Mañana, 20 de octubre de 2020, arrancarán las comparecencias convocadas por la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos en el marco de la investigación sobre los Pandora Papers —una entrega periodística global que evidenció el vínculo que mantuvo el presidente Guillermo Lasso con 14 entidades offshore. Según el cronograma, Lasso debe rendir su versión a las tres de la tarde. También tenían que hacerlo la primera dama, María de Lourdes Alcívar, y su hijo Santiago Lasso, por pedido de la Asamblea Nacional. Sin embargo, tanto Alcívar como Lasso hijo decidieron no acudir al Legislativo y, en su lugar irá su representante legal, el abogado Eduardo Carmigniani.
En un documento enviado al asambleísta Fernando Cabascango, quien preside la Comisión encargada de investigar el caso en Ecuador, Alcívar y su hijo Santiago respondieron a la invitación que “al no ser funcionarios públicos, no estamos obligados a atender antedicha invitación”, amparados en el artículo 120, numeral 9, de la Constitución, y el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dictan el requerimiento de información a servidores y funcionarios públicos. Ellos estaban citados para rendir su versión entre las nueve y diez de la mañana.
Luego que se publicaron los Pandora Papers, Lasso dijo que se deshizo de esas empresas después de que entrara en vigencia la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular de Paraísos Fiscales, que prohíbe a los candidatos políticos tener propiedades o vínculos con entidades en paraísos fiscales.
El 7 de octubre, el pleno de la Asamblea Nacional decidió que la Comisión liderada por Cabascango, del movimiento político Pachakutik, debía analizar si Lasso incumplió con esa ley. El Legislativo tomó la resolución con 105 votos a favor de las bancadas del Partido Social Cristiano, Pachakutik, la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) y algunos miembros de la Izquierda Democrática. La gobiernista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), en cambio, votó en contra.
La Comisión tiene 30 días, contados desde el 8 de octubre, para presentar su informe —que no es vinculante— sobre la investigación. El informe, dice la Asamblea, se hará a partir de las comparecencias y pedidos de información. También se convocará a declarar a “personas naturales” que puedan aportar con sus testimonios. Ese informe será revisado y debatido por el pleno de la Asamblea.
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Una investigación con alcance global
Los Pandora Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló los vínculos con entidades offshore y fideicomisos de más de 300 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países en el mundo.
Según el sitio web del ICIJ, la investigación se hizo gracias a la “filtración más amplia de archivos de paraísos fiscales en la historia”. Se filtraron un total de 11,9 millones de archivos de 14 proveedores de servicios de empresas offshore. Los periodistas que participaron en la investigación examinaron “miles de correos electrónicos, documentos e imágenes para encontrar nombres que fueran de interés público”. La investigación duró dos años y logró revelar las conexiones de muchos políticos y sus familias con paraísos fiscales.
En Ecuador, la investigación reveló que el presidente Guillermo Lasso ha tenido vínculos con 14 entidades —entre compañías offshore y fideicomisos— en Panamá y Estados Unidos (en los estados de Dakota del Sur y Delaware).
