América Latina es la región donde más asesinan a ambientalistas. De los 197 asesinatos que hubo en 2017 en todo el mundo, 116 fueron en nuestra región. Pero esto empezó a cambiar el 4 de marzo de 2018 cuando se creó el Acuerdo de Escazú. Su objetivo es proteger los derechos humanos de los activistas y defensores ambientales. Ecuador ratificó el Acuerdo de Escazú el 21 de mayo de 2020.
Pero eso no es todo, los países que ratifiquen el acuerdo deberán cumplir ciertas obligaciones. Entre ellas garantizar la vida de los defensores ambientales y facilitar el derecho de acceso a la información ambiental. Además de asegurar la participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales que establece el Acuerdo. Así habrá más funcionarios públicos especializados y con la formación necesaria que puedan garantizar el acceso a la información ambiental, facilitar una participación oportuna y resolver posibles delitos ambientales.
En el caso de Ecuador, se tendrá que evaluar sus leyes y regulaciones para que cumplan con los objetivos del Acuerdo de Escazú. Especialmente el Código Orgánico del Ambiente (COA). También se tendrá que capacitar a funcionarios que tienen relación con la gestión de información ambiental. Sin olvidar que habría que capacitar a jueces, fiscales y otros operadores judiciales en materia ambiental.
Ecuador es el noveno país en que ratificó el Acuerdo de Escazú. Pero para que el Acuerdo entre en vigor se necesita que al menos 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe lo ratifiquen.