María Sol Larrea, otra vez investigada por presunto lavado de activos

  • La Fiscalía formuló nuevos cargos por lavado de activos a María Sol Larrea

    • Prisión preventiva contra María Sol Larrea

      En una investigación por lavado de activos, un juez dictó prisión preventiva contra María Sol Larrea. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    La Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos contra María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La Fiscalía también formuló cargos en contra de  dos personas más y seis empresa, vinculadas personas jurídicas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. 

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    Según el artículo 49 del Código Integral Penal, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal cuando las empresas que representan están involucrados en los delitos. Esto no se aplica para todo tipo de delitos — no se puede acusar a una empresa de violación, pero sí en delitos económicos como el lavado de activos. La abogada Gisela Vaca explica que en este caso, se utilizan las 6 empresas para cometer el delito de lavado de activos — están directamente involucradas — así que la Fiscalía sí puede presentar cargos y el juez dictar una sentencia en su contra, como personas jurídicas. 

    Según la Fiscalía, los involucrados serían Larrea, su esposo, Marcelo Espín, su cuñado, Carlos Espín, y las empresas Dialilife S.A., Serdidyv, Dialicon, Dialivida, Sociedad de Hemodiálisis y Representaciones Guderian S.A, vinculadas como personas jurídicas. Los hermanos Espín constan como accionistas y directivos de todas las compañías.

    El lavado de activos es un delito en el que se le da la apariencia de origen lícito a dinero, bienes o activos que es, en realidad, ilícito. En este caso, según la Fiscalía, los tres involucrados intentaron ocultar dinero de origen ilícito con la compra de bienes muebles e inmuebles en Ecuador y Estados Unidos. La Fiscalía dijo que el dinero era producto de “delitos contra la administración pública”, como el abuso de funciones de funcionarios públicos. 

    La Fiscalía cree que Larrea, su esposo y su cuñado formaron las seis compañías involucradas para registrar contratos por más de 35,6 millones con instituciones públicas como el IESS o las coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública, y así blanquear los fondos de origen ilícito. Los contratos se adjudicaron entre 2010 y 2018, mientras Larrea ocupaba cargos públicos, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prohibía que esta entidad contrate con las compañías de una funcionaria. 

    Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de Antilavado, Mario Muñoz, presentó los elementos de convicción en contra de Larrea. Muñoz dijo que, desde agosto del 2017 hasta el 29 de noviembre del 2019, mientras Larrea cumplía otras sentencias por tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento ilícito, recibió un salario mensual de 5.600 dólares de tres compañías con las que todavía tiene relación.

    El juez Máximo Ortega dictó prisión preventiva para María Sol Larrea y medidas alternativas — presentarse semanalmente y prohibición de salida del país— para su esposo y su cuñado. A las empresas involucradas, se les impuso prohibición de enajenar acciones —como personas jurídicas— y a tres de ellas prohibición de enajenar bienes inmuebles.

    Diego Chimbo, abogado de las empresas procesadas, dijo que las empresas fueron creadas antes de que Larrea ocupe cargos públicos y que no hubo tráfico de influencias al adjudicar los contratos. La defensa de María Sol Larrea todavía no ha dado declaraciones. 

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    La instrucción fiscal, etapa en la que se recogen evidencias para determinar si existe un delito y si acusa o no, comenzó el 2 de diciembre y durará 90 días. 

  • ¿Quién es María Sol Larrea y por qué estaba presa?

    • Quién es María Sol Larrea

      María Sol Larrea fue coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde 2008 hasta 2013. Fotografía tomada de la página de Facebook del IESS.

    María Sol Larrea fue coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde 2008 hasta 2013. También fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito entre 2010 y 2015 y asesora del Despacho y coordinadora general de Planificación del  Ministerio de Industrias y Productividad desde 2013 a 2015, cuando Ramiro González era Ministro.

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    Ramiro González está prófugo desde 2017. En agosto de 2017 la Fiscalía del Ecuador realizó un operativo para capturarlo, pues era investigado por una supuesta defraudación fiscal. Se allanó sus propiedades y se dictó una orden de prisión preventiva en su contra por tráfico de influencias cuando dirigía el IESS — y trabajaba con María Sol Larrea. González está en Perú, desde donde todavía no se ha podido concretar su extradición. 

    La Fiscalía comprobó en 2017 que Larrea y su esposo eran dueños de empresas que tenían contratos con el IESS en 2012, mientras ella formaba parte del directorio de la institución que se encargaba de aprobar los contratos. Entre ellas estaba un centro de diálisis, que pasó de tener un capital de 98.000 a 250.000 dólares, en cinco años. En ese juicio, Larrea se declaró culpable y recibió una condena de 20 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito. 

    Además de la sentencia por enriquecimiento ilícito, Larrea cumplió dos sentencias de un año cada una por tráfico de influencias. En 2017 se la sentenció por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza para los hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo, por 2,9 millones de dólares. La segunda sentencia se dictó en enero de 2018. La Fiscalía encontró irregularidades en un contrato, aprobado por Larrea, para la adquisición de sesenta tipos de medicamentos por 5 millones de dólares y la sentenció a un año de prisión.

  • María Sol Larrea salió de prisión pero regresó inmediatamente

    • María Sol Larrea regresó a la cárcel

      María Sol Larrea regresó a la cárcel después de salir en libertad. Fue detenida con fines investigativos, según la Fiscalía. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    El viernes 29 de noviembre por la noche, el tribunal de  la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua aceptó el recurso de habeas corpus que permitía que Larrea salga de la cárcel después de cumplir dos sentencias por tráfico de influencias y una por enriquecimiento ilícito. Pero, poco después, fue detenida nuevamente con “fines investigativos” por peculado y lavado de activos, según la Fiscalía. 

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    La Fiscalía se opuso a que Larrea salga de la cárcel durante la audiencia en la que se aprobó el recurso de habeas corpus. Entre los motivos expuestos por la Fiscalía estaban que Larrea aún no ha pagado 4,4 millones de dólares como reparación a favor del Estado. La Fiscalía también dijo que a Larrea le falta cumplir el año de cárcel al que fue sentenciada el 19 de noviembre de 2019 por peculado. Esta es su cuarta sentencia en firme. 

    El 1 de diciembre de 2019, la Fiscalía formuló cargos en contra de María Sol Larrea en una quinta causa: por presunto peculado en la adquisición irregular de medicamentos. El juez David Lass dictó 90 días de arresto domiciliario para Larrea y le prohibió que salga del país para asegurar su presencia en el proceso judicial. 

    El caso más reciente comenzó con una denuncia de Dora Ordóñez, secretaria Anticorrupción del Gobierno, en la que decía que se importaron fármacos de “empresas presuntamente de papel”. En el caso estarían también involucrados Ramiro González, expresidente del directorio del IESS, y otros funcionarios. 

    Según la Fiscalía, en el 2012, el Directorio del IESS autorizó la importación de 90 tipos de medicamentos. A este proceso se presentaron dos compañías de la India, pero el comité técnico del que formaba parte Larrea adjudicó dos contratos por 6,5 millones de dólares a Cacmilsa, una compañía ecuatoriana que actuaba como representante en el Ecuador de dichas empresas extranjeras.

    La compañía ecuatoriana habría sido formada por Carlos A., un excontratista quiteño. Cacmilsa presuntamente falsificó los nombres de las dos organizaciones de la India a las que se les compraban los medicamentos y se quedó con el dinero de los contratos. Según Ordóñez, Cacmilsa nunca funcionó y no ha reportado movimientos en la Superintendencia de Compañías en los últimos años.