El proceso penal contra Jacobo Bucaram Pulley por el presunto delito de transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural no continuará. El 23 de diciembre de 2020 la Fiscalía presentó un dictamen abstentivo, es decir que el fiscal se abstuvo de acusar al procesado por no encontrar los motivos necesarios para hacerlo. En la audiencia de ese mismo día, el juez Juan Carlos Terán dictó el sobreseimiento, que puso fin al proceso por este delito.
Actualmente Jacobo Bucaram Pulley está en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi. Tenía tres órdenes de prisión preventiva. Una por el presunto delito por el que fue sobreseído y otras por supuesta asociación ilícita y delincuencia organizada que se mantienen vigentes, hasta el momento, por lo tanto tendrá que seguir en presión.
Según la Fiscalía, Jacobo Bucaram Pulley y sus hermanos —Michel y Dalo— habrían participado en una red ilegal que vendía y distribuía medicinas en los hospitales públicos del país durante la emergencia sanitaria por covid-19. El 24 de diciembre, la Fiscalía confirmó que los jueces de la Corte Provincial del Guayas sustituyeron la prisión preventiva en contra de Karina Cadena, procesada por delincuencia organizada en el caso en el que estarían involucrados los hermanos Bucaram Pulley.
En el proceso por el presunto tráfico de bienes, el juez Terán dispuso que se emita una boleta de excarcelación y que se dejen “sin efecto todas las medidas personales y reales que pesan sobre el sobreseído”. Según la Función Judicial, la Fiscalía determinó que Jacobo Bucaram Pulley “no tiene vínculos directos con las piezas arqueológicas antes descritas, sino que se puede apreciar que estaría visitando a sus padres”. Jacobo Bucaram Pulley es hijo mayor del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien también estaba siendo investigado en el mismo caso. El expresidente también enfrenta procesos judiciales por presunto tráfico de armas y delincuencia organizada. Bucaram Ortiz usa un grillete electrónico desde que el 20 de julio pasado.
El documento publicado en el Consejo de la Judicatura dice que el juez Terán dijo que “la falta de objetividad” del abogado César Suárez, uno de los fiscales que llevó el caso, inició un proceso penal y una orden de privación de libertad “en contra de quien por obvias razones era inocente”. Terán añadió que “son estos abusos al derecho penal los que ocasionan que el Estado ecuatoriano en reiteradas ocasiones sea sancionado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.
Terán dijo que creía que era su “deber como persona, servidor público y ecuatoriano” pedir disculpas a Jacobo Bucaram Pulley en nombre del pueblo ecuatoriano. El juez espera disculparse “por la tan lamentable situación en la que se vio inmerso” al ser investigado por el presunto delito de traficar, transportar y comercializar bienes culturales.
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El juez también se refirió al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. El documento de la Función Judicial dice que Terán pidió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita un certificado en el que conste si Bucaram Ortiz consta como candidato en firme para una dignidad de elección popular y si está facultado para hacerlo. Según el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Abdalá Bucaram sí podría ser candidato. El 4 de diciembre de 2020, el Tribunal revocó la resolución del CNE que inadmitió la inscripción de la lista de candidatos del partido Fuerza Ecuador, en la que constaba el expresidente.
