La mañana de hoy, 30 de julio de 2021, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunió para conocer el informe del juicio político en contra del ex contralor subrogante Pablo Celi de la Torre. Tras escuchar a su equipo técnico, la Comisión decidió pedir a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, extender en cinco días el plazo para presentar el informe porque hasta el momento está completado hasta la mitad.
Carmen Iñiguez, asesora técnica, dijo que el informe no se ha podido concluir porque se solicitaron 65 comparecencias y más de 50 solicitudes de información. Al ser tanta la información recibida, no se ha podido procesar a tiempo. “Son decenas de horas de audio y video que están siendo transcritas, miles de fojas que están siendo revisadas, con esta base tenemos avanzado un 50% del informe y eso nos conduce inexorablemente a plantearnos la posibilidad de requerir 5 días adicionales para completar y hacer un informe riguroso”, dijo Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión.
Además, Villavicencio explicó que las 65 comparecencias que recibieron en la etapa de prueba suman 102 horas de audio y video que deben ser procesadas además de la documentación presentada en la etapa de prueba, que son unos 120 expedientes con información solicitada por la Comisión y casi 400 cuerpos sobre expedientes abiertos en el caso denominado Las Torres, relacionado con el desvanecimiento de glosas en la Contraloría.
Debes Saber
Roberto Cuero, asambleísta por la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES), dijo que el juicio político a Celi era “histórico”. Cuero dijo que le daba tal adjetivo “en función a lo que representa para la Patria y en función de cómo se ha venido realizando el juicio político, que han sido prácticamente 10 días de comparecencia, la información es abundante”, dijo Cuero, anunciando que había presentado una moción que establece que su informe “no deje dudas del trabajo técnico que se ha hecho”. En ese documento, dijo Cuero, se pidió la prórroga. Con votación unánime, la Comisión de Fiscalización aprobó la moción planteada por Cuero.
El 30 de junio, la Comisión calificó y admitió a trámite el juicio político contra Pablo Celi. La solicitud de juicio la presentó Juan Cristobal Lloret, asambleísta de UNES, por, entre otros cargos, incumplimiento de funciones. Según Lloret, Celi “sigue gobernando desde la cárcel”. Ahora “un subrogante” designa a su “subrogante”, dijo Lloret, cuando Celi intentó designar como contralor subrogante a Carlos Alberto Riofrío González.
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El excontralor es acusado por presuntamente haberse extralimitado e interferido en las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el proceso de las elecciones generales de 2021. Según Lloret, Celi pretendió eliminar la vigencia de cuatro organizaciones políticas y destituir a tres consejeros del CNE. Además, habría intentado —en la primera y segunda de las elecciones generales de 2021— implementar una auditoría al sistema informático del CNE, cuando el Código de la Democracia dice que ninguna autoridad puede intervenir en las elecciones, pues esa es una competencia exclusiva del CNE.
Celi también es acusado por Lloret de incumplimiento de funciones en el desvanecimiento de glosas durante su administración y una supuesta arrogación de funciones en el cargo de contralor subrogante.
Otra de los cargos en su contra son las investigaciones que pesan sobre él por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso conocido como “Las Torres”. Celi estaría involucrado en una presunta trama de delincuencia organizada. Los líderes de la estructura habrían exigido sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador EP y la empresa NOLIMIT S.A., dedicada a la venta de maquinaria y equipos para la construcción y minería.
Desde el 18 de julio de 2021, comenzó la presentación de las pruebas de cargo y descargo en el juicio político en contra de Celi de la Torre, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Cerca de 70 personas comparecieron en el juicio político contra Celi hasta el 26 de julio. Ese mismo día, Celi presentó sus pruebas de descargo.
En el informe que aún sigue preparando, la Comisión resolverá que el juicio político pase al pleno de la Asamblea, donde el legislativo deberá conocer el caso y votar a favor o en contra de la censura de Celi quien, al haber ya renunciado a su cargo, no podrá ser removido pero sí podría enfrentar otras consecuencias legales derivadas del juicio político.
