Ayer, 10 de mayo, la Asamblea Nacional ratificó la aprobación del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para “prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos”. El proyecto había sido aprobado el pasado 6 de mayo de 2021 por el legislativo. Varias organizaciones de la sociedad civil rechazaron la ley pues consideran que la Asamblea distorsiona el sentido original del proyecto, que era evitar el ciberacoso. En su lugar, la ley ahora “implica graves vulneraciones a libertades y derechos en el espacio digital”, dijo en un comunicado Fundamedios, una organización de defensa y monitoreo de la libertad de expresión en Ecuador. 

El asambleísta José Serrano, de Alianza PAIS, y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado , fue quien pidió que la Asamblea modificara la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual Digital y Fortalecer la Lucha contra los Delitos Informáticos que había sido aprobada 4 días antes. Serrano propuso retirar en específico las reformas que hicieron los asambleístas al texto original en  los artículos 178 y 178.1, que sancionan la divulgación de la información privada. 

En específico, estos artículos —que ya fueron eliminados— dicen que si una persona no  tiene el consentimiento o la autorización legal para  acceder, interceptar, examinar, grabar, revelar, difundir, publicar contenido de terceros como datos, documentos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, fotos personales, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, contenidos digitales o comunicaciones privadas o reservadas, por cualquier medio  tecnológico, será sancionada con prisión de uno a tres años. 

En su intervención, Serrano  recordó a los legisladores que el artículo 471 del COIP ya regula la divulgación de información pública de hechos relacionados con corrupción y en fatizó que “el afán de la ley es proteger a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, a las personas con discapacidad, frente a esta lacerante situación que estamos atravesando en las redes sociales sobre la violencia sexual digital, acoso, hostigamiento y otros delitos”, declaró.

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Antes de iniciar la votación, José Serrano dijo que retirando las reformas de esos artículos se evitarán dudas sobre el proyecto de reformas, que ha sido trabajado de manera técnica para proteger los derechos de los más vulnerables. 

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La abogada penalista y docente María del Mar Gallegos dice que la  intención de la ley es buena porque busca prevenir la violencia sexual en espacios cibernéticos, que el internet los exacerba. Sin embargo comenta que en la ley faltan tecnicismos que provocan muchos motivos penales por los que se pueda juzgar a una persona y se desconoce el resultado lesivo que podría tener, lo que hace casi imposible la aplicación de la norma. 

Con este criterio coincide Mónica Banegas, Directora Fundación Haciendo Ecuador y del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, quien asegura que era necesario que en el Ecuador se conceptualice, tipifique y sancione la violencia cibernética, que es un delito que se comete a diario. Sin embargo, alerta que esta ley se toma como pretexto para dejar artículos ambiguos y sueltos que pueden impedir el trabajo periodístico de investigación. Banegas explica que es bueno que se hayan removido los artículos 178 y 178.1, pero aclara que hay otros como el 497 y 499 que hacen referencia al linchamiento mediático, ahora bajo el nombre de violencia mediática. Además, explica que uno de los mayores vacíos en la ley es que no se especifica al grupo que se está protegiendo ni frente a quién se está protegiendo, lo que podría motivar a que esta ley sea tergiversada.

La moción del legislador Serrano recibió 90 votos a favor, 38 abstenciones y un voto en contra de la asambleísta Jeannine Cruz, del Movimiento CREO.

La Asamblea ha tramitado seis leyes en las dos  últimas semanas entre las que constan la  Ley de Economía Circular, la Ley de Tránsito, la creación de la Universidad Bolivariana, la Ley de protección de datos personales y las reformas penales contra el contrabando.