Desde el 4 de enero de 2020 cuando el gobierno de Wuhan en China reportaba la existencia de un conglomerado de casos atípicos compatibles con una neumonía, hasta el 30 de enero de 2020 cuando la OMS declaró al nuevo coronavirus y al covid-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, el desconocimiento, el hermetismo y la inoperancia de algunos gobiernos nos asolaban, mientras los nuevos casos aumentaban en más de 38.000% a nivel mundial y la llegada del virus al Ecuador era inminente.
Hoy ha pasado un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al covid-19 como una pandemia. El responsable, un coronavirus, similar a uno de los 4 que tiene como huésped primario al ser humano y muy parecido a uno de los otros 2 coronavirus zoonótico —es decir, que han encontrado en el ser humano un huésped nuevo después de haber saltado desde un animal.
La cronología de este año no es fácil de relatar. Faltan palabras para describir todo el daño, el impacto y las secuelas que han dejado el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa en la vida de las personas, en la economía de los países y en la cotidianidad de la humanidad.
Como era de esperar, el virus tuvo mayor impacto en los más pobres y los menos preparados. Esa sensación de intriga y desconocimiento, pero a la vez curiosidad que nos motivaba a un puñado de científicos a nivel local a estudiar, informar a la ciudadanía y proponer posibles escenarios de propagación, no encontraba acogida en las autoridades nacionales. La apatía, el desconocimiento y la inoperancia timonería al barco, mientras avizorábamos las aguas turbulentas que tendríamos que surcar los poco más de 17,5 millones de ecuatorianos.
El 21 de enero de 2020 el Ecuador se enfrentaba ya a un primer caso sospechoso de portar el nuevo coronavirus. Como lo predijimos, no estábamos preparados para diagnosticarlo ni para manejarlo. Una veintena de días después, por las fronteras aéreas se nos colaron los primeros casos de covid-19.
Mapa elaborado por Andrés Lopéz-Cortes y publicado en la revista Plos NTD. Ilustración de Paula de la Cruz para GK.
Estos casos permearon las fronteras aéreas sin mayor resistencia, sin control a su arribo y sin vigilancia epidemiológica, días después el Ecuador reportó su primer caso confirmado de covid-19.
Con la llegada de la denominada “paciente cero” al Ecuador, el Estado y el gobierno demostraron su insolvencia para manejar el tema sanitario. Una comunicación desastrosa desde la cabeza del Ministerio de Salud espeluznaba a quienes sabíamos lo que podía pasar si se dejaban de lado criterios técnicos básicos para control de brotes y epidemias.
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Hacia las primeras semanas de marzo de 2020 —y a pesar de haber implementado medidas de confinamiento y cierre de fronteras antes que otros países de la región— detener el momentum que tenía la pandemia fue imposible. A ese ímpetu se le sumaba la falta de diagnóstico y la paupérrima —o nula vigilancia— epidemiológica que se hacía (se hace aún). Era una verdadera y vertiginosa bomba biológica que estaba a punto de estallar en el país. Esta hecatombe microbiológica encontró su epicentro en Guayaquil y en otros cantones de las provincias costeras de Guayas y Santa Elena.
El nivel de mortandad en Guayaquil fue tan alto, que la ciudad pasó de manejar algo más de 50 fallecidos diarios por todas las causas a tener más de 700 diarios entre marzo y abril (más de 1.200 % que el promedio de los últimos años).
Mortalidad en Exceso en el Ecuador durante 2020-2021. Ilustración de Paula de la Cruz para GK.
El Ecuador se convirtió en la zona cero de la pandemia a nivel mundial: tenía más muertos en exceso por día y per cápita que ningún otro país del planeta.
Muertos en las calles, muertos desaparecidos, muertos y más muertos atribuidos a la peor crisis sanitaria que hemos experimentado en los últimos 100 años. Todo a vista y paciencia de ciertas autoridades desesperadas que buscaban protagonismo político sin liderazgo o soluciones torpes que contrariaban a la ciencia.
Presenciamos la llegada de un nuevo Ministro de Salud que nos dio aparente esperanza pero que muy pronto y estrepitosamente nos la quitó. Un ministro que venía de la academia, venía de haber trabajado toda su vida en los EEUU y de tener experiencia en el CDC de Atlanta, no podíamos esperar algo mejor en ese momento. Sin embargo y como es normal en el Ecuador, la decepción llegó más pronto de lo que esperaríamos. Los datos seguían siendo inaccesibles para el público en general, los mensajes sobre la supuesta recuperación sanitaria en términos epidemiológicos no concordaba con la realidad epidemiológica que se vivía en la comunidad. Mensajes desacertados sobre el contagio entre personal sanitario y la pobre comunicación oficial sobre temas relacionados a la pandemia parapetaron su camino hacia un harakiri político.
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Las recomendaciones técnicas sobre proyecciones venideras en términos de futuros contagios no eran escuchadas. La importantísima plataforma digital que el gobierno manejaba en relación a los datos de contagios a través del uso de los teléfonos celulares no era socializada entre la comunidad científica a pesar de los múltiples requerimientos en redes sociales de los científicos locales. Para ese entonces, la corrupción campeaba, avionetas se accidentaban mientras los carnets de discapacidad se mal usaban.
Entre agosto y octubre, la pandemia alcanzó puntos críticos en la Sierra, Quito por ejemplo, reportaba casi 90 muertes en exceso al día cuando en condiciones normales manejan entre 20-40 muertes/día . A pesar de la experiencia dolorosa del Guayas, veíamos con asombro cómo las terapias intensivas de las provincias de la sierra se saturaban mientras la población se relajaba.
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Hoy, el Ecuador se ubica en el puesto 149 mundial, por debajo de Bolivia y Zambia, en pruebas diagnosticas per cápita. Aun estamos a la cola regional en términos de camas de UCI disponibles durante la pandemia— largas listas de espera que se traducen en mayor mortalidad.
Con todos estos antecedentes, es inverosímil pensar que el Ministerio de Salud siga desconociendo que las más de 45.000 muertes en exceso son probablemente, en su mayoría, atribuibles al covid-19.
Hoy vivimos una segunda ola que nos está pasando una elevada factura. La desobediencia civil, la desorganización gubernamental y su pobre respuesta sanitaria la produjeron. Es incomprensible que, un año después, las salas de terapia intensiva siguen saturándose sin previsión. En un Estado responsable la previsión debería ser la regla. Multiplicar las camas hospitalarias, contratar más personal médico y de apoyo debía ser lo esperado, pero antes del peor momento vivido en la sierra ecuatoriana, decenas de funcionarios fueron despedidos de las filas del MSP.
Mientras seguíamos en esta lucha, teníamos que soportar enterarnos y lidiar con la carga de vivir en un país donde hasta las fundas de cadáveres tenían sobreprecio —sin hablar de los kit de alimentos que costaban más al por mayor que al menudeo.
A finales del 2020 mientras el país mutaba de un escenario pandémicocéntrico a uno políticocéntrico, la esperanza de las vacunas llegaba. Pero en Ecuador, se vivió una nueva trama dentro de esta estrepitosa cruzada. Todo empezó con un show mediático alrededor de la llegada de las vacunas. Era un arribo muy esperado, pero poco planificado —un espectáculo sórdido, inversamente proporcional a la cantidad de dosis desplegadas.
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Dicha minúscula pero alentadora llegada no pudo ser bien canalizada. Todo partió desde la nula estratificación del personal sanitario, no hubo estrategia basada en riesgos ocupacionales, peor aún se consideraron los determinantes sociales, como el hecho de que una persona pobre tiene entre 3 a 7 veces más riesgo de muerte por covid-19. Aún así, no fueron prioridad: eran sorprendentemente inoculados el amigo, el tío y el aliado.
Un año después de la declaratoria de pandemia, seguimos aquí, vapuleados. Las vacunas siguen llegando a cuentagotas mientras la lista de espera para una cama UCI no da tregua.
