Entre manifestaciones en contra y a favor del aún alcalde de Quito, Jorge Yunda, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, anunció la tarde de este 9 de septiembre de 2019 que, amparado en el Código de la Democracia, tiene hasta 30 días para dictar la sentencia en el caso de presunta infracción electoral muy grave contra Yunda.
El proceso se inició luego de que Jéssica Jaramillo y Sara Serrano denunciaran al alcalde ante el TCE por no acatar la decisión del organismo que, el 1 de julio último, ratificó la remoción de Yunda del cargo de alcalde.
La audiencia se instaló pasadas las dos y media de la tarde. En la diligencia, Jaramillo, representante del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, el colectivo que comenzó con el proceso de remoción de Yunda, y Serrano, miembro del Cabildo Cívico del Centro Histórico de Quito, expusieron las que consideran son las pruebas que pretendían demostrarían que Yunda incurrió en la infracción grave.
Ambas activistas presentaron sus denuncias por separado, sin embargo, el TCE les notificó en agosto que las causas serían tramitadas en un mismo caso.
La diligencia no fue silenciosa. Desde las doce del día, decenas de personas se concentraron en la calle Juan Manuel Abascal, donde está el TCE. Yunda no llegó. Su abogado, Darwin Meza, acudió en su representación.
Jéssica Jaramillo difundió en su cuenta de Twitter una serie alegatos y pruebas expuestos durante la diligencia. Además, en esta se proyectó un video de la sesión del 15 de julio del Concejo Metropolitano en la que Yunda seguía ejerciendo como Alcalde, pese a que los ediles quiteños emitieron una resolución que aprobó su remoción el 3 de junio último. Esa decisión fue ratificada por el TCE.
Según los argumentos de Jaramillo, Yunda incumplió la disposición que lo inhabilitaba como Alcalde en dos momentos.
El primero, según la publicación, fue desde el 8 de julio, cuando el TCE ordenó que su fallo sea ejecutado, hasta el 19 de julio. Ese día, la jueza Grimanesa Erazo decidió revocar las medidas cautelares que el juez Carlos Soto otorgó el 7 de julio.
El segundo, en cambio, habría empezado el 30 de julio. Ese día, la Corte Provincial de Pichincha le dio la razón a Yunda en una acción de protección que buscaba detener su remoción. El fallo de la Corte ratificó a Yunda en su cargo, pero generó una crisis jurídica aún mayor para la ciudad pues la sentencia de la Corte se contradice con la del TCE. Ahora, el caso está en manos del máximo tribunal ecuatoriano, la Corte Constitucional, que dirimirá el conflicto.
La audiencia del nuevo caso electoral fue la primera de tres que el aún Alcalde tendrá que enfrentar este mes. La próxima será ante la Corte Constitucional el lunes 13 de septiembre.
El 26 de agosto, el máximo órgano de justicia constitucional admitió a trámite la acción de protección interpuesta por el vicealcalde Santiago Guarderas en contra del fallo de la Sala Civil y la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que restituyó a Yunda a sus funciones.
El próximo 29 de septiembre, en cambio, se instalará el juicio por presunto delito de peculado contra el Alcalde por la compra irregular de pruebas para la detección de covid-19.
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¿Qué es una infracción electoral?
Las infracciones electorales están contenidas en el Código de la Democracia. De acuerdo con la ley, se dividen en leves, graves y muy graves, y en infracciones relativas al límite de gasto electoral y de los medios de comunicación y empresas encuestadoras.
Según el Código, las graves y muy graves se sancionan, entre otras causales, a quienes no cumplen con las órdenes de la “autoridad electoral” —que en este caso, según las denunciantes, sería el TCE. Entre las infracciones muy graves, dice el artículo 279 del Código, está “incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral”.
Las infracciones graves se sancionan con multas desde once salarios básicos unificados hasta veinte, la destitución o la suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
Las muy graves, en cambio, son sancionadas con “multa desde veintiún salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años”. En este caso, el TCE puede resolver la destitución de Jorge Yunda como alcalde.
