La solicitud de remoción del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, presentada el pasado 26 de abril no fue admitida a trámite por la Comisión de Mesa del Municipio de Quito. El 5 de mayo, con cuatro votos a favor, la Comisión de Mesa declaró inadmitido el pedido. El motivo para no admitir la petición fue porque no se presentó la documentación completa.
El pedido de remoción del vicealcalde de Quito fue presentado por Fernando Valdéz, dirigente de los taxistas ejecutivos. Valdéz ha mostrado su apoyo públicamente al alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien es investigado por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas para detectar el covid-19.
Fernando Valdez denunció a Guarderas por un “supuesto incumplimiento de funciones” mientras fue parte de la Comisión de Movilidad. Valdez adujo que Santiago Guarderas, como presidente de la Comisión de Movilidad del Municipio, no ha mostrado interés en resolver los problemas alrededor del Metro de Quito, que lleva varios años posponiendo su funcionamiento. Ahora, la nueva fecha para su funcionamiento está prevista para febrero de 2022.
Según Mónica Sandoval, concejala de Quito, Valdéz no ha cumplido con el reconocimiento de la firma de autoridad competente al momento de presentar la denuncia y tampoco ha señalado su domicilio como especifica la normal. Bernando Abad, concejal de Quito, dijo que el pedido de remoción contra Santiago Guarderas es “una leguleyada”. Además, dijo que el mismo alcalde Jorge Yunda estaba a favor de que no se admita a trámite el pedido porque no constaba con los requisitos de ley.
El pedido de remoción contra el vicealcalde de Quito se da en medio de una grave crisis institucional en el Municipio de Quito. El alcalde de la capital ecuatoriana y otros trece funcionarios del municipio son investigados —y ya fueron llamados a juicio— por presunto peculado en la compra de pruebas para covid-19. Según la Fiscalía, se investiga por la compra de 100 mil pruebas para detectar covid-19 por ,2 millones de dólares hecha por el Municipio de Quito a la empresa Saludmed S.A. Las investigaciones, según la Fiscalía, demostraron que el proveedor que no entregó pruebas PCR- Polimerasa, como se especificaba en el contrato, sino pruebas Isopollo covid-19.
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