*Este reportaje es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.


“Yo pregunto, ¿para quién existe esta emergencia, cuál es su naturaleza, por qué nadie actúa?”, cuestionó Mia Mottley, primera ministra de Barbados, la única mujer política que intervino en la sesión inaugural de la Cumbre Latinoamericana de Cambio Climático. Argentina fue la sede del encuentro internacional que contó con la participación de 21 países de la región —de forma virtual—, y se desarrolló el miércoles 8 de septiembre de 2021.

Mottley gobierna una de las siete naciones que convocaron la cumbre, junto con Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Los estados unieron esfuerzos para impulsar el debate de la crisis climática y promover mecanismos de cooperación para “fomentar la ambición climática en las Américas”.

El evento incluyó una serie de diálogos que, además de mostrar cómo el cambio climático afecta a cada uno de los países, comprometió a los líderes políticos a cumplir sus promesas de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), que se realizará desde el 1 hasta el 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, Reino Unido.

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Cumbre Latinoamericana de Cambio Climático: las promesas de los líderes de cara a la COP26 de Glasgow

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La cumbre reunió a expertos económicos, representantes de organismos multilaterales y autoridades internacionales, quienes expusieron sus criterios, propuestas y compromisos en seis paneles que abordaron desde la necesidad de tomar acciones en conjunto para enfrentar el cambio climático y desarrollar mecanismo de adaptación, hasta la importancia de involucrar en estas decisiones y acciones climáticas al sector privado en cada país.

El evento cerró con una “Mesa Redonda Ministerial” que recogió los principales acuerdos de los líderes políticos.

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Unir esfuerzos por una justicia climática integral

“Necesitamos una justicia social ambiental, el nuevo nombre del desarrollo de nuestra región”, dijo Alberto Fernández, presidente de Argentina, en su discurso inaugural. Fernández, además, presidió el panel “Camino hacia Glasgow. Mejorando la ambición climática”. El Presidente aseguró que en la COP26 formalizará el incremento del 2% del presupuesto nacional para la mitigación de la crisis climática.

Para lograrlo, alegó que su gobierno ha emprendido varias acciones como la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, además de una mesa de transición para “la promoción de las energías renovables y del desarrollo de un complejo productor y exportador de energías limpias” y de bajas emisiones basadas en el hidrógeno. Además, anunció que en Argentina la deforestación ilegal será tipificada como un delito ambiental.

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Los camiones esperan para ser cargados en un área cercana al Parque Nacional Copo que está siendo desmontada. Fotografía de Greenpeace Argentina.

El presidente afirmó que la meta de Argentina, y toda la región, es evitar que la temperatura del planeta suba por encima de 1,5 centígrados —actualmente, ya se ha elevado 1,1 centígrados, según el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). También planteó la importancia de analizar la economía de la región vinculada al avance del cambio climático.

“La mera medición del Producto Interno Bruto (PIB) nacional no resulta compatible sin tener en cuenta la huella de carbono e indicadores de reducción del daño ambiental”, aseveró el presidente argentino, cuyo país vive una severa crisis: su economía se contrajo en un 10%, su moneda se devalúa constantemente y el aumento de los bienes de consumo es del 40 %. Aún así, Fernández dijo que era vital “poner en valor los activos ambientales, en pesar métricas más allá del crecimiento depredador extractivista”.

Los organismos de cooperación económica internacional son clave para aportar a la lucha por el planeta. Por eso Fernández pidió que se apliquen derechos especiales desde el Fondo Monetario Internacional: que se extiendan los plazos para pagar las deudas de cada país, se reduzcan las tasas de interés, y que les permitan usar fondos de emergencia.

Para John Kerry, enviado especial para el Clima de Estados Unidos, el “mundo nos está gritando” y lamentó que su país “perdió tres años” durante la administración del presidente Donald Trump, quien decidió abandonar el Acuerdo de París en abril de 2016.

Trump, además, se opuso a las advertencias de científicos que, según Kerry, dieron un plazo de 12 años, a partir del 2018, para implementar las decisiones clave que pudieran evitar peores consecuencias. El funcionario estadounidense reafirmó lo que los expertos han repetido constantemente: de no aplicar medidas urgentes, el aumento de la temperatura del mundo se desbordará.

Kerry también insistió en que la meta del mundo debe ser “cero emisiones para el 2050”. El funcionario aseguró que el gobierno de Biden se ha fijado reducirlas en un 52 % para el 2030 y que para 2035 espera que sean libres de carbono y tener el 50 % de su flota automóvil eléctrica. En los planes del país norteamericano está el incremento de asistencia para las energías renovables en América Latina y El Caribe. De esa manera, para 2030 se aumentaría en un 70% la capacidad energética en la región.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, también participó en la sesión. Lasso  —quien recientemente emitió los decretos 95 y 151 para duplicar la producción petrolera y potenciar la minería en el país y así apalancar su reciente gestión— dijo que se necesitaba una “firme voluntad política de la comunidad internacional con el apoyo responsable del sector privado”. El mandatario indicó que el cambio climático ha vulnerado, sobre todo, a la región costera del Ecuador, donde se registran fenómenos que exigen medidas de adaptación como el ascenso del nivel medio del mar, el retroceso de la línea de costa, el aumento de la temperatura del agua y la acidificación de los océanos.

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El presidente Guillermo Lasso también participó en la cumbre, habló sobre la transición ecológica que comenzó el país.

El presidente ecuatoriano señaló que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en Inglés), acordadas por el país en el Acuerdo de París, establecen lineamientos para la acción climática que complementan el “plan de implementación” de medidas concretas con las que se pretende llegar a la reducción del 22,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2025. Lasso hizo énfasis en que el país ha iniciado un proceso de transición ecológica, que incluye un pacto nacional interministerial en el que se ha asumido “la construcción de un país verde”.

Una luz hacia la “economía verde”

Uno de los ejes centrales de la cumbre fue la crisis económica y cómo ha imposibilitado a los países de América Latina a avanzar con la acción climática. El panel “Mecanismos innovadores para medios de implementación” marcó una premisa clara que se replicó en todos los demás: el alivio de las deudas y el compromiso de organismos multilaterales internacionales para hacerlo. De manera que las metas y propuestas puedan cumplirse en medio de la pandemia del covid-19 que aún no culmina.

José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo explicó. Él experto lamentó que el 2020 llegara ser el tercero más caliente de la historia, según lo informó la Organización Metereológica Mundial. Los efectos son visibles: impactos en rutas de navegación del mar, los golpes contra el comercio, la reducción del rendimiento de las hidroeléctricas y el cese de producción de alimentos. A eso se suma que, de acuerdo con Samaniego, el nivel de deuda de los gobiernos centrales de América Latina alcanza el 76% del Producto Interno Bruto.

Son varias las asimetrías económicas que Latinoamérica aún no ha logrado superar. Uno de los retos más importantes, dijo, es que los recursos que se han invertido en América Latina han estado poco alineados con la emergencia climática. En 2020, por ejemplo, el “gasto marrón”, es decir, la inversión alta en emisiones, fue muy superior al “gasto verde”. De hecho, es una proporción de cuatro a uno: se gastó apenas 1.600 millones de dólares en iniciativas verdes, mientras que para el gasto marrón se destinó 7.400 millones de dólares. “Estamos gastando el 3% de los recursos etiquetados para la recuperación, mientras que el resto del mundo ha gastado el 21%”, lamentó.

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Los bosques en la carretera Masisea Imiría son ahora campos de cultivo en manos de la colonia menonita de Masisea. Fotografía de Sebastián Castañeda.

Pero hay esperanza y son varias las alternativas. Cepal, por ejemplo, afirmó Samaniego, se comprometió a crear un Fondo de Resiliencia para el Caribe, cuya capitalización en la práctica sería un canje de la deuda pública de los países latinoamericanos.

Con él coincidió Mari E. Pangestu, directora gerente de políticas de desarrollo y alianzas del Banco Mundial, quien dijo que el organismo destina el 35% del financiamiento que brinda para “algún tipo de adaptación de cambio climático. Es momento de no solo invertir en una economía verde, sino pasar a una economía verde”, instó.

Por su parte, Kristina Kotial, directora adjunta del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI, dijo que la organización ha activado varios frentes para, según ella, apoyar a las naciones de medianas y bajas economías. Lo hacen, afirmó, a través del asesoramiento en políticas ambientales. Kotial informó, además, que en agosto pasado, mantuvo una reunión en la que socializó la “histórica” asignación de 650 mil millones de dólares; 50 mil millones serán direccionados a América y el Caribe. Su nuevo frente, indicó, es la posibilidad de implementar un Fondo que ayudará a países vulnerables a implementar reformas para abordar los desafíos del clima.

Más allá de las promesas

Los discursos y las promesas suenan bien, pero solo demuestran su poder cuando se ejecutan. Tarcisio Granizo, director del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Ecuador y exministro de Ambiente de este país, reconoce que el intercambio de compromisos en la cumbre es “sumamente interesante por una razón: a las cumbres de cambio climático, Latinoamérica nunca ha ido con una posición unitaria, siempre ha sido muy dispersa. Este es un intento para tratar de llevar una posición común”, dice.

Aunque las resoluciones de estos encuentros internacionales son vinculantes, “las cumbres tienen ese problema. Son muy generales, casi etéreas. Creo que es importante para unir posiciones, pero pueden ser inútiles en territorio”, opina el exministro. Sobre las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, Granizo explica que aún no está claro cómo aplicará la transición ecológica. “El Gobierno ha hablado de un desarrollo sostenible, pero habría que ver cómo está pensando ese escenario a donde nos va a llevar esa transición”, señala.

Para él, también hay una contradicción que aún no logra aclararse pues, con una política extractivista petrolera y minera como la que ha puesto en marcha Lasso, es complejo comprender los esfuerzos para proteger el medioambiente. “Hablar de transición ecológica, por ejemplo, sería pensar en una economía posextractivista”, afirma. Sin embargo, también reconoce que en la agenda del presidente ecuatoriano hay “propuestas interesantes” como la descarbonización de la economía, con la que se pretende eliminar el mineral de la producción eléctrica. “Habrá que ver cómo se realiza”, señala.

“¿Qué tiene que cambiar para que nos salvemos?”, planteó Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica.  Para él es necesario priorizar y actuar. Antes, dijo, la humanidad discutía si el cambio climático era o no una realidad, pero la naturaleza lo demostró: inundaciones, incendios forestales, pérdida acelerada de la biodiversidad. Alvarado cuestionó, por ejemplo, que “el gasto militar del mundo aumentó nuevamente y supera los niveles que tenía en la Guerra Fría. Entonces, ¿dónde está la prioridad del mundo?, ¿nos estamos armando para un conflicto cuando la peor amenaza es la supervivencia de nuestra casa común”. A mí no me hace sentido”, dijo.

La necesidad de decisiones urgentes

En la cumbre también intervino António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien —siguiendo la línea de Lasso y Fernández— dijo que la “arquitectura internacional” de la financiación del desarrollo para los países debe ofrecer opciones que vinculen la acción climática con la sostenibilidad de las deudas. “Faltan 60 días para la COP26 y es momento de unir esfuerzos para superar este estancamiento” y para hacerle frente a la “triple amenaza”: el covid-19, la deuda económica y el cambio climático.

Guterres instó a donantes y bancos internacionales a asignar el 50 % de sus fondos para apoyar la adaptación climática ya que apenas el 20 % se destina a los países en desarrollo y se necesitan al menos 70 000 millones de dólares al año, una cifra que podría cuadruplicarse para fines de esta década.

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su país apenas representa el 0,6 % de las  emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero es una de las 20 naciones más amenazadas por el avance del cambio climático. Duque, quien tiene la aprobación de apenas 18 de cada 100 colombianos,  ratificó la promesa que realizó en la Cumbre de Líderes sobre el Clima que se realizó el jueves 22 de abril, en el Día Mundial de la Tierra: reducir el 51 % de emisiones de gases de efecto invernadero de cara al 2030 y llegar a ser una nación con carbono neutral en el 2050. Habló también sobre el programa de reforestación que impulsa su gobierno con el que espera sembrar 180 millones de árboles para agosto de 2022. “Lo que queremos es alcanzar el 0 % de deforestación para 2030”.

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, en cambio, cuestionó al igual que su par Mia Mottley, primera ministra de Barbados, la falta de actuación de los 10 países con mayores niveles de emisión de carbono: China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita y Canadá. “Eso también ha causado que los fenómenos climáticos sean más fuertes, más devastadores”, y aseguró que sus efectos no solo intensifican la crisis ambiental, sino que profundizan el empobrecimiento mundial.

Para Alvarado, es momento de un “nuevo contrato global” en el que los países desarrollados, responsables de esas emisiones, se comprometan en nombre del bienestar colectivo. Desde su gobierno, explicó, se ha impulsado el Fondo para Aliviar la Economía (FACE, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca que los países que lo necesiten accedan a un financiamiento a largo plazo.

Mottley, por su parte, dijo que Barbados trabaja para construir resiliencia en los hogares de su país: han acelerado la inversión para la generación de energías renovables y han disminuido el consumo de combustibles fósiles para evitar la contaminación pues, en naciones como la suya, “la protección del agua es vital”.

Son varios los compromisos que se escucharon durante la Cumbre Latinoamericana del Cambio Climático. Los líderes políticos fijaron la unión como puente para alcanzar metas. La más importante: acelerar medidas para que la temperatura del mundo no sobrepase los 1,5 centígrados, pese a que el panorama no es optimista, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero.