El Acuerdo de Escazú entró en vigencia en abril de 2021 y Ecuador ya está dando los primeros pasos para comenzar a implementarlo. Lo primero que hizo el país —junto a expertos de la sociedad civil y de la academia, y representantes de instituciones gubernamentales— fue una evaluación de la situación actual del país con respecto a las principales obligaciones que el país adquiere por el acuerdo.

Con esa evaluación se podrá determinar si las normas y regulaciones medioambientales, de derechos humanos y de acceso a la información, participación y justicia que tenemos vigentes en el país se alinean con lo que plantea el Acuerdo de Escazú. 

Uno de los problemas principales que se identificó para que se cumpla con el acuerdo es el desconocimiento de la ciudadanía en general sobre los derechos de acceso a la información ambiental, participación ciudadana, acceso a justicia ambiental y protección de defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Pero hay otros obstáculos para que el Acuerdo de Escazú se logre en el país como: la falta de políticas sobre el acceso a la información, la falta de mecanismos de difusión de datos, y el desconocimiento sobre el derecho a la participación ciudadana. También hay dificultades para acceder a la justicia en temas ambientales y hacen falta normas para proteger a los defensores ambientales. 

Además, de la evaluación, otro paso que ha dado Ecuador es avanzar en la elaboración de una política pública de protección de defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Este proceso está liderado por la Defensoría del Pueblo en conjunto a diversas instituciones estatales, organizaciones sociales, academia y defensores.

Sin embargo, el cumplimiento del Acuerdo de Escazú no es importante solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Y para eso hay algunos retos como la falta de protección de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, la falta de participación ciudadana en los procesos relacionados con el medioambiente, y el difícil acceso a la información pública ambiental. Otro obstáculo regional es la falta de consulta ambiental y de consulta previa a las comunidades sobre planes y proyectos mineros o petroleros, una de las razones principales de los altos índices de conflictividad socioambiental. 

Los expertos aseguran que cumplir con el Acuerdo no será fácil ni se logrará de un día para el otro. Sin embargo, es importante que los gobiernos de los 12 países que han ratificado el acuerdo ya empiecen a tomar acciones y crear políticas concretas para que Escazú no se quede solo en papel.