Cinco personas que, según la Fiscalía, pertenecían al frente “Oliver Sinisterra, liderado por Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, fueron sentenciadas a nueve años de cárcel por delincuencia organizada. El frente Oliver Sinisterra se atribuyó el secuestro del equipo periodístico de El Comercio en marzo de 2018, mientras realizaba una cobertura en Mataje, la frontera entre Ecuador y Colombia. En diciembre de 2018, alias Guacho murió en medio de un operativo de la Policía y del Ejército de Colombia, según informó el diario El Tiempo de Colombia.
El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia, sentenció a las personas identificadas como Lino R, Emerson G, Jimmy Ch, Wilmer A y Miguel C, como responsables del delito de delincuencia organizada. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), ese delito es cuando una persona forma un grupo estructurado de dos o más personas que de forma permanente o reiterada, financian actividades de una organización delictiva para cometer delitos que tienen sanción de más de 5 años de cárcel. Además, deberán pagar una multa de 25 salarios básicos, es decir 10 mil dólares, más 200 mil dólares como reparación integral al Estado ecuatoriano.
Los cinco sentenciados fueron detenidos en 2018, en el operativo “Libertador I” que hizo la Policía Nacional luego de la explosión de un carro bomba en el cuartel de San Lorenzo, un cantón de la provincia de Esmeraldas. El atentado fue el 27 de enero de 2018, dos meses antes de que los periodistas fueran secuestrados. En él, hubo más de 20 personas heridas y casas destruidas. El cuartel de San Lorenzo quedó en pedazos.
Luego de este atentado, el 26 de marzo de 2018, el equipo periodístico fue a realizar una cobertura a la zona: Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Ecuador se enteró que el equipo fue secuestrado, amigos y familiares realizaron vigilias para su liberación, el gobierno del expresidente no negoció la liberación de los periodistas, quienes fueron asesinados en cautiverio, un mes después.
En el comunicado de la Fiscalía, dice que el fiscal Wilson Toainga acusó a los cinco sentenciados con base a la Asistencia Penal Internacional de Colombia. Este tipo de colaboración es un pedido hecho por una autoridad judicial de un país a la autoridad judicial de otro. Toainga también presentó análisis de los celulares encontrados, versiones y el informe investigativo de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO). El proceso contra los cinco comenzó en junio de 2018.
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La sentencia se emitió el 26 de mayo de 2021. Sin embargo, la Fiscalía dice que los cinco sentenciados habían sido sobreseídos por un Tribunal en primera instancia, es decir la causa se dejó de tramitar, la Fiscalía apeló el sobreseimiento y ahora fueron sentenciados en segunda instancia. Los cinco sentenciados ahora cumples prisión. Además de los cinco sentenciados como responsables, la Fiscalía dijo que hay 19 personas sentenciadas por delincuencia organizada por participar en el atentado con el carro bomba.
