El presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional su veto parcial al proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva. Las 53 observaciones fueron presentadas el 10 de junio de 2021. En el veto, Lasso dice que, como está planteada, la ley “está dirigida exclusivamente a la gestión de residuos o reciclaje inclusivo”. Sin embargo, dice el Presidente, “el concepto de economía es más amplio”, y por eso la ley necesita una redacción más amplia. 

¿Qué es la economía circular?

La economía circular es un modelo productivo y económico en el que se analizan todas las partes del proceso de producción de bienes y servicios, según Daniela Córdoba, PhD en economía circular que contribuyó al Ejecutivo con observaciones sobre la ley. La Fundación Ellen MacArthur, creada con el objetivo de acelerar la transición a la economía circular, dice que este modelo debe funcionar en cualquier nivel incluyendo grandes y pequeños negocios, organizaciones, individuos, gobiernos locales y centrales. 

Andrea Garzón, quien lidera la iniciativa Huella Verde que trabaja por disminuir los desechos en los patios de comida, dice que la economía circular propone cambiar el sistema lineal, en el que se usa y se desechan los productos, por otro en el que se les dé varios y nuevos usos. Para eso, propone un flujo llamado círculo de valor para repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar los recursos utilizados para garantizar esos bienes y servicios.  

Garzón dice que en la economía circular participan desde personas que diseñan los productos hasta quienes los distribuyen. Por eso el enfoque no puede solo concentrarse en una de las etapas de ese círculo de valor, debe ser integral para garantizar que se cumpla. 

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¿Qué decía el proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva aprobado por la Asamblea Nacional?

El proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva fue aprobada por el Legislativo el 7 de mayo de 2021. 

Es el resultado de un trámite unificado de dos proyectos de ley: el de la Ley Orgánica de Reciclaje Inclusivo, entregado en 2019 por la entonces asambleísta Doris Solis, y el de Ley Orgánica de Economía Circular, entregado en 2020 por la entonces asambleísta Elizabeth Cabezas. 

Su objetivo, según el proyecto de ley, era “establecer criterios y mecanismos para la implementación de los principios de la economía circular”. Sin embargo, los artículos de la propuesta se enfocaban solo en el reciclaje y el manejo de desechos, una de las partes que componen este modelo económico y productivo. 

Según la Asamblea Nacional, estaba “orientada a sensibilizar a los consumidores, introducir sistemas de etiquetado, reformar los sistemas de recolección y clasificación, impulsar la inversión en los sistemas de gestión de residuos”. El proyecto de ley también establecía las responsabilidades de las autoridades e instituciones involucradas en el manejo de recursos. Además, el proyecto aprobado por la Asamblea dice que se “reconoce la importancia de los recicladores de base”, las personas que se dedican de forma habitual a recolectar los residuos domiciliarios o de otras fuentes. 

¿Qué observaciones hizo el presidente Lasso?

En el veto parcial del Ejecutivo se amplía el objeto de la ley para incluir otros principios de la economía circular como el ecodiseño, la producción y el consumo sostenibles y el fomento el manejo correcto de los residuos. Lasso propone reformar el artículo 3 para incluir los tres principios conceptuales de este modelo: eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso, y regenerar sistemas naturales. Esos tres conceptos no están en el proyecto de ley aprobado por el Legislativo. 

El Presidente dice que se deben tomar en cuenta “las fases de simbiosis industrial para alargar la vida útil de los productos antes de la eliminación ambiental adecuada”. Es decir, antes de que se conviertan en desechos que deben ser correctamente manejados, los productos deben pasar por las 9R de la economía circular: repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar. 

El veto de Lasso dice que la legislación no debe enfocarse solo en el fin del ciclo de vida útil de un producto, sino en la causa de la generación de los residuos que generalmente parte desde el diseño del producto. Esa es una de las observaciones que Daniela Córdoba hizo sobre el proyecto de ley cuando fue consultada por el Ejecutivo. 

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El veto del Ejecutivo también dice que se deben mejorar los conceptos de economía circular y otros términos relacionados. Lasso pidió que se separen las definiciones de ecodiseño —la integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos— y ecoeficiencia —la optimización del uso de los recursos en el proceso productivo. Además, dice que se debe cambiar el término minería inversa (que, según Córdoba, no existe) por el de minería urbana. Daniela Córdoba dice que la minería urbana es extraer materiales de equipos electrónicos como celulares y darles nuevos usos. 

El veto del Presidente mantiene la creación del Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva. Según el proyecto de ley, ese sistema “engloba a todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo sea articular la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular inclusiva y las políticas públicas nacionales en el tema”. 

En el veto Lasso eliminó la parte de la ley que creaba el Comité Nacional de Economía Circular, que debía encargarse de la ejecución de la ley y de encabezar el Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva. Según Lasso, las funciones de las organizaciones que conformarán el Sistema ya están definidas. El Presidente dijo que crear nuevas entidades burocráticas “entorpece” la actividad privada y consume recursos estatales en vez de aprovechar los ya existentes. 

Daniela Córdoba dice que la legislación va a ser un gran impulso para la economía del país siempre y cuando esté bien hecha. “Ya con el veto parcial y con las modificaciones que tienen que hacer es algo que puede ser mucho mejor manejado”, dice. 

Según ella, la ley como estaba planteada por el Legislativo habría impactado de forma muy fuerte a las industrias en el país porque no incluía reformas para reducir la generación de residuos al fabricar sus productos o brindar sus servicios. El proyecto solo estaba enfocado en qué hacer con los residuos, el nivel final del modelo de economía circular, en vez de establecer medidas preventivas para evitar que esos desechos se produzcan.

Según la Asamblea, la Comisión de Desarrollo Económico hará un “informe no vinculante” sobre las observaciones que se discutirá en el pleno. La Asamblea decidirá si se allana —acepta— o si se ratifica en el proyecto de ley que ellos aprobaron.