El sistema carcelario en Ecuador funciona a partir de un modelo de gestión penitenciaria que se renovó en 2013. El nuevo modelo fue diseñado por el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —que en 2019 se dividió en el Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y la Secretaría de Derechos Humanos (SDH). Según la abogada Daniela Oña, la propuesta de modelo se distinguía por su objetivo de trabajar de forma integral y con un enfoque en dos ejes: la rehabilitación social y la reinserción.

Para lograr una verdadera rehabilitación social y reinserción, el modelo de gestión penitenciaria del Ecuador debe funcionar de la mano de otras instituciones, dice el analista Yaakov Cedeno. Por ejemplo, el Ministerio de Educación debe encargarse de los programas educativos y el Ministerio de Salud de la salud física y mental de los internos. Por otro lado, el Ministerio de Cultura es responsable de los programas culturales, y la Secretaría de Deportes de las actividades deportivas dentro de los centros de rehabilitación.

Sin embargo, aunque son varias las instituciones las que participan en el sistema carcelario, el ente rector de todos los centros de rehabilitación social es el SNAI. El SNAI es la institución que se encarga de administrar todas las cárceles y coordinar, de forma general, su funcionamiento.

Cuando una persona es sentenciada a cumplir prisión o se le dicta prisión preventiva como medida cautelar, el SNAI es el encargado de planificar en qué cárcel se la ubica. Cuando una persona entra al sistema penitenciario, personal del SNAI debe hacer un análisis de seguridad para ubicarla no solo en un centro de rehabilitación específico, sino también en un pabellón particular.

El análisis de seguridad considera varios factores. Algunos de ellos son: el tipo de delito, la reincidencia, y la situación de la que proviene el interno. También se hace un análisis psicológico, un análisis de trabajo social, y un análisis de cercanía a la familia. Este último, dice Daniela Oña, experta en derechos humanos y el sistema penitenciario, es muy importante porque el modelo de gestión establece que la cercanía familiar es un factor muy relevante para la verdadera rehabilitación social de las personas privadas de libertad. Solo si el análisis de seguridad arroja que una persona presenta un riesgo de seguridad para otros internos no se considera la cercanía como componente principal.

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Otro análisis que hace el SNAI para ubicar a un recluso es si una persona pertenece a una organización criminal. Si lo hace, se investiga qué jerarquía tiene en esta organización, e incluso qué incidencia puede tener dentro del centro de rehabilitación. Es decir, qué tanta influencia puede tener sobre otros reclusos para continuar haciendo actividades delictivas desde dentro del centro. Dependiendo de todos estos factores, el SNAI determina la ubicación y los pabellones respectivos.

Una vez que el SNAI tiene los resultados de todos estos análisis, empieza a distribuir a las personas en los diferentes centros y pabellones. El modelo de gestión penitenciaria plantea varios niveles de seguridad: mínima, mediana y máxima. La ubicación en cada centro depende del nivel de seguridad y también de la capacidad de cada lugar. Hasta diciembre de 2020, según datos del SNAI, el hacinamiento en las cárceles del país era de 29,83%.

El hacinamiento sucede cuando el espacio de un lugar no es suficiente para el número de personas en ese lugar. Según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, en el caso de alojamientos compartidos, la superficie mínima debe ser de cuatro metros cuadrados, y en el caso de una celda individual, debe ser de seis metros cuadrados. Cuando no se cumplen esas condiciones, se considera que existe hacinamiento.

La información de dónde se ubica a cada persona privada de libertad, es retenida por el SNAI pero también se comparte con la Policía Nacional. Daniela Oña dice que esto se hace porque hay casos de personas a las que hay que darles seguimiento constante. Por ejemplo, porque son líderes de una banda, y continúan operando desde las cárceles.

Para que el sistema carcelario funcione de forma sostenida, necesita un presupuesto. Sin embargo, este se ha reducido en los últimos años. En 2017, por ejemplo, hubo un presupuesto de 131 millones de dólares, en 2021, el presupuesto es de 91,4 millones. Actualmente, según Oña, los valores estimados para cada persona privada de la libertad fluctúan alrededor de los 2,34 dólares al día solo para alimentación. Sin embargo, según el criminólogo Santiago Arguello, lo que se está gastando no es suficiente y no alcanza para mantener el sistema como se lo planificó. “Ya no hay educadores, ni médicos, ni psiquiatras, hemos ido de mal en peor”, dice el experto que tiene más de 30 años trabajando de cerca con el sistema penitenciario ecuatoriano.