La Fiscalía desmintió que haya coordinado acciones con Petroecuador en las investigaciones de corrupción en la estatal petrolera. La tarde de hoy, 15 de abril, la Fiscalía publicó un comunicado en el que dice que “no se ha establecido ningún tipo de ‘coordinación’ con autoridades y/o funcionarios” de Petroecuador. Actualmente, la Fiscalía investiga una trama de sobornos a exfuncionarios de la petrolera.
El comunicado de la Fiscalía se hizo en respuesta a un anuncio hecho hoy por Petroecuador en su sitio web y redes sociales. Gonzalo Maldonado, gerente general de la empresa petrolera, dijo que dispuso a “funcionarios y autoridades de Petroecuador que brinden las facilidades necesarias para con total transparencia, recabar información que sea de utilidad en estos procesos”. Maldonado también dijo que pidió una reunión de trabajo con la Fiscal General, Diana Salazar, para “fortalecer lazos de cooperación institucional”. Según el Gerente de Petroecuador, la fecha de la supuesta reunión estaba por definirse una vez que Salazar responda al oficio enviado.
La Fiscalía respondió diciendo que la institución “desarrolla su trabajo técnico-jurídico con absoluta autonomía”. Añadió que al trabajar dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, no necesita coordinar acciones con otras instituciones que estén fuera del eje de la justicia. “Menos aún si varias de las principales autoridades son objeto de una instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada”, dice el comunicado de la Fiscalía.
Después de la publicación del comunicado de la Fiscalía, Petroecuador aclaró que “respeta la independencia de las funciones del Estado”. Dijo que por eso “ratifica la intención de colaborar, ayudar y ponerse a las órdenes” para que las instituciones de justicia hagan su trabajo de forma independiente. La estatal petrolera dijo que ha colaborado con la investigación de los casos de corrupción al entregar la información requerida a la Fiscalía y Procuraduría.
En Petroecuador se investiga una trama de sobornos que ha llegado hasta cortes internacionales. Según la Fiscalía, abrió una investigación previa después de que José Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron sentenciados en Estados Unidos por el delito de lavado de activos. Con esa información, dice un comunicado de ayer, se evidenció que “un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada”. Esa estructura tenía la finalidad de “cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública”.
Según la Fiscalía, la organización era liderada por personas que “ocupaban cargos públicos”. Así pudo exigir pagos indebidos a cambio de que se desvanezcan glosas y el cumplimiento de pagos de plantillas que correspondían a contratos firmados entre Petroecuador y la empresa NOLIMIT S.A. —encargada del mantenimiento de equipos de refinería— entre 2017 y 2020.
Como parte de la investigación, el pasado 13 de abril la Fiscalía detuvo a Pablo Celi, contralor general del Estado, José Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia, y a otras 7 personas. Además, hizo 25 allanamientos a oficinas y domicilios en Quito y Guayaquil como parte de la investigación. Encontraron más de 93 mil dólares en efectivo en los inmuebles allanados. El 14 de abril un juez de la Corte Nacional le dictó prisión preventiva a Celi. El Contralor es la máxima autoridad de control de recursos del Estado y la encargada de formular glosas como las que está investigando la Fiscalía.
La investigación del caso comenzó en Estados Unidos el año pasado. En septiembre, el Departamento de Justicia de ese país le formuló cargos a Javier Aguilar, exgerente de una empresa de comercio petrolero, por pagar 870 mil dólares en coimas a funcionarios de Petroecuador. Eso desencadenó varios procesos en los que están involucradas autoridades de México, Ecuador, Estados Unidos y Brasil.
