La tarde de hoy, 4 de febrero de 2021, la Fiscalía Provincial de Guayas informó que revocó el dictamen abstentivo a favor de Michel Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y hoy candidato a asambleísta, y de Gabriela Pazmiño, esposa de Abdalá “Dalo” Bucaram Pulley, otro de los hijos de Abdalá Bucaram. Ambos serán acusados, junto a varias personas más, de ser parte de una presunta red de delincuencia organizada.
El 29 de diciembre de 2020, la fiscal Claudia Romero presentó ante el juez de garantías penales que lleva el caso su decisión de no acusar a Michel Bucaram, Gabriela Pazmiño y el empresario Stefano Adum. Según Romero, no había encontrado motivos suficientes para acusarlos por presunta delincuencia organizada. Según la información que la Fiscalía divulgó hoy, se mantiene el dictamen abstentivo a favor de Adum.
Por el presunto delito de delincuencia organizada están siendo investigados Jacobo y Abdalá Bucaram Pulley (conocido como Dalo) y Paúl Granda, expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El delito de delincuencia organizada se investiga por la presunta venta con sobreprecio de medicamentos a los hospitales del IESS.
En julio de 2020, una jueza dictó prisión preventiva para los hermanos Bucaram Pulley, Jacobo, Dalo y Michel, por el presunto delito de asociación ilícita por la venta irregular de insumos médicos en hospitales públicos. El delito de delincuencia organizada se castiga con cárcel de 5 a 7 años, dice el Código Integral Penal (COIP).
Jacobo Bucaram fue detenido en septiembre de 2020 en Colombia. Está en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi. Además de la orden de prisión por asociación ilícita, Jacobo Bucaram cumple prisión preventiva por delincuencia organizada. En diciembre de 2020, por el presunto delito de transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural, recibió un sobreseimiento, es decir no será juzgado por ese delito.
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La Fiscalía también dijo en su publicación de hoy que investigará a Michel Bucaram y Gabriela Pazmiño, Stefano Adum y otras personas identificadas como César R, Jorge P, Jonathan F. por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado. Ese delito según el COIP se da cuando una persona aumenta en más de 200 salarios básicos, pero no puede justificar que las fuentes de ese incremento sean lícitas. Quienes sean encontrados culpables de tal delito, pueden recibir una condena de cárcel de entre 3 y 5 años.
Ni el expresidente Abdalá Bucaram, ni los acusados, han reaccionado a la decisión anunciada por la Fiscalía.
