La tarde de hoy, un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha compuesto por los jueces Raúl Mariño, Cenia Solanda y Guadalupe Narváez dejó sin efecto la remoción de Jorge Yunda, que volvería a ser alcalde de la capital tras haber sido removido de su cargo hace once días.
En la sentencia, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, resuelve que “se rechaza el recurso de apelación interpuesto por los integrantes de la Comisión de Mesa: los concejales, Santiago Guarderas, Analía Ledesma, Mónica Sandoval y Fernando Morales”, quienes conocieron los pedidos de remoción en contra de Jorge Yunda.
La acción de protección fue aceptada el 28 de junio pasado de manera parcial por la jueza Belén Domínguez, que actualmente está suspendida por el Consejo de la Judicatura y es investigada por la Fiscalía por presuntas inconsistencias en el sorteo de la causa presentada por Yunda.
Según Domínguez, los cuatro concejales violaron el principio de imparcialidad y emitieron el informe que hizo posible la remoción. Por ello, Domínguez dejó sin efecto el informe y pidió la principalización de los alternos de los cuatro concejales para una nueva votación.
Esta nueva decisión dejaría sin efecto la posesión de Santiago Guarderas, quien asumió la alcaldía de Quito y la elección de la vicealcaldesa de la capital Brith Vaca.
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¿Qué había pasado antes de esta sentencia?
La abogada constitucionalista Libia Rivas explica que Jorge Yunda presentó una acción de protección cuando comenzó su proceso de remoción en el Concejo Metropolitano de Quito. En primera instancia, la conoció y resolvió la jueza Dominguez, quien falló a favor de Yunda porque no “se había observado el debido proceso en la remoción del alcalde de Quito y no se había garantizado la imparcialidad por parte de la Comisión de Mesa que le estaba juzgando”.
En esa comisión, estaba Santiago Guarderas —entonces vicealcalde—, y Yunda alegó en su demanda que Guarderas no era un juez imparcial dentro del proceso de remoción, explica Rivas. La jueza Dominguez le dio la razón a Yunda parcialmente.
Como consecuencia, los concejales apelaron a ese fallo. Sin embargo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó hoy la sentencia, ratificando lo resuelto por la jueza de primera instancia y dejando sin valor jurídico la remoción del entonces alcalde Jorge Yunda.
¿Qué quiere decir la sentencia?
Rivas explica que la situación de Guarderas se vuelve complicada porque el fallo dice claramente que le da la razón a Jorge Yunda. Como consecuencia, deja sin efecto la remoción.
Además, el fallo también ordena que el proceso de la remoción debe volver al momento en que Yunda pidió que Guarderas sea separado de la Comisión de Mesa porque al ser su potencial sucesor, estaría parcializado. “La situación jurídica no es clara”, explica Rivas. “En resumen, la Corte Provincial dice que hay que volver a la fase de juzgamiento excluyendo la participación del doctor Guarderas como parte del proceso para garantizar el derecho al debido proceso”, dijo Rivas.
Sin embargo, “habrá que ver qué es lo que pasa al interior del Municipio de Quito, si se vuelve a instalar la Comisión de Mesa”, afirmó Rivas.
¿La Corte Provincial de Pichincha tiene más peso que el TCE?
“Son líneas judiciales totalmente diferentes”, dice Rivas. Según el Código de la Democracia, el juez natural encargado de vigilar si se ha cumplido con las formalidades en el proceso de remoción “tal como dice el fallo del TCE” es, efectivamente, el Tribunal Contencioso Electoral que validó lo actuado por la Comisión de Mesa y posteriormente por el Concejo Metropolitano.
Sin embargo los abogados de Jorge Yunda plantearon también una vía constitucional que analiza si existe o no la vulneración de derechos. Tanto en primera como en segunda instancia, los judiciales (actuando como jueces constitucionales, han acogido el argumento de que, aunque haya habido un proceso formalmente válido ante el TCE, la actuación de Guarderas “como juez y parte” pondría en riesgo los derechos constitucionales de Yunda, explica Libia Rivas.
El fallo de la Corte Provincial es de cumplimiento obligatorio, por lo que se ratifica que el alcalde de Quito vuelve a ser Jorge Yunda. La Corte Provincial se ha centrado en la violación constitucional que implica la falta de imparcialidad en el proceso de remoción. “Tenemos dos sentencias: una en el ámbito electoral con competencia del TCE de acuerdo con el Código de la Democracia y tenemos una sentencia en el ámbito constitucional donde le da la razón a Jorge Yunda”, explica Rivas, insistiendo en que es una situación jurídica compleja pero “al momento toca cumplir la sentencia de la Corte Provincial”, sostiene Rivas.
Santiago Guarderas dijo que pedirá a la Corte Constitucional que dirima qué fallo debe aplicarse.
¿Qué va a pasar con la ciudad?
Todas las designaciones que se realizaron durante la administración de Guarderas quedan sin efecto y Yunda será quien designe a las personas que trabajen con él acorde al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), dice Rivas.
