Este 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordas a escala mundial, una jornada de reivindicación que busca la edificación de una sociedad con igualdad de oportunidades, no discriminatoria y en la que las personas sordas muestran el orgullo por su idioma: la lengua de señas. Pero, ¿cuál es su origen y cuál es su impacto en Ecuador?
El 23 de septiembre de 1951 se instaló el primer Congreso Mundial de Sordos, presidido por el profesor Vittorio Ieralla, primer líder de la Federación Mundial de Sordos (WFD, por sus siglas en inglés). Roma fue la sede del encuentro internacional en el que participaron 25 países. Durante esa jornada histórica, se estableció una serie de objetivos a los que apuntar: el respeto a los derechos humanos de las personas sordas, aunar esfuerzos por una mejor educación, acceso a la información y a los servicios públicos, además de impulsar la creación de organizaciones o colectivos de personas sordas en aquellos países donde no existían representantes. Siete años después, en 1958, la WFD celebró la primera Semana Internacional de los Sordos en ese mismo mes y desde entonces la lucha por sus derechos se convirtió en un grito global para promover la conciencia sobre las desigualdades que enfrentan en el mundo.
La organización —que reúne a delegados de 133 países miembros, incluido Ecuador— fijó a la última semana de septiembre de cada año como una jornada de encuentro y debate. En este 2021, el Día Internacional de las Personas Sordas se conmemora este domingo 26, pero, en realidad, se trata de una semana completa que inició el 23 de septiembre, cuando el mundo celebró el Día Internacional de las Lenguas de Señas, instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 como homenaje a la fundación de la WFD.
Hay más de 70 millones de personas sordas a escala mundial, según la Federación; el 80%, de acuerdo con la WFD vive en países en vías de desarrollo y, como organización, usan más de 300 lenguas de señas diferentes. Adriana Manzano, integrante de la Asociación Nacional de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas Ecuatoriana (ANILSEC) y de Sordas Feministas —una organización que exige que la Constitución ecuatoriana reconozca la lengua de señas como idioma principal de las personas sordas— aclara que esa cifra es conservadora porque, en realidad, refleja la cantidad de personas usuarias de lengua de señas. “Nosotras nos alineamos, como colectiva, a ese número, pero dejando claro que existen muchas personas sordas que son invisibilizadas”, indica.
Para comprender las exigencias y necesidades de las personas sordas en Ecuador y el mundo, es imprescindible, dice Adriana Manzano, visibilizar a sus protagonistas. A través de una llamada vía Zoom, Adriana me presenta a Damaris Moreira, quien forma parte también de Sordas Feministas. Ella, una mujer sorda de 27 años, asegura que el Estado no ha garantizado su acceso a la salud, a la educación, a la justicia y al trabajo. Mientras se comunica con nosotras a través de la lengua de señas, su compañera Adriana la interpreta. “Exigimos que respeten nuestros cuerpos, nuestras identidades. Somos personas sordas, somos iguales a ustedes”, dice la activista.
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Para Damaris Moreira, madre de un niño de cinco años, la conmemoración de la Semana Internacional de las Personas Sordas permite mostrar a la comunidad sorda y “que todo el mundo reconozca nuestras señas, porque son nuestra voz”, dice. Ella dice, además, que la lucha por sus derechos es sostenida. “No es una semana y se acabó. Nosotras trabajamos para encontrar servicios, trabajo, acceso a los hospitales porque nos falta muchísimo”, dice.
Pero es difícil hacerlo en Ecuador, cuestiona Damaris Moreira. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades registra 66.515 personas sordas en el país: 30.239 mujeres, 36.267 hombres y 9 personas de las diversidades sexogenéricas. Sin embargo, para Damaris es un subregistro que no dimensiona cuántas realmente hay en territorio nacional. Ella recuerda, por ejemplo, que, según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que data de 2010, había 207.541 personas con discapacidad auditiva.
Esa, sin embargo, es la primera de las falencias, dice Damaris, que deben enfrentar las personas sordas en el país: la falta de un registro confiable y datos que permitan tomar decisiones.
Pero no es el único problema. En 2017, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo para la Igualdad de Género difundieron la investigación “Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su vinculación con la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano” en la que se determinó que en Ecuador, el 19% de la población de mujeres con discapacidad tiene 10 veces más probabilidades de experimentar violencia sexual.
Damaris espera que este domingo sea una jornada de reflexión no solo para las personas sordas, sino para las oyentes y para el Estado, que, afirma Damaris, debe construir políticas públicas que deben ser edificadas con sus voces y necesidades como exige la consigna de las personas con discapacidad: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.