Cerca de las tres de la mañana de hoy, 8 de octubre de 2021, varias unidades de la Policía Nacional llegaron al cuartel de San Lorenzo, en Esmeraldas, donde hubo una detonación, posiblemente de un “artefacto explosivo”.
La explosión afectó a una pared del cerramiento del cuartel, dijo la institución. La Policía Nacional informó, además, que hay vidrios rotos y estructuras con daños, pero que la detonación no dejó personas heridas. Las investigaciones continúan para dar con los responsables ya están en marcha.
No es un caso aislado. El 26 de septiembre pasado, una operación militar desplegada en Mairongo, un sector de San Lorenzo, halló una base de descanso de grupos armados ilegales. Las autoridades no especificaron a cuál grupo pertenecía la base ni las siete personas detenidas en el operativo.
En la redada, se incautaron ocho escopetas, dos carabinas, un fusil M4, un revólver, 188 municiones calibre 5,56 mm, ocho granadas de mano, tres uniformes militares colombianos, explosivos y armamento artesanal.
San Lorenzo es una de las ciudades más pobres del Ecuador. En ella, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza por necesidades básicas insatisfechas afecta al 84% de los más de 64 mil habitantes que tiene la pequeña ciudad esmeraldeña.
La precariedad y la falta de oportunidades ha convertido a San Lorenzo y sus zonas aledañas en presa de las redes del crimen organizado que trafica drogas. Ecuador no se ha caracterizado por ser un gran productor de cocaína, como Perú o Colombia, pero su posicionamiento estratégico de grandes ríos que desembocan en el Pacífico lo ha convertido en una “autopista de la cocaína”, según la organización investigación Insight Crime.
En ese escenario, San Lorenzo, por su cercanía a la frontera colombiana, la tupida selva que lo rodea, su acceso directo al mar y el abandono estatal histórico, se ha convertido en un foco del tráfico ilícito de narcóticos.
La operación pasada y la explosión documentada la madrugada de hoy, evidencian la incapacidad del Estado de controlar a las fuerzas ilegales que operan en la zona.
En 2018, el Ecuador volvió sus ojos al olvidado sector cuando, en enero de ese año, hubo una explosión en el mismo cuartel que hoy reportó la detonación. Meses después, en la misma zona un equipo de diario El Comercio fue secuestrado por la narcoguerrilla autodenominada Frente Oliver Sinisrerra.
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Los tres hombres, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron retenidos y, posteriormente, asesinados por la narcoguerrilla, en uno de los más violentos episodios contra la prensa en el Ecuador y que aún no ha sido esclarecido ni por el Estado ecuatoriano ni por el colombiano.
Ese mismo año hubo atentados con explosivos en Borbón, Alto Tambo, Viche y El Pan (donde fallecieron los infantes de marina: Luis Mosquera, Jairon Sandoval, Sergio Elaje y Wilmer Álvarez). También fueron asesinados dos civiles, Óscar Villacís y Katty Velasco, en Esmeraldas, y el soldado Wilson Ilaquiche, en Tobar Donoso, en Carchi.
