El colectivo Yasunidos presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 2014 que anularon más de 400 mil firmas de personas que respaldaban la convocatoria a una consulta para dejar el petróleo debajo del Parque Nacional Yasuní. En una rueda de prensa fuera de uno de los edificios de la Fiscalía General del Estado en Quito, donde se presentó el libelo,  Pedro Bermeo, representante de los Yasunidos, dijo que era “evidente que hay un ataque sistemático a nuestros derechos de participación ciudadana en el 2014”. 

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La denuncia la hace el colectivo luego de la investigación del periodista Manolo Sarmiento publicada en GK el 4 de enero de 2021 en la que se reveló cómo el CNE organizó un mecanismo para la eliminación arbitraria de cientos de miles de firmas de los peticionarios por la consulta popular. 

Bermeo dijo que la denuncia es contra los exconsejeros del Consejo Nacional Electoral del 2014, Domingo Paredes, presidente del CNE, Paúl Alfonso Salazar vicepresidente,  los consejeros  Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís Carreño y Roxana Silva Chicaiza.  Bermeo dijo “con esta denuncia buscamos demostrar cómo hay un fraude sistemático al colectivo Yasunidos”. 

Además del reportaje, en GK se publicó un buscador para que las personas que firmaron para pedir la consulta popular revisen si su firma fue anulada. Bermeo dijo que hasta el momento, se ha encontrado que 350 firmas fueron anuladas de forma arbitraria, hasta su propia firma. “El objetivo de esta denuncia es buscar justicia para los firmantes y el colectivo Yasunidos”, dijo Bermeo. Dijo, además, que buscan que no se repitan este tipo de fraudes. 

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El 16 de agosto de 2013 nació el colectivo Yasunidos conformado por activistas ambientales. Los Yasunidos quieren evitar la explotación petrolera de los bloques Ishpingo, Tambococha y Tiputini en el parque nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. El colectivo apareció cuando el expresidente Rafael Correa anunció que iba a suspender la iniciativa Yasuní ITT, que buscaba dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní. Correa dijo que el “mundo” le había fallado al Ecuador al no aportar suficientes fondos para mantener el proyecto: 3.600 millones de dólares proveniente de otros países a cambio de dejar intacto el Yasuní. La iniciativa fracasó y Correa anunció la explotación. 

El colectivo Yasunidos lleva más de 7 años intentando que el CNE convoque a una consulta popular para que sean los mismos ciudadanos los que decidan sobre la explotación del petróleo del Yasuní. Comenzaron la recolección de 5% de firmas de las personas del padrón electoral, según manda la Constitución. Para ese momento, debían recolectar 583.324 firmas pero el colectivo logró recolectar más de 750 mil firmas. De esas firmas, en solo 14 días, el CNE anuló 400 mil en proceso muy cuestionado, y del que la investigación de Sarmiento publicada en GK mostró cómo se había hecho. 

En la investigación titulada La gran farsa de la anulación de las firmas de la consulta por el Yasuní  se revela, además, que el actual Consejo Nacional Electoral presidido por Diana Atamaint no ha cumplido el proceso de auditar las firmas que recomendó una comisión. Por ello, Yasunidos recurrió a la Corte Constitucional para presentar un reclamo que fue admitido a trámite el 16 de octubre de 2020. 

En noviembre de 2019, el CNE negó la petición de los Yasunidos para realizar una consulta popular. La Dirección de Asesoría Jurídica del CNE resolvió en aquel momento que la solicitud de consulta popular era improcedente porque fue hecha por Julio César Trujillo, como representante de los Yasunidos. Como Trujillo falleció en mayo de 2019, el Consejo Electoral consideró —ante la incredulidad los ambientalistas y expertos legales— que no había ya un proponente para la  consulta. Según dijo Bermeo en esa fecha, el verdadero proponente de la consulta es el colectivo Yasunidos, y esa negativa representaba una vez más la vulneración de sus derechos, dijo. 

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En la rueda de prensa de hoy, el abogado Nicolás Sala, defensor de los Yasunidos, dijo que en la denuncia se explican los hechos del proceso de verificación de firmas presentadas por los Yasunidos entre el 17 de abril y 4 de mayo de 2014. El delito que denuncian es “falsedad ideológica de documentos”, dijo Sala. 

La falsedad se da cuando “un documento contiene afirmaciones que no corresponden con la realidad”,explicó Sala.  El artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito con 5 a 7 años de prisión. 

Además, los Yasunidos esperan que la Corte Constitucional falle a su favor y por fin se convoque a una consulta popular para este 7 de febrero, fecha de las elecciones generales 2021.