Un policía fue sentenciado a tres años de prisión por el tráfico de 185 tortugas bebés gigantes desde Baltra, Galápagos. La noche de hoy, martes 18 de mayo, el juez Ramón Abad, de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz, quien llevó el caso de tráfico de tortugas gigantes ocurrido el pasado mes de marzo, condenó a tres años de prisión al policía identificado por la Fiscalía solo como Nixon Alejandro P. D. Por considerarlo responsable de tráfico, tenencia, maltrato y transporte de especies protegidas.
El juez Abad consideró como agravantes que las tortugas gigantes son especies amenazadas y en peligro de extinción. Otro agravante, según Abad, es que el delito se cometió dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, específicamente en el Parque Nacional Galápagos. El juez ordenó el pago de 639.100 dólares como parte de la reparación integral del daño causado. El policía se te Cissi deberá presentar disculpas públicas a través de un medio de comunicación de alcance nacional.
El fallo fue dictado casi dos meses después de que personal del aeropuerto de Baltra, en la isla Santa Cruz, encontrara 185 tortugas gigantes en una maleta que tenía como destino la ciudad portuaria Guayaquil. Las tortugas, que eran bebés, estaban envueltas en plástico. Diez de murieron. Después del hallazgo, los animales fueron trasladados hasta el centro de crianza Fausto Llerena, de la isla Santa Cruz, donde fueron atendidas por veterinarios.
Las tortugas gigantes de Galápagos son las más grandes del mundo. Se estima que pueden alcanzar los 300 kilogramos y vivir cerca de 100 años. Existen al menos 10 especies diferentes de estas en el archipiélago de Galápagos —considerado uno de los principales laboratorios naturales del planeta—, que se diferencian por su tamaño, forma del caparazón y distribución geográfica.
El Ministro de Ambiente y Agua, Marcelo Mata, celebró la noticia. Mata dijo que “con esta sentencia de primera instancia se sienta un precedente en beneficio de la naturaleza, de la fauna, de la biodiversidad y sobre todo de la honestidad que el planeta merece”. Por su parte Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, enfatizó que el tráfico de especies protegidas es un “golpe para la naturaleza”, que en esta ocasión no pudo materializarse “gracias a los procedimientos implementados en coordinación con otras instituciones”.
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Según el artículo 241 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) transportar o traficar especies de flora y fauna silvestre terrestres o marinas es un delito. La pena es de uno a tres años de cárcel. Pero, según el COIP se debe aplicar la máxima pena cuando el delito ocurre dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como es el caso del Parque Nacional Galápagos, que fue declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la Unesco.
El policía aún puede apelar la sentencia.
