El Comité de Ética de la Asamblea Nacional rechazó este 25 de septiembre de 2021, el pedido de recusación solicitado por la asambleísta Bella Jiménez.
La segunda vicepresidenta del Legislativo enfrenta un proceso disciplinario por presunta gestión de cargos públicos que tendrá que dirimir el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. En el marco del proceso, Jiménez interpuso un recurso de recusación, que puede presentarse para que los jueces a cargo de una causa se abstengan de conocer un proceso, contra tres de sus integrantes: Marjorie Chávez, Dalton Bacigalupo y Freddy Rojas, integrantes del Comité.
El presidente del Comité, el legislador José Chimbo, del movimiento Pachakutik, anunció que rechazaron el recurso para luego suspender, por tercera vez consecutiva, la audiencia para la práctica de pruebas en el caso de Jiménez.
La legisladora Jiménez presentó la recusación el viernes 24 de septiembre durante la segunda instalación de la audiencia, que también fue suspendida, contra Chávez, del Partido Social Cristiano, Bacigalupo, de la Izquierda Democrática —partido del que Jiménez fue expulsada después de haberla auspiciado para alcanzar una curul en las últimas elecciones—. Según la segunda vicepresidenta de la Asamblea, los tres legisladores adelantaron criterios sobre el caso que, como miembros del Comité, conocen, además, dice que han mostrado una enemistad manifiesta” en su contra.
En un documento entregado por la abogada de Jiménez, Andrea Sánchez, la asambleísta Jiménez solicitó: “que mi proceso de investigación, juzgamiento o archivo de mi caso se lleve a cabo por un Comité de Ética imparcial que garantice mis derechos constitucionales por cuanto tres de los miembros de lo mismo Comité han actuado contrario al ordenamiento jurídico, adelantando criterios sancionadores”. Por eso, luego del anuncio del pedido de la legisladora, Chimbo suspendió la audiencia y la fijó para hoy.
La audiencia de este sábado 25 de septiembre inició sin los asambleístas que Jiménez esperaba que el Comité recuse. En cambio, se anunció que Marjorie Chávez principalizó a su alterno Miguel Ángel Pavón Suntaxi, mientras que Bacigalupo principalizó a su suplente Sherlín Pacheco Viteri. Freddy Rojas, no asistió, pues notificó al Comité que se encuentra en el hospital.
Parecía que finalmente la audiencia se desarrollaría, hasta que el legislador Miguel Ángel Pavón mocionó para que el Comité negara la recusación en contra de Chávez, Bacigalupo y Rojas. La moción fue aprobada con cuatro votos a favor emitidos por los asambleístas Pavón, Pacheco, Chimbo y Luisa González de UNES. Después, el legislador Chimbo suspendió la audiencia y la agendó, por cuarta ocasión, para el próximo lunes 27 de septiembre a las 10:00.
Luego de conocerse la resolución, la abogada Sánchez, que patrocina a la legisladora Jiménez, intervino en la audiencia y dijo: “Los alternos de los asambleístas nombrados para un cargo personalísimo como ser miembro del Comité de Ética, no pueden presidir esta sesión”. La jurista indicó que el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el Comité “estará conformado por cinco miembros permanentes designados, de manera individual, por el Pleno de la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes”. La jurista calificó a la principalización como un acto “ilegal”.
La abogada constitucionalista, Libia Rivas, cuestionó la principalización de los legisladores alternos y recordó que el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que “en caso de ausencia temporal o definitiva, en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional o en las comisiones especializadas, las y los asambleístas principales serán reemplazados por sus suplentes y, en ausencia o imposibilidad de asistir de estos, por sus alternos”. Es decir que, según Rivas, el reemplazo está previsto para sesiones de Pleno o comisiones especializadas. “Cuando, por ejemplo, las máximas autoridades se ausentan, sus suplentes no ocupan los cargos de la autoridad, sino que los reemplazan como integrantes de las comisiones o en el Pleno”, escribió en su cuenta de Twitter.
Una cronología de las acusaciones contra Bella Jiménez
Cuestionada y expulsada por su propio partido, la Izquierda Democrática (ID), la gestión de Jiménez se ha visto manchada, luego de que los portales La Historia y Periodismo de Investigación publicaran una investigación, el 20 de agosto pasado, en la que revelaron que Jorge Pelaez, hijo de la vicepresidenta, habría recibido una transferencia que ascendió a 3 mil dólares por parte de una persona interesada en trabajar en el legislativo. De acuerdo con La Historia, la legisladora habría gestionado cargos en hospitales públicos y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, luego de haber sido posesionada como Segunda Vicepresidenta de la Asamblea.
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Fue justamente por la publicación de los hechos que el asambleísta Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la ID, presentó una denuncia contra su entonces aún coidearia. La denuncia fue presentada el 21 de agosto ante la Asamblea. Un día después, el 22, la Izquierda Democrática hizo oficial la expulsión de Jiménez, mientras el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, presentó una denuncia en la Fiscalía para que se abra una investigación en su contra.
El 23 de agosto, en cambio, llegó una segunda denuncia desde la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES). Victoria Desintonio, afirmó que supuestamente una mujer pagó 6 mil dólares a un hermano de Jiménez, a cambio de un puesto de trabajo en su despacho. Ese día, la asambleísta expuso supuestas pruebas documentales del pago.
El 30 de agosto, el Comité de Ética de la Asamblea decidió unificar las denuncias contra Jiménez, luego de que el Consejo de Administración Legislativa las calificara a trámite.
Los cinco representantes de las bancadas políticas que forman parte del Comité lo aprobaron de forma unánime, pues los denuncias presentadas por ID y UNES están alineadas a la prohibición establecida en el numeral 3 del artículo 127 de la Constitución y el artículo 163 de la Ley Legislativa en el que se sanciona con destitución la gestión de nombramientos de cargos públicos.
El 3 de septiembre último, la Fiscalía anunció que se desplegaron ocho allanamientos relacionados a la investigación contra Jiménez. Ese día, la institución, en coordinación con agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) decomisó documentos, celulares, pasaportes y documentos sellados. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha informado sobre los próximos pasos en la investigación y no se han formulado cargos contra la aún legisladora.
Lo que sí se sabe es que Jiménez es investigada por concusión, un delito tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona. Los servidores públicos y las personas que actuando en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado abusen de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenando o exigiendo “la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”. La concusión se sanciona con prisión de tres a cinco años. Si, en cambio, el delito se comete mediante violencia o amenazas, la sentencia asciende de cinco a siete años.
