Hoy, 26 de marzo, se cumplen 3 años del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio. Para conmemorar el aniversario del secuestro y reclamar justicia, hoy a las 10 de la mañana habrá un plantón en el exterior del Palacio de Carondelet, en Quito. Un comunicado del colectivo Nos faltan 3, creado en honor al equipo de El Comercio, dice que en el acto los familiares darán declaraciones a la prensa sobre las acciones internacionales que planean tomar. 

|Regístrate en La Diaria y recibe las noticias más importantes del día, bien explicadas|

Los periodistas Javier Ortega y Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 por miembros del Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho pasó en la parroquia de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, mientras cumplían con una trabajo de reportería. El 13 de abril, el Presidente Moreno confirmó que fueron asesinados. Sus cuerpos se encontraron después en una zona rural de Tumaco, un municipio al sureste de Colombia. 

La investigación del caso ha avanzado muy lentamente. Ayer, 25 de marzo de 2021, un día antes de que se cumplan 3 años de su secuestro, fue sentenciada la primera persona por el delito. El Comercio reportó que un tribunal de Tumaco, en Colombia, sentenció a 28 años de cárcel a Jesús Vargas Cuajiboy, alias “Reinel” por el delito de secuestro extorsivo. Vargas fue capturado en 2018. El Comercio dice que la Fiscalía de Colombia cree que él custodió a Ortega, Rivas y Segarra cuando estuvieron en cautiverio. Sin embargo, las autoridades colombianas todavía no han publicado información oficial sobre la sentencia o su participación en el secuestro. 

PUBLICIDAD

El comunicado del colectivo dice que 3 años después de secuestro y el asesinato todavía no se ha establecido “una teoría del caso”. Por eso, dice el documento, las familias Ortega, Rivas y Segarra protestan contra la Fiscalía de Ecuador porque la institución no ha logrado “ni siquiera establecer una línea de tiempo”. Tampoco, dice el comunicado, hay un mapa de actores que determine qué pasó antes, durante y después del secuestro y asesinato.

El colectivo dice que no se ha podido hacer una reconstrucción de los hechos porque la investigación ha pasado por 3 fiscales y ha tenido “poca prolijidad y diligencia”. Tampoco, dice, se ha hecho un análisis de las huellas dactilares obtenidas de la camioneta en la que viajaban los periodistas. El comunicado dice que los responsables de hacerlo se justificaron diciendo que no se había completado por “por falta de reactivos”. El documento asegura que tampoco ha avanzado el peritaje de los equipos de computación y fotografía que fueron encontrados dentro del carro. 

En febrero 2021 el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador (Cosepe) le dijo a la Fiscalía que no le entregaría las actas de las reuniones de marzo y abril de 2018 en las que se trataron temas relacionados al equipo de El Comercio. Los documentos no serán entregados pese a que, según Fundamedios (organización que monitorea agresiones a periodistas en América Latina), el gobierno de Lenín Moreno ha dicho públicamente 7 veces que descasificaría la información relacionada con el secuestro. El colectivo Nos faltan 3 calificó la decisión del Cosepe como “el golpe más duro en la búsqueda de la verdad”. 

En diciembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo varias recomendaciones al Estado ecuatoriano sobre este caso. El informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) que armó la CIDH concluyó que la Policía Nacional tenía información relevante de amenazas a civiles en la frontera. Esa información, dice el informe del ESE, fue obtenida de los chats entre los oficiales ecuatorianos y los dirigentes del Frente Oliver Sinisterra. Según el documento, los mensajes no habían sido entregados a las autoridades militares de la zona. En su informe, la CIDH concluyó que la falta de comunicación entre los organismos de control habría sido determinante para que el equipo de El Comercio llegue a Mataje, lugar en el que fueron secuestrados. 

|¿Quieres saber cómo se hizo esta historia? Únete a la membresia GK para estar en contacto directo con el equipo de la red acción.|

El ESE también dijo que hubo comportamientos que podrían haber perjudicado a los comunicadores ecuatorianos. Por ejemplo, cuando estuvieron secuestrados se mantuvieron las operaciones policiales militares de Ecuador y Colombia en la zona en la que estaban en cautiverio. El informe del ESE dice que eso pudo haber sido un “factor desencadenante” del asesinato . Por eso recomendó que las fiscalías de los dos países indaguen sobre el hecho y establezcan responsabilidades. Sin embargo, el colectivo Nos faltan 3 dice que el Estado ecuatoriano no acogió ninguna de de las observaciones de la CIDH.

Otra de las inconsistencias del caso, según el colectivo, es la fecha en la que Ortega, Rivas y Segarra fueron asesinados El comunicado dice que gracias al informe de la CIDH, a las investigaciones en Ecuador, Colombia y otras que han hecho particularmente los familiares de los comunicadores se ha podido concluir que murieron la noche del 7 o el 8 de abril de 2018. No el 12 de ese mes como dice la versión oficial del gobierno ecuatoriano.

En agosto de 2020 dos procesados por el secuestro y asesinato de los periodistas quedaron el libertad. Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, y Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, salieron de la cárcel colombiana en junio y agosto de 2020, respectivamente, por el vencimiento de los términos legales para iniciar un juicio, según el proceso penal de Colombia. Según la Fiscalía de Colombia, Ospina fue el encargado de hacer los videos de supervivencia de los tres ecuatorianos. La institución colombiana dice que Angulo era parte del equipo de seguridad de alias Guacho, antiguo líder del frente Oliver Sinisterra que murió en diciembre de 2018, presunto responsable del secuestro y asesinato del equipo periodístico. 

La Fiscalía General de Colombia tiene un plazo de dos años para formular una imputación —un proceso en el que se informa al procesado de los cargos que hay en su contra y se formaliza la investigación. Se hace ante un juez y da inicio a la etapa de juicio. Según una ley de 2018, ese plazo se puede extender hasta 4 años cuando se trata de Grupos Armados Organizados. 

Esa disposición no se aplicó para Ospina y Angulo porque el Frente Oliver Sinisterra no ha sido calificado como tal por el Consejo de Seguridad Nacional colombiano. Así que cuando la Fiscalía no avanzó con el proceso a tiempo, los procesados fueron liberados cuando se cumplieron los dos años de su detención. 

| Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |

PUBLICIDAD

El comunicado de Nos faltan 3 dice que “frente al silencio y la impunidad” los familiares y amigos de los comunicadores junto a organizaciones de la sociedad civil están impulsando actividades para recordarlos y exigir agilidad en la investigación. Comenzaron ayer con una mesa redonda organizada por la Fundación Periodistas sin Cadenas. 

Además del plantón de hoy, habrá otras actividades. El 28 de marzo desde las 9:30 de la mañana habrá un ciclopaseo desde el parque El Ejido hasta el Bicentenario, en la ciudad de Quito. El comunicado dice que el 10 de abril habrá una “misa de honras” en la parroquia La Dolorosa, también en Quito. El 13 de abril habrá una proyección gratuita del documental Nos faltan 3 en la plataforma de streaming Choloflix. 

El colectivo dice que en las actividades presenciales se respetarán las medidas de bioseguridad por la pandemia del covid-19. Nos faltan 3 dijo que las personas que asistan deben usar mascarillas, llevar gel antibacterial o alcohol y mantener el distanciamiento físico necesario. 

El 25 de abril, Galo Ortega, padre de Javier, irá en bicicleta de Quito a Cayambe, en la provincia andina de Pichincha. El comunicado del colectivo dice que lo hará en honor a la afición de su hijo por los deportes. Las actividades terminarán el 29 de abril cuando sus familiares y amigos entreguen donaciones de productos de primera necesidad y de bioseguridad en Mataje. El colectivo Nos faltan 3 dice que lo harán como “un recordatorio de la deuda que el Estado ecuatoriano mantiene con las zonas de frontera. En donde la violencia, el secuestro y la muerte siguen estando presentes”.