, 30 de octubre de 2021, culminó el plazo fijado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa para entregar el informe sobre la crisis carcelaria por parte de la Comisión de Soberanía, Integridad y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. El documento debía ser debatido durante la sesión 54 de la comisión que se instaló ayer. Sin embargo, luego de casi dos horas, los asambleístas apenas pudieron revisarlo y todos coincidieron en un pedido: pedirle una prórroga, hasta el próximo lunes 8 de noviembre a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. 

Aunque no se conoce el contenido concreto del documento, lo único que sí se sabe es que tiene más de 400 hojas y fue alimentado con datos recogidos a través de 900 requerimientos de información dirigidos a instituciones estatales. 

Según el asambleísta Ramiro Narváez, quien preside la Comisión, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nunca respondieron los pedidos. “El Ministerio no envió lo que pedimos porque no tenía nada que informar, porque no ha contribuido para la rehabilitación de las personas privadas de la libertad”, dijo. 

La violencia está lejos de terminar

La masacre del 28 de septiembre nuevamente volvió a mostrar lo quebrado y abandonado que está el Sistema Nacional de Rehabilitación social, luego de los enfrentamientos reportados en julio y febrero de este año. Sobre esto,  el gobierno mantiene el discurso de que el problema principal es el enfrentamiento de las bandas delictivas que buscan el poder absoluto luego del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña, exlíder de Los Choneros. Pero la crisis no puede ser explicada solamente por una causa. Hay carencias sociales que el Estado adeuda históricamente que llevan a muchos jóvenes a unirse a estos grupos delincuenciales. Según un diagnóstico de los perfiles de las víctimas de la masacre, hecha por la Secretaría de Derechos Humanos, el 61,3% de ellos no tenía ni 30 años. El 33%, en cambio, era menor de 25 años. El 21,7% tenía entre 31 y 35 años y el 17% tenía más de 35 años. Solo había tres personas de 49 años, el resto eran jóvenes. 

Luego de que la Secretaría cruzara datos con las cifras de detenciones realizadas por la Policía Nacional, la institución estableció que a los 11 años, los niños y las niñas ya están inmersos en círculos de violencia y delincuencia sin atención del Estado.