El 14 de mayo de 2019, Jorge Yunda Machado se convertía en el alcalde número 23 de Quito, acompañado de su perro Zeus. Ganó las elecciones locales con apenas el 23,1% de los votos. En ese entonces, Yunda decía que sus principales obras serían crear estrategias para eliminar la violencia de género, hacer planes de reciclaje, encontrar estrategias que garanticen el derecho de los animales y eliminar los trámites burocráticos en el Municipio. Además, dijo que mejoraría el transporte público.
Poco más de dos años después, Yunda se aferra a su cargo con un par de cuestionadas acciones judiciales. El alcalde de Quito fue removido por el Consejo Metropolitano y esa decisión fue ratificada el 8 de julio por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Esta es una cronología de su caso
En marzo de 2020 llegó, oficialmente, la pandemia del covid-19 al país y con esta, la necesidad de comprar pruebas PCR para detectar el virus en los ciudadanos.
El 16 de febrero de 2021, Yunda fue vinculado a un proceso penal que investigaba supuestas irregularidades en la adquisición de las pruebas PCR que se utilizaron en la capital.
Noticias Más Recientes
Encierros con tiburones
O cómo y por qué el libro de papel es más popular que nunca y jamás desaparecerá.
¿Quién es Michele Sensi Contugi, ministro de Gobierno de Noboa?
El empresario fue designado como ministro de Gobierno el 21 de abril de 2024. Cinco meses después de la posesión del gabinete de Daniel Noboa. Hasta ese día Mónica Palencia, era la ministra.
En Suiza, un método contraintuitivo está ayudando a las escuelas a abordar el acoso escolar
El país con las tasas de acoso más altas en el mundo está probando un enfoque poco ortodoxo para el acoso: el enfoque de “ninguna culpa”.
El primer lote de 5.000 pruebas —de cien mil que se habían comprado— llegó el 20 de abril de 2020. Sin embargo, las pruebas que Saludmed S.A. entregó al Municipio de Quito por un valor de 4,2 millones de dólares no correspondía a PCR— Polimerasa sino a Isopollo covid-19—, según esta investigación de la Fiscalía.
Durante la investigación, que empezó el 27 de mayo, se realizaron tres allanamientos: el departamento del entonces secretario de Salud de Quito, Lenín Mantilla —que se encuentra prófugo; las oficinas de la Secretaría de Salud del Municipio, y la empresa Salumed S.A, proveedora de las pruebas.
La mañana siguiente, 28 de mayo, el alcalde Yunda dio una rueda de prensa en la que anunció que Mantilla había sido removido de su cargo al igual que el resto de funcionarios involucrados en la compra de las pruebas.
Dos meses después, en julio de 2020, la Contraloría General del Estado emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por la compra de las 100 mil pruebas, en el que se especifica que no se justificó la necesidad de la compra, sus objetivos, ni tampoco la capacidad de procesamiento de resultados de las pruebas que se adquirieron. Hasta ese momento se encontraba implicado Mantilla y seis funcionarios más .
El 23 de septiembre de 2020, la Fiscalía solicitó que se fijara fecha y hora para formular cargos en contra del exsecretario Mantilla y otras tres personas involucradas, por presunto peculado, en la adquisición de esas pruebas de detección de covid-19.
Tras varios meses de investigaciones, el 29 de enero de 2021, la Fiscalía allanó la oficina de la Secretaría de Salud y encontró “que funcionarios habrían ocultado documentación con información técnica sobre presuntas irregularidades en adquisición de pruebas para covid-19”.
El 2 de febrero de 2021, mientras avanzaba la investigación contra el exsecretario Mantilla, el concejal Fernando Morales, el excandidato presidencial César Montúfar, y el abogado Édison Carrillo pidieron a la Fiscalía que se vincule al alcalde Yunda a la investigación sobre la adquisición de pruebas contra covid-19 porque es “el responsable político y de todas las acciones administrativas del Municipio de Quito”.
Fue el 16 de febrero que se vinculó al alcalde Yunda a la investigación como autor mediato. Desde entonces debe portar grillete electrónico, debe presentarse periódicamente ante el juez y la Unidad de Flagrancia y tiene prohibido salir del país. Un día después, el concejal Bernardo Abad le pidió al alcalde que pida una licencia sin sueldo hasta que se resuelva la investigación. Pero Yunda se negó.
El 11 de marzo de 2021 se realizó un allanamiento en la casa del alcalde, el 29 de marzo se hicieron públicos los mensajes que su hijo Sebastián Yunda mantenía con varios funcionarios relacionados directa o indirectamente con el Municipio. En los chats filtrados por La Posta, el hijo de Jorge Yunda hablaba sobre la posible compra de cámaras y de pruebas de covid-19, lo que ocasionó un gran remezón mediático. Tras estos señalamientos, el alcalde decidió remover a varios funcionarios de sus cargos porque, según dijo, “desobedecieron mi instrucción de que ningún familiar mío puede hablar a mi nombre, ni contestar sus llamadas o mensajes”.
El 15 de abril de 2021 sesionó el Concejo Metropolitano de Quito, máxima autoridad municipal, y los concejales de oposición aprovecharon para manifestarse en contra de los casos de corrupción que se habían vuelto mediáticos —aunque ninguno ha sido probado ni sentenciado todavía. En esa sesión se pidió que se inicie el proceso de remoción de Yunda.
El 20 de mayo, la Comisión de Mesa del Municipio —órgano de control municipal similar al Consejo de Administración Legislativa (CAL)— se reunió para revisar las pruebas presentadas por dos colectivos ciudadanos: Quito Unido y Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito —que sería la que fue escuchada en el Concejo—, y resolvió que el proceso de remoción podía continuar.
Sin embargo, el texto que analizó la Comisión de Mesa no contempla los procesos iniciados por la Fiscalía General del Estado. Según el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito la administración de Yunda se ha “caracterizado por un aparente mal manejo de los fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado”. Además, alega que el alcalde ha incumplido disposiciones legales y “resoluciones expedidas” por el Concejo Metropolitano, ambas causales previstas en el artículo 333 del Cootad. Este colectivo afirmaba que de este artículo, Yunda habría incumplido 3 literales.
El 2 de junio de 2021, en el pleno del Concejo Metropolitano se votó un texto que, en líneas generales, afirmaba que el alcalde había incurrido en el literal g del artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad): “Incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo descentralizado”. En la resolución que votó el Concejo Metropolitano no están incluídas las investigaciones de la Fiscalía ya que las funciones del Concejo, según el Registro Oficial 303, son “legislación y fiscalización”, además, los concejales no son jueces, por lo cual no pueden juzgar.
Al cabo de esa sesión, el alcalde fue removido con 14 votos a favor y seis abstenciones —opción que no estaba contemplada en ese día, porque el pleno aprobó el voto a favor y en contra.
El 8 de junio de 2021, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hizo una de sus últimas maniobras legales que le quedaban para permanecer en su cargo: presentar la consulta sobre lo actuado por el Concejo Metropolitano al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El Cootad dice que tras ser notificado, Yunda tenía tres días laborables para impugnar mediante la consulta lo resuelto por el Concejo. Lo hizo al tercer día.
El 9 de junio de 2021, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) anunció que Arturo Cabrera sería el juez sustanciador de la consulta elevada por el alcalde Jorge Yunda sobre su proceso de remoción.
La noche del 15 de junio, el juez sustanciador y presidente del TCE, Arturo Cabrera, notificó al Concejo que los documentos entregados carecían de orden y coherencia. Después del análisis pormenorizado observó que las diez carpetas que fueron enviadas —cada una de ellas contiene una foliatura o numeración— no eran coherentes, ni lógicas en su secuencia y estructura de los documentos, y que en ellas solo hay “un sello de numeradora de tinta y no existe foliatura manual en letras” como establece el procedimiento para este tipo de trámites. Dijo que la documentación que fue entregada el 11 de junio eran copias certificadas o compulsadas (no originales), y esto retrasó el proceso de aceptación del trámite que presentó Yunda. La Secretaría del Concejo Metropolitano tuvo 48 horas para reenviar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el expediente “original, íntegro, completo y foliado en forma secuencial”.
El 18 de junio, el juez sustanciador de la causa Arturo Cabrera admitió a trámite la consulta del alcalde Jorge Yunda sobre su proceso de remoción. Además, ordenó que se notifique a las partes: el alcalde Yunda, el Concejo Metropolitano de Quito —el órgano que tomó la decisión de removerlo—, y la Secretaría General del Concejo.
El 28 de junio la jueza Belén Domínguez aceptó parcialmente una acción de protección que fue presentada por Yunda. El argumento de la jueza fue que “no se cumplió con los criterios de imparcialidad que garantizan la transparencia del proceso”, en relación con lo actuado por el Concejo.
El 1 de julio el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó por unanimidad la “legalidad del proceso” —ya que no tiene competencias para contradecir lo resuelto por los concejales—.
Yunda presentó otra medida cautelar aceptada por el juez Carlos Soto, el 7 de julio, que impedía que se ejecute la remoción aceptada por el TCE. Ambas acciones llamaron la atención porque presentaron irregularidades, denunciadas por el Consejo de la Judicatura, que suspendió a los dos jueces y cuatro funcionarios.
Jorge Yunda dijo en su cuenta de Twitter que el dictamen del TCE no le “impide el ejercicio de mi cargo” y recordó que la jueza Domínguez había aceptado parcialmente la acción de protección presentada por él contra el Concejo Metropolitano.
Desde entonces, el alcalde ha llamado varias veces a reunión del Concejo Metropolitano de Quito que han sido cuestionadas porque se piensa que es una artimaña contra los concejales de oposición, ya que si no asisten tres veces seguidas sin justificación a las convocatorias serían removidos del cargo.
El lunes 19 de julio, la jueza Grimanesa Erazo revocara las medidas cautelares a favor de Jorge Yunda que le permitían asirse al cargo al que fue electo en 2019. Santiago Guarderas se posesionó como alcalde de Quito esa misma noche.
El 27 de julio el Concejo Metropolitano de Quito designó a la concejala Brith Vaca, del movimiento Fuerza Compromiso Social, como la nueva alcaldesa.
El 30 de julio un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha compuesto por los jueces Raúl Mariño, Cenia Solanda y Guadalupe Narváez dejó sin efecto la remoción de Jorge Yunda, que volvería a ser alcalde de la capital tras haber sido removido de su cargo hace once días.
