La noche de ayer, 2 de febrero, la Fiscalía anunció que allanó las oficinas de un centro médico en el norte de Quito, en la provincia andina de Pichincha. Según un comunicado de la Fiscalía, se hizo con el apoyo de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) y la Policía Nacional. Encontraron 154 mil 800 pruebas para detectar covid-19 sin registro sanitario y “documentación relacionada” con el esposo de Maria Sol Larrea, sentenciada por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El comunicado de la Fiscalía dice que el centro médico tampoco tenía permisos de funcionamiento, ni registro único de contribuyentes (RUC) y no cumple con las condiciones adecuadas para almacenar las pruebas. Según Arcsa, tampoco “se hallaron registros con esa dirección”. La Fiscalía dice que “con base en los indicios recabados” con Arcsa determinaron que la falta del registro sanitario en el envase “facilita la importación y comercialización” de las pruebas de covid-19.
Se incautaron 258 cajas, según el comunicado. Cada una contenía 600 pruebas en su interior. También la Fiscalía dijo que se incautó la documentación relacionada con Marcelo Espín, esposo de María Sol Larrea. Según la Dirección de Comunicación de la Fiscalía, “por tratarse de una diligencia donde se incautaron indicios” no cuentan con detalles sobre qué tipo de documentación se encontró en el centro médico. La Fiscalía confirmó que se “fijó en cadena de custodia” lo incautado y que se “valorará la respectiva apertura de una investigación”.
María Sol Larrea fue la coordinadora nacional de gestión de Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según la Fiscalía, Larrea fue sentenciada en dos ocasiones por tráfico de influencias. La primera, en 2017, por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en algunas unidades médicas del IESS. La segunda, en 2018, por irregularidades en un contrato para adquirir medicamentos con el IESS. Por cada uno de esos casos, Larrea recibió un año de cárcel.
Larrea también se declaró culpable de enriquecimiento ilícito y recibió una condena de 20 meses de cárcel. María Sol Larrea también fue sentenciada a 8 años de prisión por el delito de peculado. Sin embargo, este proceso está en el trámite de casación, el último recurso judicial que busca la anulación de la sentencia. Por eso, la sentencia todavía no está en firme. Esta semana se confirmó que salió de la cárcel el 1 de diciembre de 2020, después de cumplir más de 3 años en prisión.
Ese día, un tribunal penal de Pichincha la declaró inocente del presunto delito de lavado de activos. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), ese tribunal ordenó su libertad. La Fiscalía acusaba a Larrea de obtener contratos irregulares por aproximadamente 91,1 millones de dólares entre 2008 y 2018.
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La Fiscalía dice que Marcelo Espín, esposo de Larrea, y su hermano Carlos Espín también estarían involucrados. Según la institución, los hermanos Espín habrían creado una fachada con varias personas jurídicas para beneficiarse de los contratos en el sector público. Los principales clientes de estas presuntas empresas eran el IESS, varias coordinaciones zonales de salud y el Ministerio de Salud Pública. El 1 de diciembre del año anterior, el tribunal falló a favor de María Sol Larrea y de su esposo Marcelo Espín. Solo sentenció a Carlos Espín, su cuñado, a 6 años de prisión.
