Gabriela Beltrán, auxiliar de la función judicial, denunció ante los medios de comunicación que el sorteo del pedido de medidas cautelares solicitadas por el exalcalde Jorge Yunda se realizó utilizando de forma ilegal su usuario y claves de acceso a las plataformas de la institución. Dijo que se hizo sin su autorización y que no tenía conocimiento de lo que había sucedido. 

Según las declaraciones  de Ciro Guzmán, abogado defensor de Beltrán, “usurparon el número de la Unidad Judicial” y luego también su usuario y clave. “Cada código de la Unidad Judicial solo puede ser usado en el lugar donde trabaja el funcionario. Una persona que trabaja en la Unidad Judicial de la Veintimilla no puede ingresar causas en el Complejo Judicial Norte con su código y clave” como sucedió en este caso, dijo el abogado.

Guzmán aclaró  que la funcionaria trabaja atendiendo en las ventanillas donde se ingresan las causas en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en la avenida Ignacio de Veintimilla, en el centro norte de la capital ecuatoriana. 

El abogado aseguró que su defendida  tiene videos, certificados laborales, reportes del marcador biométrico, cuadernos de registros de causas, donde se muestran que a la hora que ingresó la causa de Yunda en el Complejo del Norte, el 7 de julio de 2021, Beltrán estaba en la Unidad de la avenida Veintimilla y no en el  Complejo Judicial Norte donde se ingresó la causa.

Otra evidencia que tiene Guzmán es que la firma que aparece en el acta de las medidas cautelares no pertenece a su defendida y que es distinta a la que ella usa en los documentos de las causas que se tramitan en la Unidad Judicial de la Familia.

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“Ella es víctima de varios presuntos delitos penales en su contra: usurpación de datos electrónicos, suplantación de identidad, falsificación y utilización de documento público, hay fraude procesal, y hay un delito de asociación ilícita porque una sola persona no puede hacer todo esto”, dijo el abogado a Ecuavisa. Además, añadió que espera que con todos estos elementos la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura retiren las sospechas sobre Beltrán, que está suspendida de sus labores.

El 9 de julio de 2021, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las oficinas del juez Carlos Soto en el Complejo Judicial Norte de Pichincha, en Quito. Soto le otorgó medidas cautelares a Jorge Yunda para intentar detener su remoción como alcalde de Quito. Minutos después, la Fiscalía allanó el despacho de la jueza María Belén Domínguez, que también dispuso medidas cautelares. Además, se allanó la casa de la ayudante judicial, Gabriela Beltrán.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el sorteo de las causas que le han dado las medidas cautelares a Yunda, después de que María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, denunció ayer que el sistema de sorteos de causas judiciales habría sido vulnerado para direccionar a qué jueces iban las dos acciones de protección presentadas por Yunda. 

Ese mismo día, trece concejales del Distrito Metropolitano de la ciudad presentaron en la Fiscalía de Pichincha un pedido de “acto urgente”. Con esta acción, que se interpone para que Fiscalía actúe de forma inmediata para prevenir o detener la comisión de un delito o preservar evidencia, los concejales esperan que se protejan las pruebas del caso para que no se extravíen o sean adulteradas. Esta medida, dice la ley, debe ser aplicada inmediatamente apenas se presenta el recurso.

¿Cuáles son las irregularidades que se investigan? 

La primera irregularidad es que una de las acciones fue ingresada al sistema de las causas de violencia, cuando, explicó Maldonado, las acciones de protección tienen “como competentes a todos los juzgadores de todas las materias” —es decir, la causa podría haber sido asignada a uno de los más de 215 jueces que hay en Quito. Sin embargo, en “materia de violencia, los jueces competentes se reducen a cinco o menos”, explicó la presidenta del Consejo de la Judicatura. “Esa es la presunta irregularidad”, afirmó Maldonado. 

En el segundo caso, “no se registra sorteo” en el sistema de la Judicatura, dijo Maldonado. Eso fue confirmado por su departamento de tecnologías de información y comunicación. “Ha habido una asignación directa, sin sorteo”, dijo la presidenta Maldonado, apuntando que no se trataría de un defecto del sistema, sino que habría habido acciones “inusuales o irregulares” de los servidores judiciales.